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Bruselas investiga si las exenciones fiscales inmobiliarias de la Iglesia son ilegales

El Ejecutivo solicita más tiempo para una respuesta que basará en los Acuerdos de 1979

Bruselas ha solicitado información al Gobierno sobre "los beneficios fiscales de la Iglesia católica". La Comisión Europea investiga las exenciones fiscales de las que goza la Iglesia en sus actividades inmobiliarias. Concretamente, su objetivo es el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), que grava las obras que requieran autorización municipal. El Ejecutivo solicita más tiempo para responder a Bruselas, aunque ya ha anticipado que su argumento jurídico se asienta sobre los acuerdos España-Vaticano de 1979.

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"Sólo quería comentar que hay una investigación en curso sobre los beneficios fiscales de la Iglesia católica [en España]. Decir que se está averiguando si son justificados, o excesivos y constituyen una subvención ilegal". La comisaria europea de Competencia, Neelie Kroes, pronunció ayer estas palabras sin que le preguntaran al respecto en un encuentro con un grupo reducido de periodistas en Madrid tras un homenaje a la fallecida Loyola de Palacio -quien fuera vicepresidenta de la Comisión Europea-. Un portavoz de la Comisión precisó que la investigación se centra en las actividades inmobiliarias de la Iglesia, sin dar más datos.

La Comisión, que comenzó sus investigaciones el pasado julio, ha solicitado información al Gobierno sobre estos beneficios fiscales. A mitad de septiembre, el Ejecutivo pidió más tiempo a Bruselas para responder al requerimiento. Kroes declaró que también indagan sobre una situación similar en Italia.

La investigación se ciñe al ICIO, según el Ministerio de Hacienda. Este es un tributo de carácter municipal que grava la construcción de obras que requieran una licencia municipal.

El argumento jurídico que empleará el Gobierno es que se enmarca en los acuerdos de 1979 entre España y el Estado de la Santa Sede, y que hay que respetarlo al ser un pacto anterior al de ingreso de España en la UE en 1986, según Hacienda. El Ejecutivo de José María Aznar publicó en 2001 una orden en la que aclaraba que el ICIO se incluía en las exenciones contemplados en el concordato. La Conferencia Episcopal Española renunció ayer a dar su opinión sobre la investigación de Bruselas.

Renunciar a las cantidades que la Iglesia abonaría por el ICIO supone una importante pérdida económica para los ayuntamientos. Este tributo aporta un 5% de los ingresos anuales de los ayuntamientos (unos 1.600 millones de euros, según los últimos datos disponibles en el Ministerio de Economía, referentes a 2004). Lo abonan las personas o empresas que corran con los gastos de construcción de una obra y puede representar hasta un 4% de ese coste.

No es la Iglesia la única exenta del pago. Las obras de las administraciones del Estado (incluidos puertos, aeropuertos, carreteras y ferrocarriles) escapan de la obligación, lo que ha motivado protestas en los tribunales de los ayuntamientos. No hay estimaciones sobre cuánto podría aumentar esta partida si todos pagaran, pero el ICIO constituye el más cuantioso de los impuestos indirectos municipales.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 2 de octubre de 2007