¿Electoralismo?

Durante los tres primeros años de su mandato, se le ha echado en cara al Gobierno que no fuera capaz de imponer en el debate político la discusión sobre los temas en los que tiene una ventaja comparativa, como son las políticas sociales y de bienestar. Si algo ha caracterizado a los Gobiernos de izquierdas en España, es su papel en la construcción de nuestro (aún insuficiente) Estado del Bienestar y su apuesta por políticas de igualdad y de inversión en educación y capital humano.

El Gobierno no consiguió evitar durante sus tres primeros años que se hablara principalmente del 11-M, de la "ruptura" de España, de la "desintegración" de la familia, de la "rendición" ante ETA y de la "venta" de Navarra, es decir, de las obsesiones de la derecha española. Es verdad que en este tiempo el Gobierno aprobó leyes importantes, como la de dependencia o la de igualdad, pero ni la prensa ni los partidos se interesaron demasiado por estas medidas, que, según las encuestas, son todavía muy poco conocidas entre la ciudadanía.

Tras el serio correctivo de las elecciones municipales, el Gobierno parece haber entendido que tenía que pisar el acelerador en este terreno. Desde hace unos meses, el debate por fin gira en torno a políticas sociales. Primero fue el anuncio de una transferencia de 2.500 euros por cada nacimiento de un hijo. Luego, el plan de cobertura buco-dental, el plan de vivienda, el aumento del gasto social en los presupuestos generales del Estado y, por si faltara algo, una reducción de impuestos. No cabe descartar que en los próximos meses haya otras iniciativas similares.

El Gobierno ha lanzado estas medidas tratando de conseguir el mayor eco mediático posible. Se han anunciado por sorpresa, sin explicar apenas las razones que las justifican, ni su coste de oportunidad, ni la relación entre estas medidas y otras anteriores que ya se habían adoptado. Con ello, ha conseguido un gran impacto en los medios, pero a costa de que mucha gente haya podido sentirse algo desconcertada por la ausencia de un debate previo en el que deberían haber intervenido políticos, expertos y grupos afectados exponiendo sus puntos de vista sobre la bondad de todas estas intervenciones.

Ahora bien, reconocido esto, parece claro también que estos fallos han sido aprovechados y magnificados por quienes se oponen a que se desarrolle nuestro Estado del Bienestar. Muchas veces con argumentos dudosos como el del "electoralismo", omnipresente estos días en la prensa.

¿Qué es "electoralismo"? Curiosamente, quienes emplean el término en campañas contra el Gobierno no se toman la molestia de explicar su significado. Debe recordarse que en una democracia representativa los partidos políticos compiten entre sí para ganar las elecciones y hacerse con el poder. Pero al hablar de "electoralismo" se da a entender que hay formas de hacer política que no son legítimas por traicionar principios democráticos básicos. ¿Qué formas son esas?

Según lo entiendo, tienen que darse al menos una de las siguientes condiciones para que quepa hablar de electoralismo. De acuerdo con la primera, un Gobierno es electoralista si abandona sus compromisos programáticos con el único fin de ser reelegido. Esto ocurre cuando se traicionan promesas anteriores y se cambia de orientación la política que se venía realizando con el único fin de permanecer en el poder. Un buen ejemplo es lo que ha hecho el PSOE en Navarra. Ante el miedo a perder votos en la arena española por la presión inaguantable del PP y los medios reaccionarios, los socialistas han cambiado claramente de criterio, rompiendo lo que había sido su política de alianzas hasta ese momento y dando la vuelta a las expectativas creadas durante la campaña electoral. Curiosamente, ese electoralismo, que satisfacía plenamente los intereses de la derecha, se ha visto por muchos como una muestra de "responsabilidad política".

Por el contrario, en el caso de las últimas medidas sociales, no puede decirse que sean electoralistas en ese sentido. Todas ellas son coherentes con la ideología del partido en el Gobierno y con el programa electoral que presentó en 2004. Las subvenciones a los alquileres, que tan inexplicable revuelo han causado, estaban en ese programa. No así el cheque por hijo. Pero difícilmente podrá decirse que esa medida entra en contradicción con otras parecidas orientadas a la ayuda a las familias (plan de dependencia, permiso paternal por hijo, plan de conciliación de la vida laboral y familiar...) o con la orientación general de la política social del PSOE. El reproche que en todo caso cabría hacer a estas medidas no es que sean "electoralistas", sino que hayan tardado tanto en llegar.De acuerdo con la segunda condición, un Gobierno practica el electoralismo cuando, desesperado por conseguir la reelección, hipoteca el interés general con medidas que perjudican el desarrollo futuro del país, o que sólo benefician a ciertos grupos sociales por la importancia electoral de éstos. Ni por los grupos beneficiados, ni por su cuantía económica, tampoco puede concluirse que las últimas medidas del Gobierno sean electoralistas.

En cuanto a los beneficiados, el cheque por hijo es una medida universal, de la que se podrán aprovechar todas las familias sin excepción. El plan de vivienda se centra en el grupo de los jóvenes, cuyo peso demográfico y electoral es, de hecho, cada vez más pequeño.

Sin embargo, hay buenas razones, más allá de las electorales, para tratar de compensar a los jóvenes por las dificultades con las que se encuentran para emanciparse. Dado su nivel de ingresos, son los más perjudicados por la subida sostenida de los precios de la vivienda en los últimos años. España está en cabeza en la lista de los países con jóvenes que no consiguen abandonar el domicilio familiar. Un Gobierno de izquierdas debe actuar para corregir una situación así.

Por otro lado, los costes de todos estos programas son perfectamente asumibles sin que se tambalee el Estado. El plan de vivienda, por ejemplo, no llega a los mil millones de euros. El cheque por hijo es más gravoso, y quizá se debería haber invertido el dinero en medidas más productivas como la red universal de guarderías, pero no puede afirmarse sin faltar a la verdad que se esté comprometiendo el desarrollo económico del país, sobre todo en las actuales condiciones de elevada tasa de crecimiento, niveles históricos de empleo y superávit fiscal.

Por todo ello, resulta incorrecto que se intente deslegitimar la política social del Gobierno con la acusación de electoralismo. Los estudios de opinión pública revelan de forma constante y sistemática que la inmensa mayoría de los españoles, sin apenas diferencias entre los ciudadanos de izquierdas y los de derechas, está a favor de la expansión del Estado del Bienestar. El Gobierno, dada la extraordinaria situación de bonanza que atraviesa el país, tiene la obligación de aprovechar la ocasión para hacer políticas responsables de igualdad, que no impidan el crecimiento futuro.

Quienes, por los motivos que sean, utilizan el espantajo del electoralismo a la hora de sustentar sus posiciones críticas, deberían buscarse mejores razones. Bajo la acusación de electoralismo se agazapa el conservadurismo más rancio que en tantas ocasiones ha impedido que España avance hacia un país más igualitario. Las reacciones airadas que se han visto estos días son la mejor demostración del poder que sigue teniendo la ideología conservadora en nuestro país.

Ignacio Sánchez-Cuenca es profesor de Sociología de la Universidad Complutense y coautor, con José María Calleja, de La derrota de ETA.