La defensora de Igualdad presenta un pobre balance que aviva las dudas sobre su utilidad

La comparecencia parlamentaria, ayer, de la responsable de la Defensoría para la Igualdad, Maite Erro, para exponer el balance de su primer año de trabajo, dejó sobre la mesa todas los recelos que la oposición expresó sobre la procedencia y la utilidad de crear el organismo en el momento de redactarse la Ley de Igualdad. El limitado número de actuaciones presentado por Erro ante la Comisión de Mujer y Juventud fue especialmente criticado por el PP y por EHAK, mientras el PSE-EE le otorgó aún un margen de confianza por el escaso tiempo transcurrido aún.

Las dudas sobre la utilidad y rentabilidad del organismo sobrevolaron toda la exposición de Maite Erro y el debate posterior. La institución sólo existe en los países nórdicos y el País Vasco es la única comunidad autónoma española que la tiene.

Erro basó su intervención en la Comisión de Mujer y Juventud en un informe de 124 páginas remitido a mediados de septiembre a la Cámara y en la enumeración de datos que ilustran la situación de desigualdad de las mujeres. Una buena parte del informe, casi la mitad, está dedicada a describir la normativa legal que da cobertura a la Defensoría para la Igualdad y a recordar sus funciones, así como a detallar, hasta los mínimos pormenores, las actuaciones llevadas a cabo para su puesta en marcha.

La exhaustividad del informe es tal que se detallan en él tareas como las visitas a locales en busca de una sede, las gestiones para su conexión a las redes de agua, energía y comunicación, o la adquisición de mobiliario. En ello se invirtieron los primeros siete meses, señala el informe.

Según explicó la máxima responsable del nuevo organismo, creado por la Ley de Igualdad aprobada en febrero de 2005, entre las tareas desarrolladas en este año están, además de las ya citadas para su establecimiento físico, la definición de la institución; la definición y el desarrollo de su imagen corporativa; la difusión y la comunicación; los mecanismos de coordinación y colaboración con otras instituciones y tres estudios que ha encargado.

Entre las actividades, se destacan la edición de 5.000 folletos informativos destinados a agentes sociales públicos y privados y la organización de un seminario en colaboración con los Curso de Verano de la UPV o la realización de 50 entrevistas en medios de comunicación. También se alude a reuniones de trabajo con el Ararteko y Emakunde para coordinar las actuaciones respectivas.

La defensora para la Igualdad explicó también los viajes realizados a Noruega, Suecia y Finlandia, y el informe recoge detalladamente la realidad de la institución en estos países.

Un tercer apartado trata de las actuaciones directas de atención a la ciudadanía, describe las consultas recibidas y da cuenta de las gestiones realizadas en relación con cada una de ellas, así como su desenlace.

La Defensoría recibió en el período analizado, entre mayo de 2006 y mayo pasado, 40 solicitudes. Más de la mitad de ellas, 24, fueron simples consultas. Hubo 11 quejas (se denominan así las que interpone la persona interesada) y cinco denuncias (son las que realiza cualquier persona, aunque no esté concernida personalmente en el caso). Ninguna instancia judicial le requirió un dictamen, cuya elaboración es otra de sus competencias.

Ocho de las peticiones debieron ser remitidas al Ararteko porque se referían al ámbito de la administración pública, que se sitúa fuera de las competencias de la Defensoría. Otro tanto ocurrió con seis de las once quejas: la Defensoría no pudo intervenir porque estaban incursas en procedimientos judiciales, así que únicamente se tramitaron cuatro y, al final, sólo se emitió recomendación (el modo de pronunciamiento de la Defensoría) en dos de ellas.

Erro atribuyó la limitación de las intervenciones al escaso tiempo transcurrido desde la creación del organismo, al desconocimiento sobre él y a los medios de que dispone, que consideró insuficientes. El personal y el presupuesto con que cuenta "requerirán revisión y mayor dimensión", adelantó. La Defensoría para la Igualdad está integrada por seis personas y se dispuso un presupuesto de un millón de euros para su despegue.

EHAK dijo que ha quedado demostrado que el organismo no sirve, mientras el PP profundizó en las dudas sobre su "utilidad, efectividad y rentabilidad", en palabras de su portavoz, Laura Garrido, que cree obligada "una reflexión" sobre él. El PSE y el PNV convinieron en que un año no es plazo suficiente para emitir un juicio y pidieron a Erro que trate de extender a la ciudadanía la existencia y las funciones de la Defensoría.