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Reportaje:

Fujimori lleva miedo y división a Perú

Los seguidores del ex presidente confían en su vuelta a la política y sus críticos temen un juicio injusto

"Fue peor que una película de terror", recuerda Rosa Rojas, viuda de Manuel Ríos, una de las 15 víctimas de la matanza de Barrios Altos, perpetrada el 3 de noviembre de 1991 por el Grupo Colina, una unidad de exterminio del Ejército peruano. Tomás Livias sobrevive como vendedor ambulante en una silla de ruedas, con tres balas alojadas en la columna vertebral. Felipe León también escapó de la muerte hace 16 años. Ellos aguardan expectantes el juicio contra el ex presidente Alberto Fujimori. Con su extradición a Lima, ha dividido al país entre quienes aún le admiran y quienes sufrieron su persecución. Para los familiares de las supuestas víctimas, la extradición del ex presidente Alberto Fujimori para ser juzgado en Perú por violación de derechos humanos y seis cargos de corrupción, es una noticia esperanzadora, tras tantos años de demora. "Para mí, las puertas de la justicia han estado tapiadas", dice Felipe León, padre de ocho hijos. "Ahora tengo fe en que la justicia, al menos moralmente, llegue de fuera", añade León.

Unas 40 personas, estudiantes, parejas, familias pobres de origen andino, participaban en una fiesta en aquella casa de Barrios Altos, un distrito de Lima. Los servicios de inteligencia del Gobierno de Fujimori habían recibido el chivatazo de que la reunión era para recaudar fondos para Sendero Luminoso, la organización terrorista que mantenía en jaque al Estado. Cubiertos con pasamontañas y armados con fusiles de asalto, los miembros del Grupo Colina reunieron en el patio de la casa a 15 de los asistentes a la fiesta y los acribillaron. La investigación reveló que no había orden de captura contra ninguno de ellos, aunque tres tenían antecedentes por terrorismo.

El 17 de julio de 1992, la unidad de exterminio que comandaba el mayor Santiago Martín Rivas (hoy preso) perpetró una nueva matanza. Esta vez en la Universidad Enrique Guzmán Valle, conocida como La Cantuta, uno de los centros más penetrados por Sendero Luminoso. Los asaltantes irrumpieron a las doce de la noche en la residencia estudiantil, y secuestraron a nueve alumnos y un profesor, a los que asesinaron a sangre fría en un descampado y enterraron posteriormente con cal.

Una de las víctimas era Enrique Ortiz, de 21 años, alumno de cuarto año de educación física. Su cadáver fue el único encontrado en su integridad, después de que los asesinos enterraran y desenterraran a las víctimas en dos ocasiones para no dejar huellas. Su hermana, Gisela Ortiz, ha sido la voz de los familiares que ha reclamado justicia en todo este tiempo. Recorrió Perú y viajó a Chile en diversas ocasiones para exigir la entrega de Fujimori.

"Estoy contenta porque la extradición culmina una etapa difícil, y preocupada por la responsabilidad que significa llevar a cabo en Perú un proceso contra Fujimori", dice Gisela Ortiz, que no descarta presiones políticas de los fujimoristas, del Gobierno y de sectores de la cúpula militar. Su mayor temor es que el juicio al ex presidente se convierta en una plataforma para Fujimori y el fujimorismo, "que haya presiones que impidan un proceso justo y que después de tantos años siga la impunidad. Estamos desesperados porque haya justicia".

Sin llegar a los extremos del ex dictador Augusto Pinochet en Chile, la figura de Fujimori polariza a algunos sectores de la sociedad peruana. El sábado sus partidarios le esperaban en la sede de la policía aérea en El Callao con banderas y pancartas de "Chino, inocente". Sus partidarios se enfrentaron con la policía al comprobar que su líder aterrizaba en la base aérea de Las Palmas, dentro de una operación de despiste calculada por las autoridades.

En su reclusión provisional en la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía, Fujimori recibió ayer la visita de su hija Keiko, la congresista más votada en las elecciones de 2006. "Hay fujimorismo para rato", declaró el ex gobernante antes de salir de Chile. "Si no es con Alberto Fujimori, será con Keiko Fujimori".

Los fujimoristas tienen 13 de los 120 escaños del Congreso, una cifra que hasta ahora ha significado un respaldo esencial para el Partido Aprista, en el Gobierno, que no tiene por sí solo la mayoría parlamentaria. La última encuesta de Apoyo indicó que el 58% de los peruanos nunca votarían al Chino, como llaman cariñosamente a Alberto Fujimori sus seguidores, lo que indica que es un político que genera anticuerpos en buena parte de la sociedad. En otra encuesta sobre los más poderosos del país, Fujimori ocupa el puesto decimosexto.

Partidarios de Fujimori se manifiestan ayer ante la sede policial en Lima donde está detenido el ex presidente.
Partidarios de Fujimori se manifiestan ayer ante la sede policial en Lima donde está detenido el ex presidente.REUTERS

El triunvirato está en la cárcel

Con la extradición de Alberto Fujimori, todos los integrantes del triunvirato que ejerció el poder en Perú durante la década de los noventa están en la cárcel. Culmina así el desmoronamiento de un régimen militarizado que llegó a parecer indestructible.

El ex presidente sigue los pasos de Vladimiro Montesinos, su asesor más cercano y ex jefe del todopoderoso Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), preso en la Base Naval del Callao, y de Nicolás de Bari Hermoza, comandante general del Ejército entre los años 1992 y 1998, recluido en el penal de San Jorge. Los dos tienen una larga serie de procesos abiertos.

El general Hermoza, otrora fiel escudero, propinó en 2001 el golpe más duro que ha recibido Fujimori en sus siete años como prófugo de la justicia. El antiguo jefe del Ejército, que ordenó la captura de los estudiantes en La Cantuta, declaró ante un juez que se enteró del resultado de aquel operativo a través de Montesinos, quien le confió que el Grupo Colina era un asunto entre el jefe del SIN y el presidente Fujimori, es decir, con pleno conocimiento del primer gobernante del país. Esta declaración compromete seriamente al extraditado, y será uno de los ejes de la acusación de la fiscalía, que pide una pena de 30 años de prisión para Fujimori por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta.

La defensa alega desconocimiento de las actividades del grupo paramilitar Colina, bautizado con este nombre en honor del capitán de Infantería José Colina Gaige, que se infiltró en Sendero Luminoso y fue muerto por error por una patrulla militar.

De los siete casos procesales que enfrentará Fujimori ante la Corte Suprema peruana, las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta (25 muertos) se perfilan como la gran batalla judicial. En ausencia del acusado, la etapa de investigación de ambos casos ya concluyó en Perú, por lo que el juicio oral podría empezar en breve, según declaró el ex procurador Ronald Gamarra.

LAS ACUSACIONES

25 homicidios en Barrios Altos y La Cantuta

Pago de 15 millones de dólares (11 millones de euros) a Montesinos

Interceptación telefónica a políticos, empresarios y periodistas

Robo de 40 maletas en la casa de la esposa de Montesinos

Secuestro de un empresario y un periodista

Soborno a congresistas tránsfugas

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