... y jornaleros sin papeles en tinajas

Los últimos éxitos de la música latina resuenan machaconamente en la radio del tractor, pero los seis jornaleros repartidos por la parcela no pierden el tiempo tarareándolas. Son las once de la mañana en Socuéllamos (Ciudad Real), un pueblo de 12.000 habitantes en el corazón de la viña castellano-manchega, y les quedan 13 horas para terminar de vendimiar 13 hectáreas. Hay tres hombres y tres mujeres. Todos han viajado desde Rumania porque aquí se les paga 42 euros por cada jornada de ocho horas en el tajo. En su país necesitarían una semana entera para reunir ese dinero.

Ninguno tiene contrato, ni permiso de trabajo, ni cotiza un solo euro a la Seguridad Social. Por supuesto, tampoco habían firmado ningún papel que les garantizara el empleo antes de emigrar, ni sabían a qué municipio debían acudir, ni dónde dormirían. Lo único que tienen claro es que su viaje siempre les lleva al oeste: de Rumania a Valencia, para recolectar naranja y después hortalizas. Y de ahí hacia Castilla-La Mancha, para bregarse con el ajo, antes de acudir a la vendimia manchega, con 2.750 millones de kilos de uva por recoger.

"Venimos a España porque en otro sitio no podríamos trabajar sin papeles", explica Pavel

Los 'comisionados' reclutan braceros en Rumania a cambio de la mitad del jornal

Lo más vergonzante, si cabe, son las condiciones en que viven estas personas. A la vera de cualquier pueblo manchego se alzan campamentos de inmigrantes que aguardan a que comience la vendimia para ganarse el jornal. Es el Tercer Mundo en estado puro.

A apenas 100 metros de Socuéllamos, unos 50 gitanos búlgaros duermen en las enormes tinajas que pueblan un descampado. Dentro están las camas: colchones desvencijados que descansan sobre palés, a falta de somieres. "Necesitamos trabajo, porque los niños están hambrientos", se queja Pavel, un tipo dicharachero, vestido con bermudas y gorra de béisbol, que parece ejercer de cabecilla. El resto -sólo los hombres- se acerca a los intrusos. Las mujeres cocinan carne y verduras al aire libre, entre montones de escombros y desperdicios. Los niños extienden la mano para pedir limosna. Comen lo que les trae la Cruz Roja, que también les presta atención sanitaria.

Los nómadas no se sienten a gusto pordioseando. Pero cuando ven la cámara, se agolpan para contemplar las fotos de las viñas y sufren una metamorfosis. "¡Vendimia, vendimia!", gritan con los ojos incandescentes. Para ellos, las uvas marcan la frontera entre la miseria y la dignidad. "Cuando nos den trabajo, nos mudaremos a un piso", asegura Pavel, consciente de que hay españoles que marchan a vendimiar a Francia porque allá les pagan más. ¿Por qué ellos vienen a España? La respuesta es tajante: "Porque en otro sitio no podríamos trabajar sin papeles".

Emilia, de 23 años, corta sin parar racimos de uvas rojizas con certeros tijeretazos. Es una veterana de la ruta de las recolecciones. Esta vez, para romper la costumbre, no regresará a Rumania cuando acabe la vendimia. Quiere quedarse para empadronar a su hijo de cinco años, que nació en España y que siempre la acompaña en sus viajes. Por la tarde, acudirá a la parcela de otro agricultor, el mismo que le ha proporcionado una casa de campo en la que se amontonan 10 personas.

Emilia y sus compañeros tienen miedo de reconocer que no están regularizados, aunque, al fin y al cabo, es su empleador el que está vulnerando la ley. "Sí que tenemos papeles", responden. Quieren decir que tienen documentación, porque de permisos de trabajo, nada de nada. El agricultor, Andrés Muñoz, lo ha reconocido sin medias tintas.

Muñoz no oculta su temor a que una inspección de Trabajo le imponga una multa de miles de euros por emplear a sin papeles. Los rumanos y búlgaros son ciudadanos comunitarios, pero la moratoria impuesta por España les impide trabajar por cuenta ajena si su empleador no solicita sus permisos de trabajo con dos meses de antelación. Hasta el pasado miércoles, la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha había recibido solicitudes para contratar a 12.800 extranjeros. Sólo en la provincia de Ciudad Real se precisan 30.000 jornaleros.

Las dimensiones de la chapuza son tan mayúsculas que los agricultores han comenzado a replantearse la situación. El pasado jueves hubo reunión en la Cooperativa Cristo de la Vega, que agrupa a 1.300 socios. Creen que el año que viene convendría respetar las reglas de juego. "Todos preferimos que el trabajo sea legal", explica Muñoz, que confía en que el Gobierno le admita las solicitudes de permisos que pidió a destiempo. ¿Por qué no lo hicieron antes? Se habla de improvisación, de desidia, pero en el fondo del asunto late un sentimiento de desconfianza. "¿Cómo voy a pedir a los inmigrantes con antelación, si no sé quiénes van a venir?", plantea el agricultor, que recuerda que la vendimia no es ningún chollo: "Si gano 9.000 euros tras un año entero de trabajo, puedo estar más que contento". ¿Y cómo están respondiendo los seis irregulares que le están sacando las castañas del fuego?: "Parece que van bien. Pero de todo hay en la viña del señor".

Tras rematar el campo de Muñoz, la cuadrilla de Emilia se toma un descanso en el camino que rodea la parcela. Ni el agricultor ni los jornaleros ponen reparos a enseñar su vivienda. Hasta que, tras intercambiar unos cuchicheos en rumano, rechazan que ningún extraño husmee en su casa. "Es que el jefe no quiere", alegan. El jefe es un compatriota que llega en un coche blanco cargado de colchones viejos y, sin soltar palabra, lanza una mirada desafiante. Los jornaleros ponen cara de entierro, se quedan callados y se suben a toda prisa en el automóvil. Parece que el jefe, que no trabaja pero manda lo suyo, no quiere que le sigan.

En la casa de acogida temporal de inmigrantes de la Cruz Roja en La Solana (Ciudad Real) vive una familia rumana que llegó al pueblo cuando comenzó el verano. Sin un céntimo en el bolsillo, tenían que dormir en un parque. Son Viorel Boboc, de 42 años, su esposa, Gabriela, de 41, y sus hijos Valentin (21), Simona (15) y Ángel (8). Los padres, a la espera de los permisos, ya han empezado a vendimiar. Ganan lo que marca el convenio: 42 euros. El año pasado sólo cobraban 25 euros. El resto se lo quedaba un compatriota que le consiguió el empleo. En La Solana les llaman comisionados. Se anuncian en carteles repartidos por las poblaciones rumanas que nutren de inmigrantes a la vendimia manchega, y les prometen vivienda y trabajo. Ganan una fortuna sin necesidad de arrancar ni un solo racimo.

Mientras el grueso de la materia prima de los mejores vinos de La Mancha lo recogerán este año inmigrantes sin permiso de trabajo, Andrés Muñoz habla maravillas de un caldo local que ganó el primer premio en un concurso regional de variedades blancas. "Es nuestro vino campeón", dice el agricultor. En la tienda de la cooperativa de Socuéllamos cuesta 1,85 euros. Su nombre es Yugo.