La UE quiere blindar sus empresas energéticas para frenar a la rusa Gazprom

La Comisión Europea quiere impedir que las compañías extranjeras que operan como monopolios se beneficien del proceso de liberalización que exigirá la separación de las grandes empresas europeas. Bruselas quiere evitar que la rusa Gazprom o la argelina Sonatrach adquirieran las redes de transporte de las francesas EDF y GdF, la alemana E.ON y la italiana ENI, que estarán obligadas a vender sus redes de transporte o ponerlas en manos de gestores independientes. El presidente de la Comisión, José Manuel Durão, insistió en que no es proteccionismo sino "competencia leal".

"Para proteger el mercado interior, para proteger los beneficios de la separación [de generación y distribución] debemos asegurarnos de que todos juegan con las mismas reglas", aseguró Barroso en la presentación del tercer paquete de liberalización energética. "Necesitamos inversión tanto nacional como extranjera, así que las empresas extranjeras son bienvenidas".

La Comisión quiere impedir que compañías extranjeras puedan "tomar el control de las redes de transporte" de las empresas energéticas europeas "sin acuerdos internacionales previos con sus respectivos países que regulen específicamente estas situaciones".

En la práctica lo que sugiere Bruselas a Moscú y a Argel es la firma de un acuerdo internacional que regule las inversiones recíprocas de las empresas europeas y extranjeras, de manera que todos jueguen con las misas reglas. Lo que quiere evitar es que las compañías liberalizadas europeas compitan en el futuro con monopolios extranjeros.

Estas prevenciones frente a las empresas extranjeras se plantean a pesar de que Bruselas todavía no ha logrado convencer a Alemania, Francia y Austria de que acepten "la separación de la propiedad de las actividades de transporte de las de generación", que propugna Bruselas como la mejor opción para mejorar la competencia.

Barroso recordó ayer que "si una compañía genera gas o electricidad y al mismo tiempo es la propietaria de la red de transporte, tiene incentivos en no facilitar el acceso de sus competidores". Por esta razón se busca que las redes pertenezcan a compañías independientes.

Como alternativa, y para no vulnerar los derechos de propiedad, se plantea como segunda opción la creación de un Operador del Sistema Independiente, que gestionaría las redes de transporte con absoluta independencia y con plena capacidad para decidir las inversiones, aunque las infraestructuras continuarían siendo propiedad de las grandes empresas que percibirían un canon por su uso.

Duras negociaciones

Barroso reconoció que las negociaciones con los estados miembros, para lograr que acepten la división de las compañías, que defienden Reino Unido, España y Polonia, "serán muy duras". La decisión final coincidirá en el segundo semestre del próximo año, en plena presidencia de Francia, según señaló el comisario de Energía, Andris Piebalgs. Francia es uno de los países más reticentes y con más intereses en contra de la segregación.

La comisaría de Competencia, Neelie Kroes, que todavía vive la euforia de su triunfo sobre Microsoft de hace dos días, proporcionó datos muy ilustrativos de las ventajas de la separación de actividades de generación y transporte. Kroes indicó que "los precios de electricidad al por mayor de Alemania, eran un 10% más baratos que en el Reino Unido". Pero añadió que los clientes industriales pagaban entre un 25% y un 30% más por su electricidad.

Piebalgs anunció también la creación de una Agencia para la Regulación de los Operadores Europeos, que en su opinión, "tendrán más poderes que los que tienen ahora". La iniciativa supone una renuncia a crear un Operador Europeo como se había previsto inicialmente.

El objetivo principal de la Agencia es coordinar la labor de los reguladores nacionales con el fin de favorecer las conexiones transfronterizas. También intentará asegurar que las condiciones de mercado y de competencia sean las mismas entre los distintos países. Igualmente dedicará especial atención a garantizar que se efectúen las inversiones necesarias en las redes de transporte en los distintos estados miembros.