Fracasa el boicoteo a la clase de Ciudadanía

Las 15.000 objeciones de conciencia anunciadas por las organizaciones sociales contrarias a Educación para la Ciudadanía se han reducido, a la hora de la verdad, a 84. Ésa es la cifra que les consta a las consejerías de Educación de las siete comunidades autónomas donde la asignatura se acaba de estrenar para los 200.000 alumnos de tercer curso de secundaria.

Una portavoz del PP anima a la objeción, pero forma en esta materia a los profesores

El elefante parió un ratón. Las 15.000 objeciones de conciencia anunciadas por las organizaciones sociales contrarias a Educación para la Ciudadanía se han reducido, a la hora de la verdad, a 84. Ésa es la cifra que les consta a las consejerías de Educación de las siete comunidades autónomas donde la asignatura se acaba de estrenar para los 200.000 alumnos de tercer curso de secundaria.

Dichas consejerías aclaran que han recibido más recursos de objeción de conciencia, hasta un total de 356, siempre que se contabilicen también las presentadas por separado por el padre y la madre del mismo alumno, o las de aquellos por padres con hijos en edad escolar pero no en el curso donde se imparte este año la asignatura. Esto último ha ocurrido, por ejemplo, en Cataluña, donde de los cinco recursos de los que hay constancia en la Generalitat sólo uno corresponde a un chico que cursa educación para la Ciudadanía. Los otros, según fuentes de la Consellería, afectan a dos hermanos de este alumno y las otras dos corresponden también a escolares de otros cursos.

En Andalucía, la comunidad más activa de la protesta, la viceconsejería da cuenta de 260, algunas duplicadas por la firma del padre en un recurso y la de la madre en otro. En Navarra y en Extremadura no consta ninguna objeción de conciencia, en tanto en Aragón figuran cuatro, en Asturias nueve -de las que sólo una corresponde a tercero de secundaria- y en Cantabria dos, una en Laredo y otra en Castrourdiales. Estos datos llevan a informar a los portavoces de Educación de las siete comunidades que la normalidad en el comienzo del curso es total y que la pretendida objeción no ha causado la menor alteración en los centros educativos.

Sin embargo, ayer mismo Benigno Blanco, el presidente del Foro Español de la Familia, una federación de entidades católicas que asegura contar con cuatro millones de familias afiliadas, seguía insistiendo en que las objeciones de conciencia presentadas por sus socios -entre ellos, la asociación de padres Concapa- superan las 15.000. ¿Cómo se justifica entonces la diferencia sideral entre las objeciones anunciadas y las recibidas por las autoridades educativas? Las respuestas son variadas. Fuentes de las consejerías de Educación consultadas apuntan a que los padres se lo han pensado dos veces antes de arriesgar la obtención del título de secundaria para sus hijos. La inasistencia reiterada a las clases de Educación para la Ciudadanía conlleva el suspenso de la asignatura, como han recordado la ministra de Educación, Mercedes Cabrera. Este suspenso no impide pasar al curso siguiente, aunque lo dificulta. Sí imposibilita, en cambio, la obtención del título académico al final del ciclo.

Benigno Blanco reconoce que esta circunstancia ha pesado en el ánimo de los padres, a los que considera "unos valientes". "Hay que tener el coraje de Gandhi o de Martin Luther King para hacer frente a las amenazas y coacciones con las que el Estado intimida a las familias", señala.

Para el presidente del Foro, el movimiento de conciencia por ellos alentado, con campañas in- formativas y una batería de juristas a disposición de los padres, no tiene parangón en Europa. "15.000 objeciones en tres meses es un récord", dice. Pero ¿dónde se han presentado las 15.000 objeciones?, Blanco responde: "No lo sé. Supongo que en los colegios, en las delegaciones de Educación... ya irán saliendo. Disponemos de fotocopias o confirmaciones vía mail de objeciones masivas en Castilla-La Mancha y Madrid [donde no se imparte la asignatura] y en Andalucía".

Los promotores citan a Baleares, Extremadura, Cataluña y Navarra como las autonomías más discretas en el número de objetores. En la comunidad foral, según Teresa Jaurreta, portavoz de la Plataforma Navarra de Educación en Libertad, por falta de tiempo. "Todo se andará", vaticina. Mientras tanto, en el Foro Español de la Familia tienen muy claro el camino a seguir: "Actuaremos en cuanto la Administración nos conteste por escrito", señala Eduardo Caro, dirigente andaluz de la Concapa. Blanco puntualiza: "No se puede actuar ante los tribunales mientras no conste oficialmente que la Administración nos niega un derecho fundamental como es el de educar a nuestros hijos". A partir de ahí, asegura que agotarán la vía judicial ordinaria para llegado el caso pedir amparo al Constitucional.

Un caso llamativo es el de María Antonia Avilés Perea, la portavoz para Educación del PP en las Cortes de Aragón. Avilés ha animado a los padres a objetar e incluso ha repartido plantillas para el recurso. Pero eso no es obstáculo para figurar entre quienes formarán a los profesores de Educación para la Ciudadanía en un curso del Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad de Zaragoza, financiado por el Gobierno de Aragón. "A mí me han pedido que hable de las instituciones europeas. Yo no voy a hablar de valores, por eso no me he planteado dejar las clases, pero si causa escándalo...", comentó ayer esta ex eurodiputada del PP. informa Concha Montserrat.