El Supremo obliga a repetir un pleno marbellí de 2000

Han tenido que pasar siete años para que una sentencia obligue a la Alcaldía de Marbella (Málaga) a hacer públicas unas alegaciones al Tribunal de Cuentas que el equipo de Gobierno del fallecido Jesús Gil no quiso proporcionar a la oposición en el 2000. Lo tendrán que hacer en un pleno extraordinario en el que se pondrá de relieve que, desde entonces, ha habido grandes cambios. Parte de los concejales que reclamaban esa información, como Kika Caracuel o Félix Romero, forman ahora parte del nuevo equipo de Gobierno de Ángeles Muñoz (PP) y otros, como la ex socialista Isabel García Marcos, están imputados en el caso Malaya contra la corrupción municipal.

Una sentencia del Tribunal Supremo ha dado dos meses a la alcaldesa para convocar el pleno en el que se informará de las alegaciones que el equipo del GIL presentó a los informes del Tribunal de Cuentas entre 1991 y 1999. Como no tienen toda la documentación, tendrán que recurrir al antiguo asesor jurídico municipal, el abogado José María del Nido, encargado de elaborar estas reclamaciones en aquellos años.

Aunque el 8 de noviembre del 2000 el Ayuntamiento de Marbella celebró el pleno, el equipo de Gobierno no facilitó la información a la oposición a propuesta del alcalde accidental. "Se acordó que no era procedente entregar a los grupos de la oposición la documentación solicitada y que tampoco procedía hablar de las alegaciones al Tribunal de Cuentas", recoge la sentencia. Entonces, los concejales del grupo popular y socialista lo denunciaron, dispuestos a agotar todas las instancias. Entre fallos y recursos de los beligerantes servicios jurídicos del Ayuntamiento de Marbella, el proceso judicial ha llegado hasta el Tribunal Supremo, que acaba de ratificar una sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

"Aunque a nivel operativo no tenga mucha trascendencia, será interesante conocer las alegaciones que el Ayuntamiento presentó en su día", asegura Muñoz. Se da casi por seguro, que la documentación no reparará muchas sorpresas -el sumario del caso Malaya incluía numerosos informes de trabajo del Tribunal de Cuentas-aunque sí servirá para conocer cómo empezó a fraguarse un escándalo que siete años después ha terminado con más de un centenar de imputados. Desde entonces, el Tribunal ha abierto 17 procedimientos por alcance contable y varios procedimientos penales.