La 'pantanada' de La Ribera, otro desastre en la memoria

El calendario de avenidas de consecuencias desastrosas se detiene en otra fecha: el 20 de octubre de 1982, el día que cayó la presa de Tous y las ingentes masas de agua que retenía se unieron a la lluvia que caía sin cesar y se abalanzaron desde las montañas sobre los pueblos y campos de La Ribera. Para los millares de habitantes de la comarca, aquella pantanada, de la que se van a cumplir 25 años, nunca se borrará de la memoria. Algunos recuerdan la tragedia a menudo, siempre que las predicciones anuncian una gota fría.

Fue algo más que una riada. A la inmensa cantidad de litros que el temporal arrojó sobre la comarca del Júcar, se unió el agua almacenada en Tous al desmoronarse las paredes de la presa. En poblaciones como Sumacàrcer, la tromba alcanzó una altura de nueve metros, mientras que en muchas calles de Alzira y Carcaixent las aguas se elevaron por encima de los cuatro metros. La escasa y confusa información que llegaba a los vecinos pudo convertir la riada en una tragedia aún mayor que la de las estadísticas oficiales, que contaron ocho muertos.

A media tarde la presa no pudo resistir más la presión del agua; las compuertas de los aliviaderos no pudieron abrirse. El entonces delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Fernando Fernández del Río, no reconoció la rotura de la presa hasta medianoche, cuando muchos vecinos habían huido intuyendo el peligro, o se hallaban ya subidos a las azoteas para no ahogarse.

Pocos días después, un juzgado de Instrucción de Xàtiva abría un sumario alimentado con el tiempo con 50.000 folios. Los damnificados se organizaron, muchos en asociaciones, las más numerosas Afiva y Apemeda en Alzira, con más de 5.000 familias. Sus dirigentes eligieron buscar una condena por la vía penal. Otra organización importante nació en Carcaixent con unos 1.500 afiliados que escogieron la vía administrativa.

Comenzó el caso Tous, que se convirtió en un auténtico culebrón y un calvario para sus protagonistas. Cuatro juicios, el último en 1995, fueron necesarios antes de que el Tribunal Supremo dijera la última palabra al condenar a uno de los ingenieros de la presa y exigir al Estado el pago de indemnizaciones. Para entonces, la Administración había intentado aliviar la presión de los afectados por las dilaciones de la justicia con dos decretos leyes a los que se acogieron casi 30.000 damnificados hartos de esperar. Unos 5.200 aguantaron hasta que se dictó sentencia. Los coletazos de la pantanada, que causó daños cifrados en 50.000 millones de las antiguas pesetas, llegan hasta hoy. El Congreso aprobó recientemente indemnizar con unos tres millones de euros a 44 damnificados de Carcaixent que por errores administrativos quedaron excluidos en su día del cobro de compensaciones.