Al referéndum, de cabeza

Dentro de un año, Ibarretxe convocará un referéndum, pero todavía no sabe para qué. Puede que sea para ratificar un acuerdo político previo, pero si éste no se produce será para desbloquear la situación creada. Lo importante no es el objetivo de la consulta (y quizás ni siquiera que se celebre), sino que se convoque. Que el lehendakari cumpla su compromiso personal de hacerlo, caiga quien caiga y a despecho de los riesgos sobre los que le advirtió el todavía presidente de su partido, Josu Jon Imaz. Que lejos de desbloquear nada traslade a la población la división existente entre los partidos. Y que, siendo una iniciativa ilegal, provoque un enfrentamiento con las instituciones del Estado sin beneficio para nadie, excepto para ETA.

El primer paso de la hoja de ruta actualizada ayer por Ibarretxe es emplazar al presidente del Gobierno de España a pactar un acuerdo político que incluya (además del rechazo a la violencia, lo que debería darse por descontado) el compromiso de incorporar al ordenamiento jurídico el principio de respeto a la voluntad de los vascos, último eufemismo para referirse a la autodeterminación. Algo que implicaría una reforma constitucional de enorme calado y dificultad, se propone que sea acordado en relaciones bilaterales entre el propio Ibarretxe (que hablaría en nombre del pueblo vasco) y Zapatero (en nombre de España). Como si estuviéramos al inicio de la transición, cuando Suárez y Garaikoetxea pactaban de madrugada determinados artículos del Estatuto de Gernika.

El punto de partida del lehendakari es que su vieja propuesta de nuevo Estatuto -el llamado plan Ibarretxe- "tiene una importancia política e institucional enorme", que establece "un antes y un después" de la política vasca y que seguirá "vigente jurídica y políticamente" mientras no se apruebe otra con más apoyo que los 39 votos (sobre 75) que la respaldaron en el Parlamento vasco a fines de 2004. Es una visión muy sesgada, porque esa propuesta decayó al ser rechazada por las Cortes en la siguiente fase de su tramitación, a causa de su contenido inconstitucional.

Ya entonces pretendió el lehendakari superar el bloqueo presentando, a modo de plebiscito, su plan como programa de la coalición PNV-EA que encabezó en las elecciones de 2005. Obtuvo el 38,4% de los votos, cuatro puntos porcentuales y 140.000 votos menos que en las elecciones anteriores. Esa vigencia es, en consecuencia, una simple quimera en la cabeza de Ibarretxe. Como lo son los efectos taumatúrgicos que atribuye a la consulta para que ETA decida retirarse dado que se ha manifestado -asegura- dispuesta "a respetar la voluntad popular"; como si no hubiera tenido ocasión de hacerlo tras cerca de 40 elecciones que han dejado clara cuál es esa voluntad.

Imaz ha argumentado reiteradamente que cualquier nuevo marco político requeriría un apoyo no inferior, cuantitativa y cualitativamente, al que obtuvo el Estatuto de Gernika, avalado en su día por todos los partidos vascos salvo el brazo político de ETA, y que contó con el voto del 53,13% del censo vasco. Ibarretxe corrige ahora a Imaz, afirmando que para romper el "bloqueo permanente" bastaría con aplicar el "estricto principio democrático", es decir, una mayoría nacionalista. La apelación, no sólo de Imaz, a la conveniencia de un apoyo transversal y una mayoría cualificada que legitimase el cambio de marco y facilitara el acuerdo con las instituciones del Estado le parece al lehendakari que hace el juego a la actitud de "bloqueo y veto" de los partidarios de "mantener el statu quo". Se comprende por qué el presidente del PNV decidió renunciar a seguir. No quería dirigir un partido que tuviera que transigir con un lehendakari con mentalidad incendiaria.

Movido por sus obsesiones, Ibarretxe plantea la misma receta, la consulta, para dos situaciones que nada tienen que ver. No es lo mismo celebrar un referéndum para ratificar un acuerdo previo en el que se reconozca la mayoría de la sociedad que hacerlo para sustituir la falta de acuerdo. Para que lo haya habría que suscitar otro tipo de iniciativas, no una que divida a la gente en dos bloques excluyentes. Una consulta sobre el derecho a ser consultados, convocada sin competencia para ello (aplicando con carácter anticipado lo que se pretende que sea aprobado: el derecho a convocar consultas), es un sinsentido que en manera alguna puede resolver la más que previsible falta de acuerdo entre Zapatero e Ibarretxe en los términos expuestos por este último.

Zapatero planteó nada más llegar al Gobierno la derogación de la norma que consideraba un delito penal la convocatoria de referendos o consultas. La respuesta de Ibarretxe es emplazar al presidente del Gobierno a aceptar por las buenas su propuesta soberanista bajo amenaza de plantearla de todas formas si no acepta negociarla. Es un planteamiento inaceptable sobre el que los vascos tendrán ocasión de pronunciarse en las elecciones legislativas que se celebrarán la próxima primavera.