Curso económico de transición

Este año culminará uno de los cuatrienios más brillantes de la historia económica española.

El crecimiento del PIB, cercano al 4%, seguirá siendo bastante superior al promedio de la UE; el del empleo, por encima del 3%, contribuirá a reducir la singularidad española en los registros del paro; la inflación, hoy poco superior al 2%, situará en mínimos su diferencial frente a nuestros socios europeos; las finanzas públicas, por último, aumentan su grado de saneamiento y destacan a España como uno de los países con mayor superávit público y menor deuda pública.

Claro que en relación con cada uno de esos indicadores pueden encontrarse objeciones que invitan a moderar la euforia: un patrón de crecimiento todavía vulnerable, el elevado déficit exterior, la excesiva temporalidad en el mercado de trabajo y las deficiencias en muchos servicios públicos (especialmente, la educación) siguen siendo elementos que apelan a las todavía pendientes reformas; pero la distancia que nos separa de la homologación con las economías más avanzadas es menor que hace cuatro años. El único aspecto en el que la economía española se ha distanciado de las europeas más modernas y competitivas es en garantizar una mejor distribución de la renta.

La continuidad del ciclo favorable en 2008 no está garantizada. En primer lugar, porque se desconoce el impacto de la crisis financiera surgida en EE UU. Que la financiación hipotecaria en España nada tenga que ver con las prácticas estadounidenses no significa que estemos al margen de sus consecuencias. El otro aspecto a considerar es el grado de confianza transmitida por la política económica en estos cuatro años.

El Gobierno tiene la oportunidad de demostrar en este curso su resistencia a las tentaciones electoralistas o populistas (propias y de sus aliados) a la hora de fijar los criterios de gasto en la tramitación de los Presupuestos para 2008, y de acreditar que es consecuente con una visión de la política económica a largo plazo. Propuestas como subvenciones o subsidios a las familias endeudadas porque han subido los tipos de interés entrarían a formar parte de ese repertorio populista, como aquellos 2.500 euros por nacimiento anunciados por el presidente en una lógica bien distante de la de igualdad de oportunidades y de la correcta distribución de la renta y de la riqueza.

Ocurre, además, que esas tentaciones de aumentar el gasto social sin reflexionar sobre sus consecuencias efectivas y sobre su financiación no favorecen la necesaria transparencia en la identificación de los beneficiarios del gasto. Las mejores formas de mejorar la distribución, la igualdad de oportunidades, pasan por fortalecer la inversión en esos destinos (capital tecnológico y humano, en particular) que más ha contribuido al aumento del bienestar en las economías avanzadas. Margen hay para aumentar la inversión; para que en los próximos Presupuestos, Gobierno y oposición apuesten por elevar la posición de España en la sociedad del conocimiento, por una economía más moderna y con mejores oportunidades para sus ciudadanos.