El Gobierno no ha desarrollado la Ley de Suelo un año después de su entrada en vigor
Los alcaldes advierten de que sin los reglamentos es "muy complicado" aplicar la norma
La Ley de Suelo, la norma más importante aprobada por el Parlamento vasco en los últimos años y que está llamada a marcar un punto de inflexión en la carestía de los pisos en Euskadi, acaba de cumplir un año en vigor. Su aprobación supuso una auténtica carrera de obstáculos, pero, doce meses después, el Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales aún no ha aprobado el decreto que la desarrolla. Los ayuntamientos advierten de la dificultad de aplicar la ley en todos sus extremos, si no se dispone de los reglamentos que detallan cómo abordar sus pormenores.
"Hay cuestiones que sólo se pueden ver en la letra pequeña", advierte el alcalde de Vitoria
Sin conocer esa letra pequeña de la norma, los municipios están encontrando "serias dificultades" para poner en marcha algunas actuaciones. "Los reglamentos son los que otorgan la completa seguridad jurídica", apunta el alcalde de Baracaldo y actual vicepresidente de la Asociación de Municipios Vascos-Eudel, el socialista Tontxu Rodríguez.
La efectividad en la aplicación de cualquier ley reside en el desarrollo de sus reglamentos. Sin ellos, la ley está en vigor, pero en su trazo grueso, en su filosofía y principios. En el caso de la Ley de Suelo, los ayuntamientos conocen, por ejemplo, cuáles son los porcentajes que hay que reservar para la vivienda protegida en los diferentes tipos de suelo, pero necesitan de mayores precisiones en otros ámbitos para su aplicación. Por ejemplo, el Ayuntamiento de San Sebastián se está planteando recurrir a la figura del agente urbanizador para dar salida a un solar. La ley recoge esta figura, pero un reglamento ayudaría a precisar todos sus aspectos, explica Jorge Letamendía, concejal de Urbanismo de San Sebastián y una de las personas que formó parte de la comisión del PSE que negoció la norma con el Departamento de Vivienda.
Los municipios y otros agentes que intervienen en el urbanismo necesitan el manual de instrucciones y eso solo se consigue desarrollando los reglamentos. En sus disposiciones adicionales, la ley establece que en el plazo de un año, esos reglamentos iban a estar en marcha, pero el plazo se ha cumplido y aún no se encuentran disponibles. El Parlamento aprobó la ley el 30 de junio del año pasado y entró en vigor de una manera efectiva a mediados de septiembre, cuando se publicó en el Boletín Oficial del País Vasco.
Letamendía asegura que no resulta nada fácil aplicar una ley sin los reglamentos. Y en el caso de una tan compleja como la de Suelo, "es más complicado aún". "Me consta que el Gobierno está en ello, pero este retraso va a llevar aparejada otra demora a la hora de cerrar la Ley de Vivienda, que también es muy importante para los ayuntamientos". "Hay un borrador, pero queda un camino muy largo por recorrer", señala Letamendía.
El alcalde de Barakaldo opina que ya pueden aplicarse muchos de los preceptos de la ley, aunque "todo se desarrolla mejor con un reglamento del que echar mano". El que no las tiene todas consigo acerca de esos reglamentos es el alcalde de Vitoria, Patxi Lazcoz. Los reglamentos, indica, son un arma muy querida por cualquier gobierno para tratar de "achicar espacios" a la autonomía a los ayuntamientos y restarles competencias.
Si bien admite que hay una parte de la ley que ya es plenamente operativa, pide que exista un alto grado de consenso político en su desarrollo.
En un principio, la Ley de Suelo tiene una clara tendencia municipalista, al liberar a los ayuntamientos de algunos corsés a la hora de aprobar sus planes generales. Aunque se mantiene el control supramunicipal para evitar que alguno se pueda desmandar, los municipios de más de 7.000 habitantes podrán aprobar por sí mismos los planes generales, evitando la intermediación y tutela de las diputaciones, que alargaba el proceso. La norma incorpora varios instrumentos para que los ayuntamientos puedan desarrollar una política activa de control urbanístico y de promoción de vivienda protegida.
Sin embargo, Lazcoz aún no las tiene todas consigo. "Hay aspectos de disciplina urbanística, como la capacidad sancionadora que el Gobierno puede tener tentación de apropiárselos. Hay cuestiones que sólo se pueden ver en la letra pequeña de los reglamentos. Pero aún es pronto para saberlo, porque no los hay".
Desde la Asociación de Constructores de Vizcaya (Ascovi), su gerente Iñaki Urrezti, apunta que no conocer el reglamento es un problema, pero a renglón seguido añade que la ley es muy precisa y, por lo tanto, deja poco margen de sorpresa al posterior desarrollo de la letra pequeña. Urrezti se refiere especialmente a las reservas de suelo para vivienda protegida. "Está muy claro lo que dice la ley, así que el reglamento sólo puede aportar la logística, porque ya se ha marcado un camino". Un camino que los constructores consideran que, por cierto, es equivocado y ahonda en la crisis estructural que sufre el sector de la construcción".
Menos pisos construidos
Un dato confirma algo en este ámbito. La teoría del departamento es que cuanta más vivienda protegida haya en el mercado y más competencia le haga a la libre, más bajos serán los precios de ésta. Sin embargo, en el primer semestre de este año, con la Ley de Suelo en vigor desde septiembre de 2006, se ha construido bastante menos VPO que en el mismo periodo de los años anteriores: 1.142 pisos frente a los 2.100 del primer semestre de 2006 y 2.600 de 2005. Con el agravante de que el 70% se levanta en Álava, que sólo alberga al 16% de la población. Desde el departamento se anuncia que es a partir de septiembre cuando se produce el verdadero tirón en la promoción y que la producción final rondará los mismos números que otros años, en torno a las 5.000 viviendas.
Sin embargo, el gerente de Ascovi asegura que, "por mucha reserva de suelo para VPO que se haga, no se edifica más vivienda protegida. A los promotores no les resulta rentable". Lo cierto es que Euskadi se encuentra a la cola de España en cuento a la construcción de viviendas, con una media de dos (libres y protegidas) por cada 1.000 habitantes.
En cuanto a los precios, los del primer trimestre de este año muestran un crecimiento de un 5.9% para el conjunto de la vivienda libre (nueva y usada), lo que representa el valor más reducido de los últimos tres años. La consejería cree que los precios han tocado techo y para 2007 prevé un estancamiento e incluso una reducción de los mismos; sobre todo, en Álava, debido a la gran producción en este territorio de VPO.
A pesar de que no haya reglamentos aún, Letamendía y Rodríguez son optimistas acerca de lo que la Ley de Suelo va a deparar en el futuro para sus municipios. En el caso de San Sebastián, la ciudad ya había introducido algunas novedades que después ha recogido la ley, como la de la vivienda tasada de régimen municipal. Letamendía también deja ver la importancia de que se ponga en marcha cuanto antes el reglamento que desarrolla la figura del agente urbanizador. "Estamos dándole vueltas a un expediente urbanístico para introducir el agente urbanizador", comenta. La operación abarca más de 1.000 viviendas, de las que el 75% serán de VPO.
El agente urbanizador consiste en que el ayuntamiento contrata por concurso público a una empresa que se encarga de urbanizar y reparcelar, dejando como resultado parcelas listas para edificar. El agente está previsto para los casos en los que los dueños de un terreno no se pongan de acuerdo para urbanizar o lo dilaten en el tiempo con ánimo de especular. San Sebastián es de momento el único ayuntamiento que se está planteando trabajar con el agente urbanizador.
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