Asociaciones e intelectuales se movilizan para reclamar ya la ley

La ley de memoria no sólo ha generado una gran polémica política, sino un enorme interés entre las asociaciones de represaliados o familiares de desaparecidos, que la reclaman hace años. Ante el bloqueo parlamentario en el que permanece la norma, un grupo de juristas e intelectuales, entre los que están Carlos Jiménez Villarejo, José Antonio Martín Pallín, Andrés Perfecto Ibáñez, Paul Preston, Pere Portabella o Almudena Grandes, han suscrito un manifiesto que señala: "Han transcurrido casi cinco años desde que el Congreso de Diputados condenó el golpe militar de 1936. Han pasado tres años desde que el Congreso instó al Gobierno a constituir la Comisión interministerial sobre las víctimas de aquella guerra y de la represión franquista. Ha transcurrido otro año desde que el Gobierno presentó el Proyecto de Ley de lo que ya no se denomina, como antes lo había hecho, 'para la recuperación de la memoria histórica'. El Proyecto, manifiestamente insuficiente, continúa sin tramitarse cuando está a punto de agotarse la legislatura".

"Nuestro Estado social y democrático de Derecho, la sociedad democrática, las asociaciones cívicas y, sobre todo, las víctimas 'que padecieron la represión de la dictadura franquista' ya no pueden esperar más. El Gobierno y los Grupos parlamentarios deben saber que si durante los próximos meses el Proyecto, profundamente reformado, no se aprueba, no habrán querido, como dice el Preámbulo, 'cerrar heridas todavía abiertas entre los españoles".

Mínimas exigencias

"La aprobación de la Ley es la condición para superar definitivamente situaciones discriminatorias que aún sufren quienes 'habiéndose esforzado para conseguir un régimen democrático' fueron injustamente perseguidos y sancionados, incluso hasta perder la vida".

Por todo ello, añaden, "reclamamos del Gobierno y de todos los Grupos parlamentarios la tramitación y aprobación de la Ley siempre que se ajuste a las siguientes mínimas exigencias: 1.-Coincidiendo con los acuerdos adoptados por el Consejo de Europa y la posición mayoritaria del Parlamento Europeo, la condena formal de la dictadura franquista. 2.-Declarar pública y solemnemente que todo el aparato represivo del franquismo y su actuación estuvo viciada de raíz por su ilegitimidad de origen. 3.-La declaración anterior, sin perjuicio de las acciones judiciales individuales, debe fundamentar que el Ministerio de Justicia y el Fiscal General del Estado, impulsen y planteen ante el Tribunal Supremo los recursos pertinentes para obtener la declaración de nulidad de pleno derecho de dichas sentencias. 4.-Que el Gobierno y las Administraciones Públicas asuman activamente como políticas públicas la preservación de la Memoria Democrática, especialmente la localización de los represaliados desaparecidos, la conservación, ordenación y accesibilidad de los archivos históricos y la desaparición de simbología franquista de las vías y edificios públicos.