Andalucía demanda al Estado en su batalla contra las tabacaleras

La Junta de Andalucía ha presentado ante la Sección Sexta de la Audiencia Nacional una demanda contra la Administración del Estado, como responsable solidaria, y seis empresas tabacaleras, a las que reclama 1,77 millones de euros por los gastos sanitarios de 135 pacientes víctimas del tabaquismo. Las seis empresas son Altadis, British American Tobacco España, Philip Morris Spain, JT International Iberia, Cita Tabacos de Canarias y Tabacos Canary Islands. Éste es el penúltimo peldaño de un proceso largo -el recorrido en los juzgados se inició en 2002- que no tiene precedentes en Europa.

La exposición de los fumadores a la nicotina es mayor de la que notifican las compañías

Las empresas argumentan que el Estado fue titular de la empresa Tabacalera

El Gobierno andaluz, socialista, ha recurrido a la vía contencioso-administrativa y ha denunciado al Gobierno central, también socialista, después de que los argumentos de las tabacaleras encontrasen apoyo judicial en el procedimiento abierto por la vía civil, iniciado en 2002 y agotado en 2006. Las industrias argumentaron con éxito que el Estado fue titular del monopolio de la venta del tabaco hasta 1998 y que, por lo tanto, debía incluirse como parte demandada.

Si la Junta no hubiera acudido a la vía contencioso-administrativa, su pretensión de que las tabaqueras asuman el coste sanitario por enfermedades derivadas del consumo de cigarrillos se hubiera cegado hace ya mucho tiempo.

Los servicios jurídicos de la Administración autonómica presentaron el preceptivo requerimiento al Ministerio de Economía y Hacienda, del que dependía Tabacalera, en abril de 2006. El Gobierno central optó por el silencio, aunque ya en esa fecha barajaba argumentar que el monopolio no tenía un carácter comercial sino "fiscal" y que los impuestos representan un instrumento para disuadir el consumo.

El siguiente paso fue el escrito de interposición anunciando el recurso, el 4 de julio de 2006. Un año más tarde, la Audiencia Nacional le ha requerido para que registre la demanda.

Esta se presentó el pasado día 20, según pudo saber este periódico. La denuncia mantiene los mismos hechos y fundamentos. Y reclama la misma indemnización, pero actualiza los informes de los peritos respecto a la composición, estructura y manipulación de los cigarrillos.

La conclusión de estos informes es que las empresas tabacaleras utilizan determinadas sustancias, que no declaran, para fomentar la dependencia del cigarrillo, como el amoniaco. Este es el aditivo más potente, según los estudios de la Junta de Andalucía. También se incluyen documentos sobre la manipulación y control de nicotina y alquitrán en el diseño y fabricación de los pitillos; el papel del ph en el tabaco y en el humo del tabaco; y los orificios de ventilación de los cigarrillos.

El organismo autonómico mantiene que aunque las empresas están obligadas por la normativa a precisar en las cajetillas la cantidad de nicotina y alquitrán, no se tiene en cuenta la manera de aspirar de un fumador ni la presión que ejerce éste sobre los agujeros de ventilación. Al tapar esos orificios, el nivel de nicotina y alquitrán es mayor del declarado.

La Consejería de Salud abrió en 2005 un laboratorio con una máquina de tabaco que reproduce la manera de fumar de una persona, cuyas pruebas apuntan que la exposición de los fumadores es mayor de la que notifican las compañías tabacaleras. Este centro forma parte de la red de 22 laboratorios de la Organización Mundial de la Salud (OMS), cuyo fin es el de homologar las diferentes técnicas de análisis de composición y estructura de los pitillos para poder cambiar la actual regulación internacional. Se trata de obligar a las empresas a dar al fumador información real de lo que consumen.

En la demanda también se incluyen datos actualizados sobre los daños para la salud del tabaquismo pasivo; las estrategias de las industrias tabacaleras para captar adolescentes; la influencia de la publicidad sobre los hábitos de consumo de tabaco y documentos de archivos internos de la industria que han sido desclasificados. En Estados Unidos, un acuerdo judicial de 1998 obliga a las compañías a poner a disposición de los investigadores esos documentos.

El recurso de la Junta se basa en los gastos sanitarios de 135 pacientes tratados en los hospitales públicos Virgen Macarena y Virgen del Rocío de Sevilla en 2001 con cardiopatía isquémica (92 casos), cáncer de pulmón (29) y enfermedad pulmonar obstructiva crónica (14), enfermedades que el Gobierno andaluz relaciona con el consumo del tabaco. Todos ellos fumaban antes de 1998, fecha en la que acabó el monopolio estatal de Tabacalera. Esos enfermos no estaban expuestos a ningún factor de riesgo ni tienen antecedentes familiares que pudieran alterar el estudio, asegura la Administración.

La consejera andaluza de Salud, María Jesús Montero, se quejaba recientemente de las maniobras de las tabacaleras: "La industria tabaquera siempre ha tenido una estrategia dilatoria para que los tribunales no entren al fondo de la cuestión, porque cualquier pronunciamiento de los tribunales no sólo puede tener graves consecuencias para los intereses de la industria en Andalucía sino en toda la Unión Europea".

En 1998, una sentencia obligó a las compañías de Estados Unidos a compensar con 250.000 millones de dólares (unos 177.500 millones de euros) los gastos sanitarios de 46 Estados. Pero la batalla en los tribunales iniciada por la Junta de Andalucía contra la industria del tabaco carece de precedentes en Europa.

El proceso que ahora se inicia en la Audiencia Nacional también se prevé largo y difícil, aunque la meta sigue siendo la misma que cuando comenzó hace cinco años: que las tabacaleras que se lucran con la adicción del tabaco paguen al erario público los gastos sanitarios que provocan.