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Sólo 70 inspectores controlan a miles de jornaleros sin papeles

El Gobierno admite que no tiene medios para evitar la irregularidad en la vendimia, pero dice que ahora hay más trabajo legal que nunca

Las cifras cantan: los inmigrantes que trabajan en la vendimia castellano-manchega sin papeles ni contratos se cuentan por miles, pero sólo hay 70 inspectores de Trabajo disponibles para toda la región. El resultado: las advertencias del Gobierno, que prometió ser inflexible, no han impedido que muchos agricultores se salten la legalidad para encontrar temporeros. Cuando la patronal agraria Asaja, poco antes de iniciarse la campaña, avisó de que las uvas no se quedarían en el suelo, no iba de farol.

"A nosotros nos vigilan, y a las mafias las dejan tranquilas", se queja un agricultor manchego

De momento, según la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha, la inspección de Trabajo ha llevado a cabo unas 50 intervenciones en las que se ha entrevistado a 500 trabajadores. Cuando termine la vendimia, dentro de dos semanas, se calcula que se habrán efectuado cerca de 200 actuaciones e interrogado a medio millar de jornaleros. ¿Y qué han encontrado? "De todo. Gente con papeles y gente que no los tiene", admite el delegado del Gobierno, Máximo Díaz-Cano, que reconoce que el número de inspectores "no es suficiente" para controlar un medio en el que la economía sumergida está a la orden del día.

Hasta esta semana, las oficinas de Trabajo habían tramitado 19.000 solicitudes de empleo, entre las que ya han sido dadas de alta en la Seguridad Social y las que están a la espera de respuesta. Como el Gobierno estima que hacen falta 30.000 personas para vendimiar, es evidente que los patrones han recurrido a miles de temporeros que, como mínimo, no están contratados. Y que si son extranjeros -incluidos rumanos y búlgaros, comunitarios pero sujetos a la moratoria que les impide trabajar por cuenta ajena en España-, no poseen permiso de empleo.

El secretario provincial de CC OO en Ciudad Real, Felipe Pérez, sitúa el montante de sin papeles en la siguiente horquilla: "Más de 10.000, menos de 20.000". Son inmigrantes que viajan a España, y no a Francia, donde cobrarían más, porque allá no quieren saber nada de irregularidades. La escasez de inspectores en la región, advierte el sindicalista, convierte la tarea de controlar el trabajo negro en "un brindis al sol".

El Gobierno se defiende argumentando que son los agricultores los que han provocado el problema, al no haber tramitado con tiempo las solicitudes de los trabajadores extranjeros que precisaban. Y explica que, para poder salvar la vendimia, ha tenido que aplicar un doble criterio: flexibilidad con los agricultores que han pedido los permisos, aunque lo hayan hecho a destiempo, y perseguir a los que vulneran la ley.

En pleno pulso entre patronal y Gobierno, el PP ha irrumpido en escena acusando al Ejecutivo de tratar a los agricultores "como delincuentes" y ha criticado que se les "persiga" con inspecciones. Porque el perfil habitual del empleador no es el del desaprensivo que se forra explotando a inmigrantes, sino el pequeño agricultor que trabaja muchas horas por un rendimiento económico muy modesto.

"Si saco 9.000 euros limpios tras un año de trabajo puedo estar muy contento", dice Pedro -nombre ficticio-, que tiene a su cargo a cuatro rumanos a los que ha proporcionado vivienda gratis -sin luz ni agua, "porque dijeron que les daba igual"-, y que cobran un jornal de 55 euros por nueve horas diarias. Pero en su parcela, ubicada en Llanos del Caudillo (Ciudad Real), hay más gente partiéndose la espalda: están su mujer, su hijo, su cuñada y un par de amigos. Pedro afirma que trabaja tanto que no encuentra tiempo para ensayar con su grupo de teatro. "Mis amigos me dicen que con tantas horas en el campo me voy a hacer de oro. Me lo tomo a coña, por no cabrearme".

Al pie del tractor, Pedro personifica esa filosofía ancestral que ancla la vendimia a épocas en las que no existían derechos laborales: "Antes todo era más fácil. Ahora sólo te piden más y más papeles". Las inspecciones, lamenta, se reservan para los agricultores, "y a las mafias las dejan tranquilas".

Díaz-Cano replica que las inspecciones no se hacen a voleo, y que se focalizan en los explotadores que se quedan con el sueldo de los jornaleros. Y proclama que este año "marcará un antes y un después", porque ha habido más altas en la Seguridad Social que nunca, 19.000, en una actividad que "tradicionalmente" se ha movido al margen de la legalidad.

Puede que, como señala Pedro, antes fuera todo más fácil. Pero algunas cosas no han cambiado. Cada mañana, la plaza de Llanos se llena de inmigrantes ansiosos de que alguien les elija a dedo. Por la tarde, los que no han logrado trabajo abordan a los agricultores a la puerta del bar, por si hay suerte.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 30 de septiembre de 2007