CiU exige que la ley de memoria reconozca los "abusos" en el bando republicano

La ley de memoria histórica agota su cuenta atrás en el Congreso. El PSOE admite que hay que tomar una decisión la próxima semana o los lentos plazos de las Cortes -a finales de año se disuelven y deben tramitar los Presupuestos- darán al traste con la iniciativa más polémica de José Luis Rodríguez Zapatero. Los socialistas aún confían en aprobarla, pero lo cierto es que no ha habido ningún avance negociador en el verano. CiU, grupo clave, exige un reconocimiento más claro de los abusos en el bando republicano. El PNV reclama la devolución de los papeles del Gobierno vasco del archivo de Salamanca.

El Gobierno, y en especial el PSOE y su portavoz parlamentario, Diego López Garrido, encargado de desbloquear la negociación, se enfrentan la próxima semana a un complejo juego de equilibrios. Descartado prácticamente el apoyo de ERC, que exige la anulación de los juicios del franquismo, y totalmente el del PP, que pide la retirada de la ley, López Garrido tiene que lograr a toda velocidad un pacto a tres bandas con IU-ICV, CiU y PNV para sacar adelante la polémica ley con un consenso mínimo.

Con esta norma, el PSOE se ha ido poniendo plazos a sí mismo que sistemáticamente ha incumplido. El último fue el de julio. López Garrido aseguró que en ese mes se alcanzaría un acuerdo con CiU que permitiera tramitar la norma en septiembre a toda velocidad. Pasó julio, y agosto, y no ha habido siquiera intentos de negociar, según reconocen fuentes tanto socialistas como nacionalistas.

Josep Antoni Duran, secretario general de CiU, señaló ayer que su grupo está dispuesto a negociar, pero también aclaró que la norma debe ser modificada sustancialmente para contar con su apoyo. Los nacionalistas catalanes han presentado, como la mayoría de los grupos, multitud de enmiendas a una ley que entró en el Congreso hace ya un año y sigue descansando en un cajón a la espera de que Alfonso Guerra, presidente de la Comisión Constitucional, convoque la ponencia. El histórico dirigente socialista decidió no hacerlo en junio porque era evidente que el consenso no estaba maduro.

El PSOE admite que no ha habido grandes esfuerzos negociadores este verano, pero fuentes socialistas y de IU-ICV también apuntan la idea de que hay sectores de CiU, especialmente en torno al ex presidente catalán Jordi Pujol, contrarios a esta norma que ha sido denostada por la derecha española. En ese sentido se pronunció públicamente Pujol en un artículo de prensa cuando la ley llegó al Congreso. De hecho, la exigencia más importante de CiU, incluida en sus enmiendas, va en ese sentido de buscar que la ley contemple a los dos bandos de la guerra, las llamadas dos españas.

Se trata de cambiar la redacción del artículo 2 para que queden mejor reflejados los desmanes en el bando republicano. La ley actual ya incluye a los dos bandos: "Se reconoce y declara el carácter injusto de las condenas, sanciones y cualquier forma de violencia personal producidas, por razones políticas o ideológicas, durante la Guerra Civil, cualquiera que fuera el bando o la zona en la que se encontraran quienes las padecieron" señala.

CiU quiere ir más allá y condenar los "abusos y actitudes arbitrarias" en la retaguardia republicana, especialmente duras, dicen, en Cataluña. Además quiere que se reconozca expresamente la violencia sufrida por los nacionalistas y por los ciudadanos católicos, algunos fieles a la república, que fueron represaliados por descontrolados por sus convicciones religiosas. Convergència no existía en la 1936, pero sí Unió, heredero por tanto de la tradición democristiana española.

Tampoco será fácil incluir al PNV. Los nacionalistas vascos, fieles aliados del Gobierno con los que López Garrido confiaba contar sin muchos problemas, presentan una exigencia muy difícil de aceptar, según fuentes socialistas: la devolución al País Vasco de los papeles de su Gobierno que fueron requisados por el franquismo y acabaron en el archivo de Salamanca. El Gobierno entregó los de la Generalitat, pero haciendo una ley específica para ello.

IU-ICV, mientras, pactó con el PSOE en abril modificar la ley para reconocer la ilegitimidad de los juicios sumarísimos, y por tanto está ya más cerca del acuerdo, pero ahora quiere mejorar también aspectos como el destino del Valle de los Caídos, la eliminación de símbolos franquistas (estatuas y nombres de calles), o que sea el Estado quien se encargue de reabrir las fosas de la Guerra Civil.