En libertad con cargos el ex jefe de Policía de Benalmádena por las subastas de coches

El ex jefe de Policía Local de Benalmádena (Málaga), Lázaro Bañasco, ha sido puesto en libertad con cargos de apropiación indebida y falsedad documental después de declarar como imputado en el segundo caso sobre irregularidades en la subasta de vehículos retirados por la grúa municipal destapado en la Costa del Sol. El alcalde Javier Carnero (PSOE) decidió ayer la suspensión de empleo y sueldo del policía -único imputado hasta el momento- como medida cautelar. El agente, responsable de la plantilla de Benalmádena en los últimos 12 años, mantiene que es inocente.

Javier Carnero ordenó que se le recortara el sueldo en 1.000 euros al cesarle como jefe

Durante la mañana de ayer, la Guardia Civil registró por segunda vez dependencias policiales y solicitó nueva documentación relacionada con adjudicaciones de vehículos. El juzgado nº 1 de Torremolinos ha decretado el secreto de las actuaciones. Fuentes consultadas indicaron que el caso lleva abierto al menos dos años y que se están examinando subastas desde 2004.

Hasta el momento, los investigadores han requisado numerosa documentación y cuatro coches que estaban aparcados en dependencias municipales. Tres de ellos, un Audi A3, un Volkswagen Golf y un Audi a6, eran utilizados por las patrullas de paisano, y el cuarto, un todoterreno de gran cilindradada, por el ex jefe de Policía Local imputado.

Según las fuentes consultadas, se investiga si se ocultaba el hallazgo de vehículos robados a sus dueños legítimos, para después sacarlos a concurso y lograr que fueran adjudicados al Ayuntamiento o terceras personas.

El inspector Bañasco, de 56 años, ha sido jefe de la Policía Local de Benalmádena en los últimos 12 años, tiempo en el que estuvo al frete del gobierno municipal Enrique Bolín, del Grupo Independiente de Benalmádena (GIB). El ex alcalde Bolín defiende la inocencia de su antiguo hombre de confianza y mantiene que él no intervenía en las subastas. "De eso se encargaba directamente el departamento de patrimonio del ayuntamiento", explica.

Según Bolín, en los últimos años se han hecho unas cinco subastas en el municipio, y en más de una ocasión, los jueces han reclamado información a Bañasco sobre los coches retirados. "Incluso hubo sus más y sus menos con la Policía Nacional, porque se quejaban de que la Policía Local cogía los coches y ellos no", añade. Aún así, el ex alcalde puntualiza que, cuando se trataba de vehículos robados, "siempre se ponían a disposición judicial".

Hace escasamente dos semanas que el nuevo alcalde, Javier Carnero (PSOE), retiró el poder ejecutivo a Bañasco y nombró como nuevo coordinador al oficial Antonio Palomo. "Bañasco llevaba más de 11 años como intendente en comisión de servicios, y sólo se puede estar dos años así. No podía mantenerle en una comisión de servicio ilegal", argumenta el regidor socialista.

La medida acarreó una bajada de 1.000 euros del sueldo del policía, que no fue suspendido como jefe del cuerpo, pero sí apartado de sus funciones ejecutivas, según fuentes municipales. Junto a él, otros siete agentes de Policía Local han sido devueltos a sus categorías originales por orden del nuevo alcalde. Según el regidor, en los últimos años no se habían cubierto las plazas de mayor rango mediante el sistema tradicional de la oposición, sino mediante ascensos provisionales que se mantenían de forma indeterminada.

El agente Bañasco no quiso hacer declaraciones ayer por recomendación de su abogado. Durante la mañana, se reunió con el regidor y le aseguró que es inocente. Fuentes cercanas al policía mantienen que "está tranquilo".

La trama destapada "tiene similitudes" con la descubierta en Marbella, según fuentes de la investigación. En aquella ocasión, también resultó implicado el ex jefe de Policía Local Rafael del Pozo y otros dos agentes. Según el juez, que abrió una pieza separada para juzgar estos delitos, subastaban coches sustraídos y procuraban que los concursos quedaran desiertos para después utilizarlos en el consistorio. También están acusados de esconder los coches en depósitos municipales durante largas temporadas, de forma que los gastos de almacenaje se disparaban. Cuando comunicaban a sus dueños el paradero de los vehículos, renunciaban a ellos por no pagar tales cantidades y lograban que el consistorio quedara a su cargo.