Amnistía pide a los médicos que no apliquen inyecciones letales

El personal médico y de enfermería viola su código deontológico cuando participa en ejecuciones ordenadas por un Gobierno. Es lo que afirma Amnistía Internacional (AI) en un informe publicado ayer, y que pretende reabrir el debate sobre la constitucionalidad de la pena de muerte en algunos países que aplican la inyección letal.

"Los profesionales de la salud", explica Jim Welsh, coordinador de Salud y Derechos Humanos de AI, "reciben formación para trabajar para el bienestar del paciente". Pero, según el estudio, la mayoría de Gobiernos que aplican la pena de muerte tiene reglamentos en los que se exige que médicos o enfermeros participen en las ejecuciones para darles una "apariencia de eficacia clínica".

La publicación de este informe, Ejecución por inyección letal: un cuarto de siglo de muertes por envenenamiento a manos del Estado, se produce dos días después de que la justicia de Tejas suspendiera una ejecución por ese método, y una semana después de que el Tribunal Supremo de Estados Unidos admitiera estudiar la constitucionalidad de dicho procedimiento.

"Recientemente, los organismos profesionales se han pronunciado enérgicamente sobre este abuso contra la ética, pero los Gobiernos intentan ocultar la identidad del personal médico que participa en ejecuciones para protegerlo del juicio de sus colegios profesionales", añade Welsh.

Además del juramento hipocrático -que prohíbe al personal médico causar daño a los pacientes-, AI recuerda que los Principios de Ética Médica de la ONU prohíben a los médicos "tener con los presos o detenidos cualquier relación profesional cuya sola finalidad no sea evaluar, proteger o mejorar la salud física y mental de éstos". Al hilo de este debate, Amnistía pide a los gobernantes que aprovechen el periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU para votar a favor de la suspensión de las ejecuciones.

Al menos 1.000 personas han sido ejecutadas por inyección letal en todo el mundo desde 1982: tres en Guatemala, cuatro en Tailandia, siete en Filipinas, más de 900 en Estados Unidos y miles en China, donde las ejecuciones son un secreto de Estado.