Columna
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Viviendas

La reciente presentación por parte del Gobierno andaluz del anteproyecto de Ley del Derecho a la Vivienda plantea inquietantes dudas, como caso prototípico que puede servir de test sobre la forma de ejercer el poder que estila el partido socialista. El fondo del asunto está fuera de discusión, pues como ya he apuntado desde estas páginas en otras ocasiones, la inaccesibilidad de la vivienda es quizás el mayor problema social que ahora mismo aqueja a España, dado que bloquea el derecho a la emancipación personal de jóvenes y mujeres. Pero de las diversas formas que hay para enfrentarse a ese problema, los socialistas andaluces han optado por una que, a mi juicio, resulta objetable por varias razones, que pueden resumirse así.

El anuncio. Se ha cuestionado el oportunismo electoralista del momento elegido para anunciar esta ley, contraviniendo las promesas de ZP. Lo cual no resulta demasiado grave, pues en España siempre estamos en campaña electoral. En cambio, hay algo más injustificable, pues el adelanto de la medida andaluza ha significado pisarle el terreno a la flamante ministra del ramo, Carme Chacón, recién nombrada por Zapatero para que diseñe un futuro plan de la vivienda de alcance nacional para presentarlo en el programa de las próximas elecciones generales. ¿A qué viene este saboteador sorpasso por parte del socialismo andaluz? Y todavía hay algo peor, como es que el anuncio haya tomado por sorpresa a Solbes. ¿Qué necesidad había de saltarse al vicepresidente económico del Gobierno central, encargado de coordinar las cuentas de las distintas Administraciones públicas? Hace poco, T. Garton Ash comparaba la forma de gobernar EE UU con la Kakania austrohúngara denostada por Musil. Pues bien, con su incoherente forma de gobernar, los socialistas también parecen empeñados en hacer de España otra Kakania.

El método. La legislación no es una varita mágica capaz de satisfacer el derecho a la vivienda. Como se ha sostenido, si se quiere comprometer a las Administraciones para que generen vivienda pública, hay que aportar una memoria económica que garantice su financiación. Pues cuando los planes se incumplan, como suele suceder, ¿a quién habrá que reclamar para exigir el derecho a la vivienda? ¿Acaso existirá un contrato-programa entre la Administración y los ciudadanos, recurrible ante los tribunales? En suma, el problema de la vivienda no lo puede resolver el Estado por decreto ley, pues los procesos productivos sólo pueden proveerse a través de los mercados, convenientemente estimulados mediante incentivos ad hoc.

El objetivo. Se supone que esa prometida ley facilitará la compra de vivienda a todas las rentas inferiores a 3.000 euros. O sea, que se trata de una protección universal en la práctica, pues según las cuentas del IRPF, casi nadie gana más de esa cifra. Pero quienes necesitan piso son los jóvenes mileuristas, no los pocos tresmileuristas que ya van por su segunda, tercera o enésima vivienda. Así que estamos ante otra subvención populista como la del cheque natal, quizá merecedora de una nueva portada de El Jueves. A no ser que se nos diga que el límite de 3.000 euros se refiere a los ingresos de la unidad familiar. Pero esto aún resulta peor, pues significa reforzar la dependencia de jóvenes y mujeres respecto de sus padres y parejas, desincentivando así sus posibilidades de autonomía personal.

Lo cual implica regresar a la vieja política de vivienda social que Franco copió de Mussolini, origen del modelo latino mediterráneo de Estado de bienestar más regresivo de Europa. Un pésimo modelo de política social que alcanza su más perversa expresión en la preferencia por la vivienda en propiedad, lo que además de reproducir sin querer una cultura conservadora y pequeñoburguesa de propietarios privados, también encarece y aplaza sine die una emancipación de jóvenes y mujeres que sólo puede favorecerse y anticiparse mediante políticas públicas de viviendas en alquiler de bajo coste.

* Este artículo apareció en la edición impresa del domingo, 16 de septiembre de 2007.

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