La Junta estudia medidas para que se puedan hacer más VPO en suelo libre

La consejería de Obras Públicas estudia una medida legislativa que permita la transformación de suelo residencial destinado a vivienda de renta libre en superficie para construir vivienda protegida. La medida demandada por la FAMP en enero pretende liberar suelo en el 93% de municipios andaluces que no transformaron sus planeamientos como pedía la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) y tienen sus PGOU bloqueados. El Ayuntamiento de Sevilla, que si podría modificar su PGOU, pide una medida legislativa que acorte los plazos y permita hacer 12.000 VPO más, dirigidas a las rentas medias.

La apuesta de la Junta de Andalucía por el acceso a la vivienda, unido al proceso de estancamiento de las ventas de las de renta libre, ha puesto en marcha a todos los sectores implicados para buscar medidas que, por un lado permitan al sector afrontar la crisis que se avecina para la próxima primavera, y por otro, otorgue a los municipios la posibilidad de disponer de suelo para construir viviendas protegidas.

El próximo miércoles el Ayuntamiento de Sevilla va a modificar una ordenanza que permitirá a los constructores simultanear la urbanización de los suelos con la edificación, lo que supondrá una mejora para la tesorería y los costes financieros para el sector. Esta medida ha sido acordada con los promotores y constructores que actúan en Sevilla, quienes han mostrado al Ayuntamiento su disponibilidad a construir viviendas protegidas en suelos propios destinados a viviendas de renta libre, siempre que su transformación permita una mayor edificabilidad para compensar los costes.

Según explicó el teniente de alcalde de Urbanismo, Emilio Carrillo, Sevilla en su PGOU tiene prevista la construcción de 64.000 viviendas, de ellas un 41% de VPO. El plan municipal de la vivienda 2008-2011 contempla la construcción de 22.000 viviendas protegidas, y la demanda estimada por el municipio en sus registros son de unos 35.000 pisos.

Con estos datos la idea, según Carrillo, es transformar 9.000 de las viviendas de renta libre en unas 12.000 protegidas, dirigidas a las clases medias, cuyas rentas están en el límite fijado en la Ley andaluza del Derecho a la Vivienda, fijado en 3.100 euros, y completar así las necesidades de vivienda de los sevillanos de esos tramos de renta.

El Ayuntamiento se ha dirigido a la Junta para que arbitre una medida legislativa que agilice esa transformación, así como que fije un coeficiente de compensación entre un tipo y otro de vivienda que permita a los constructores asimilar los costes.

La Junta, en principio, ha acogido bien la propuesta. La dirección general de Urbanismo trabaja desde hace meses en ese sentido, a raíz de una petición de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), que solicitó la posibilidad de esa transformación, teniendo en cuenta que el 93% de los municipios andaluces tienen limitadas su capacidad de modificación de planeamientos al no haberlos adaptados en plazo a la LOUA, según explicó Francisco Toscano, presidente de la FAMP. La medida, además de desbloquear suelo para VPO, debería agilizar los trámites respecto de una modificación ordinaria de los planes.