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Los Franco pierden la primera batalla judicial para impedir la entrada en Meirás

El Tribunal Superior dictamina que prevalece el interés público sobre la intimidad del domicilio

Los herederos de Francisco Franco, encabezados por su única hija, Carmen, han perdido el primer asalto ante los tribunales en su batalla por impedir el acceso de la Xunta al Pazo de Meirás. El Tribunal Superior de Xustiza desestimó el recurso que los Franco presentaron contra la inspección que los técnicos de la Consellería de Cultura pretendían hacer, el 30 de agosto, para comprobar el estado de conservación de una propiedad inscrita en el Patrimonio Cultural de la autonomía. Debe prevalecer en este caso "el interés público sobre el privado", advierte el alto tribunal.

Desestimado el recurso por el que los Franco pedían que se adoptasen medidas cautelares y la suspensión de la visita que pretendían hacer los técnicos de la Xunta, la pelota está ahora en el tejado del juzgado número 1 de A Coruña al que el Gobierno gallego, tras fracasar en su primer intento, pidió autorización para entrar en el pazo y poder cumplir así su deber legal de inspección de los bienes patrimoniales inventariados. Los descendientes del dictador, en sus alegaciones contra la concesión de esta autorización judicial, aducen sus derechos constitucionales de inviolabilidad del domicilio y la preservación de su intimidad.

En su auto de ayer, que se limita a desestimar el primer recurso de los Franco, y no la autorización judicial planteada por la Xunta, el Tribunal Superior responde en parte a la argumentación de la familia del dictador para oponerse a la inspección de su propiedad, enclavada en el municipio coruñés de Sada. El tribunal considera en su resolución que "realmente no se concibe qué graves e irreparables perjuicios" puede causar a los Franco la pretensión de la Administración de verificar el "nivel de conservación" del Pazo de Meirás.

Los magistrados, que alaban "la acusada apariencia de buen derecho" con la que actuó la Xunta en este caso, recuerdan que la ley gallega de Patrimonio Cultural obliga a los propietarios de bienes inventariados, como lo es el pazo desde 1991, están obligados a "facilitar el acceso con fines de inspección". "Frente a este interés público, mal cabe aducir un interés privado", afirma el tribunal superior al considerar que el derecho de inviolabilidad del domicilio que arguyen los Franco "debe ceder con las garantías pertinentes" que establezca un juez. Destaca además que la Administración gallega delimitó suficientemente la finalidad de su inspección, como es "constatar el estado actual del edificio y de su entorno".

En cuanto al reportaje fotográfico que los técnicos de Cultura pretenden realizar en el pazo y sus jardines, el principal reparo aducido por los herederos, el alto tribunal entiende que sólo se tomarán imágenes "que revelen el estado de conservación" y que "no tendrán obviamente otro uso que el de ser incorporadas al expediente, garantizando así el derecho constitucional a la intimidad personal y familiar".

La consellería que dirige la nacionalista Ánxela Bugallo acogió con satisfacción el auto y se mantiene ahora a la espera de obtener autorización judicial para entrar en el pazo "con plena seguridad jurídica", indicó un portavoz, sin arriesgarse a que los Franco vuelvan a cerrarle el paso.

Expropiaciones de casas y fincas

Hace ya año y medio que la Consellería de Cultura inició la recopilación de datos y documentos sobre el Pazo de Meirás con el fin de averiguar si es susceptible de ser declarado Bien de Interés Cultural (BIC).

Esta figura refuerza las obligaciones de conservación del emblemático edifico construido por encargo de la escritora Emilia Pardo Bazán a finales del siglo XIX y permitiría abrirlo al público cuatro días al mes. Pero para determinar si el pazo reúne los requisitos para ser declarado BIC, la Administración considera imprescindible la inspección del interior de la propiedad, a la que se oponen los Franco.

Nadie sabe cómo está el edificio, devastado en parte por un incendio en 1978. Cultura además pretende hacer un inventario de los bienes que alberga. Fue adquirido a las herederas de Emilia Pardo Bazán, con pertenencias y biblioteca incluida, a iniciativa de un grupo de autoridades y empresarios franquistas de A Coruña para donarlo, como residencia veraniega, a Franco.

La compra se sufragó con una suscripción popular supuestamente voluntaria, que incluyó descuentos forzosos en los salarios de funcionarios y empleados. La propiedad, de seis hectáreas y aún hoy registrada a nombre de la esposa del dictador, Carmen Polo, fallecida en 1988, fue ampliada con expropiaciones forzosas de casas y fincas. Los herederos de Franco se oponen a una inspección porque el pazo está en "excelentes condiciones gracias a inversiones a costa de su bolsillo".

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 10 de octubre de 2007

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