Que se abstengan otros

Una escueta -escuetísima- referencia del Consejo de Ministros de ayer da cuenta de la decisión de "facultar a la Abogacía del Estado para actuaciones ante el Tribunal Constitucional". Esa actuación sería la impugnación de dos miembros del Tribunal por considerarlos contaminados (por haber hecho pública su opinión en una carta) para el asunto sobre el que deben decidir: el recurso de inconstitucionalidad del PP contra la reforma legal que permitiría a la presidenta del Tribunal, María Emilia Casas, continuar al frente del mismo hasta su renovación. El galimatías es ya difícil de seguir, pero lo sustancial es que de ese juego de recursos e impugnaciones depende un cambio de mayoría en el Tribunal.

Hasta ahora, el voto de calidad de la presidenta, María Emilia Casas, inclinaba las votaciones del lado del llamado sector progresista; el otro sector intenta asegurar su mayoría coyuntural, alcanzada merced al voto de calidad del presidente en funciones. De ahí su insólita decisión de obligar al magistrado Pérez Tremps, ponente de la resolución a favor de la abstención de la presidenta y del vicepresidente, Guillermo Jiménez, en el recurso del PP, a que argumente de forma que se cierre las puertas a la posible recusación por el Gobierno de los magistrados García-Calvo y Rodríguez-Zapata, puntales de la mayoría conservadora, en el caso de que no se abstengan del conocimiento de dicho recurso.

Esa decisión, de atenderse por Pérez Tremps en los términos solicitados, no tendría efecto jurídico alguno, pero es reveladora del empeño de los magistrados conservadores. Una llamada al uso prudente de las causas legales de abstención y recusación siempre debe ser bien acogida. Pero no deja de resultar hipócrita que venga de magistrados que se avinieron al segundo intento de recusación por parte del PP, tras rechazar el primero, de su compañero Pérez Tremps para apartarle del recurso de inconstitucionalidad contra el Estatuto catalán. Del informe teórico sobre las relaciones exteriores de Cataluña elaborado por dicho magistrado cabría deducir en principio un posicionamiento favorable a dicho Estatuto, pero eso no le inhabilitaba para enjuiciarlo en su conjunto. Como tampoco inhabilitan al magistrado García-Calvo que de sus conocidos posicionamientos jurídicos quepa augurar un pronunciamiento en contra.

Lo que sí es causa de abstención y, en su caso, de recusación es que un magistrado prejuzgue un asunto sometido a su jurisdicción. Y eso es lo que han hecho García-Calvo y Rodríguez-Zapata al pronunciarse públicamente, prejuzgándola, contra la reformal legal que amplía el mandato de la presidencia y la vicepresidencia hasta la renovación del Tribunal. Pero García-Calvo y Rodríguez-Zapata no sólo no se abstienen, aunque apoyan y aplauden la abstención de otros -la de Casas y Jiménez-, sino que pretenden impedir que el Gobierno pueda recusarles. Lo peor del embrollo es que, cualquiera que sea la resolución sobre el Estatuto catalán que se apruebe, nacerá deslegitimada y con suficientes puntos débiles en su tramitación como para que la parte perdedora no la acepte. Ésa será la responsabilidad de los magistrados que han antepuesto intereses de facción o personales a los de su función.