El Gobierno expresa su "preocupación y malestar" por la crisis del gas en Argelia

El Gobierno español expresó ayer su "preocupación y malestar" por la decisión de Sonatrach, propiedad del Estado argelino, de apropiarse del proyecto de Gassi Touil, participado por Repsol YPF y Gas Natural, pero recordó que se trata de un conflicto entre empresas. En cualquier caso, aseguró que la crisis no afecta al suministro de gas a España. Pero sí a las cotizaciones de Gas Natural y Repsol, que bajaron ayer un 2,02% y un 0,42%, respectivamente. El Ejecutivo argelino, por su parte, se mantuvo en silencio. La Comisión Europea anunció que seguirá el tema "muy de cerca" y el PP aprovechó para cargar contra Zapatero, al atribuir la liquidación del proyecto a su "pésima política exterior".

"Haremos todo lo que podamos, dentro de la ley, pero se trata de un conflicto entre empresas". El Gobierno español lamentó ayer por boca de dos ministros, el de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, y el de Industria, Joan Clos, la ruptura del proyecto estrella de las dos multinacionales españolas en Argelia, Pero se curó en salud por lo que pueda ocurrir.

Ambos ministerios quisieron insistir en que, más allá de la ruptura del contrato de Sonatrach, las relaciones entre España y Argelia son buenas. Llegaron a calificarlas de "excelentes", pese a que los desencuentros han sido evidentes en los últimos meses, como el anuncio de una subida del gas en vísperas de una visita del Rey a Argel. En todo caso, el intercambio comercial entre ambos países se ha duplicado en los últimos años y Argelia es el primer proveedor de gas natural de España, con más del 30% del abastecimiento. "El suministro de gas a España está garantizado", tranquilizó ayer un portavoz de Industria.

Clos recordó desde Pekín, donde ayer inició una visita oficial de cuatro días en China, que existen otros proyectos con Argelia, como la construcción del segundo gasoducto entre España y Argelia, desarrollado por Medgaz (participado por Sonatrach, Cepsa, Iberdrola y Endesa), informa la agencia Efe.

Así pues, de entrada, el Gobierno seguirá atentamente el conflicto, que desea que se encauce mediante el diálogo, y ayudará en lo posible a que se resuelva. Lo mismo que la Comisión Europea, a quien el PSOE instó a intervenir en la crisis. El portavoz de energía del Gobierno comunitario, Ferran Tarradellas, explicó que la Comisión está siguiendo "muy de cerca" el caso, "hablando con las autoridades españolas y con las empresas concernidas para recabar la máxima información posible". Pero también recordó: "si hay cuestiones contractuales entre dos empresas, tienen que ser resueltas entre ellas".

Repsol YPF y Gas Natural se adjudicaron en 2004, junto a Sonatrach, la explotación del yacimiento de Gassi Touil. Fue la primera vez que el Estado perdía el control sobre un proyecto integrado: en él, Sonatrach tenía una participación del 35%, Repsol del 39% y Gas Natural del 26%. El plan de inversiones suma 7.000 millones de dólares (unos 5.200 millones de euros al cambio actual) en 30 años, de los que ya se han invertido unos 600 millones de dólares, según fuentes conocedoras del proyecto.

Sonatrach esgrime retrasos en los plazos de ejecución para la ruptura del contrato, que ha quedado suspendido y pendiente de un tribunal de arbitraje internacional, según informaron el lunes Repsol y Gas Natural a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Una "expropiación"

Mientras que para fuentes de las dos compañías afectadas, se trata de una "expropiación" en toda regla, el ministro Clos no considera que Argel esté siguiendo la política de nacionalización de los recursos naturales puesta en práctica por otros países, como Rusia o Venezuela.

Para el PP, la liquidación del proyecto se debe a la "pésima política exterior" del Gobierno de Zapatero, aseguró el líder de la derecha española, Mariano Rajoy. El portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Diego López Garrido, garantizó que el Gobierno defenderá los intereses españoles en Argelia y reservando las "relaciones estratégicas" que España mantiene con el país magrebí. IU-ICV lamentó la rescisión del contrato y CiU pidió la comparecencia urgente en el Congreso de Clos para que explique la situación. Por su parte, Ricard Fornesa, presidente de Criteria, el grupo industrial de La Caixa, restó importancia a la crisis y recordó que "aún no sabemos el final", en alusión al arbitraje. Fornesa auguró que a corto plazo se recuperará la cotización de ambas compañías.