Fraude maldito

El escándalo parece el sino inevitable del grupo aeronáutico europeo EADS, fabricante del avión Airbus. La autoridad francesa de los mercados financieros ha remitido a la Fiscalía y a los tribunales un informe preliminar en el que acusa a dirigentes de EADS y de Airbus de delitos de información privilegiada: a sabiendas de las dificultades que iban a retrasar la entrega de las primeras unidades del A380, vendieron en Bolsa entre noviembre de 2005 y junio de 2006 más de 10 millones de acciones y obtuvieron plusvalías de más de 90 millones de euros. El informe señala a una veintena de directivos y accionistas de la compañía, entre ellos los que fueron copresidentes de EADS, Noël Forgeard y Thomas Enders, o los copresidentes del Consejo, Thomas Bishoff y Arnauld Lagardère.

Las imputaciones del regulador financiero francés tienen gran alcance. No se trata de que un grupo de accionistas individuales o directivos cometieran un delito de iniciados para engordar sus cuentas corrientes, hecho que, por supuesto, sería grave; sino de que las compañías Daimler Chrysler y Lagardère, accionistas de referencia de EADS, vendieron importantes paquetes de acciones en el momento en que alcanzaban su cotización más elevada, con el visto bueno del entonces ministro de Economía, Thierry Breton, poco antes de que el valor se desplomara en más del 25%. Si los tribunales ratifican las acusaciones, nos encontraríamos ante una empresa que no puede confiar en algunos de sus principales accionistas y con una responsabilidad, al menos nominal, del Gobierno francés en los manejos fraudulentos de accionistas privados a costa de una firma en la que hay capital público -la SEPI española tiene el 5,48%- y que tiene un valor estratégico decisivo para Europa.

La justicia francesa tiene que llegar al fondo de este fraude, especialmente intrincado por el carácter político y dual de la gestión de la compañía, un tablero en el que disputan los Estados alemán y francés. EADS ya tiene que cargar con la pesada tarea de recuperar la credibilidad de los clientes, deteriorada por los retrasos en la entrega de sus aviones. Si, además, ha de soportar las consecuencias de una pérdida de prestigio y de cotización en el mercado a causa de delitos financieros cometidos por ejecutivos y socios, sus planes de reestructuración pueden ser insuficientes para remontar el vuelo. Pocas empresas pueden soportar los efectos combinados de una mala gestión y una conducta presuntamente delictiva de sus responsables.