El Congreso de Ecuador rechaza su disolución y promete luchar

El Congreso de Ecuador resolvió defender su vigencia y anunció que denunciará al presidente del país, Rafael Correa, ante organismos internacionales por pretender disolver la Cámara. El Congreso seguirá "luchando de pie y no de rodillas, jamás", subrayó el diputado Ramsés Torres, del movimiento indígena Pachakutik, tras reiterar que la Asamblea Constituyente de plenos poderes que se instalará en el país no tiene, en su opinión, facultades legales para disolver la Cámara.

Torres recordó que el Parlamento ecuatoriano decidió ayer defenderse de las acusaciones de varios sectores políticos, sobre todo el Movimiento País, que lidera el presidente ecuatoriano, Rafael Correa, en el sentido de que solicitarán el cese del Parlamento mientras trabaja la Asamblea.

El oficialista Movimiento País, según las proyecciones del escrutinio de los comicios del pasado domingo, obtendría cerca del 70% de los votos y unos 80 de los 130 escaños de la Asamblea Constituyente de plenos poderes.

Tras la anunciada victoria del grupo de Correa, sus dirigentes solicitaron a los cien diputados del Congreso que renuncien o dispongan un receso durante los 180 días, más otros 60 prorrogables, en que funcionará la Asamblea Constituyente.

Según Torres, ningún asambleísta, incluidos los que son afines al Gobierno, ha presentado su renuncia, pues consideran que el Congreso puede continuar con su gestión de forma paralela a la Constituyente. El legislador justificó así la resolución del Congreso que reafirma su defensa del "régimen democrático y el Estado social de derecho", pero que también llama al diálogo al Ejecutivo y a la Asamblea para fortalecer la democracia.

Ese llamamiento al diálogo permitirá, según Torres, que el presidente Correa cese en el empeño de disolver la Cámara y "entienda que hay un Congreso con mandatarios electos democráticamente, en función de la Carta Magna que está en vigor".

Denuncia internacional

Además, indicó que el Congreso acudirá a organismos internacionales, sobre todo a la ONU y la Organización de Estados Americanos, para "denunciar" la actitud de los que sugieren la disolución de la Cámara, entre ellos el jefe del Estado. No obstante, precisó que la "denuncia" tiene como objetivo "informarles, comunicarles, avisarles" de la situación con "la sana intención de que se analicen las circunstancias políticas que vive el país".

El congresista Bruno Proggi, del Partido Roldosista Ecuatoriano (PRE), aseguró por su parte que la resolución del Parlamento no quiere generar una confrontación con el Ejecutivo o la Asamblea Constituyente, cuya instalación se prevé para los primeros días de noviembre. Proggi dijo que los diputados podrían cesar en sus funciones sólo si la Asamblea así lo decide, y se aprueba en el referéndum que se debe efectuar para que la población dé el visto bueno al texto de la nueva Carta Magna que redactará la Constituyente.