Un mes y sin saber

Ha pasado un mes del gran apagón de Barcelona y estamos donde estábamos. Sabemos qué pasó, pero no sabemos por qué. Han comparecido en el Congreso o en el Parlamento de Cataluña el ministro de Industria, Joan Clos; el presidente de Fecsa Endesa, Manuel Pizarro; el de Red Eléctrica Española, Luis Atienza; los consejeros catalanes de Obras Públicas y de Economía, Joaquim Nadal y Antoni Castells, respectivamente, y, aparte de facilitar una auténtica avalancha de datos sobre inversiones y de pasarse unos a otros la responsabilidad de lo sucedido, ninguno de ellos logró explicar por qué se produjo ese corte de luz que afectó a 350.000 ciudadanos. La Comisión Nacional de Energía ha exigido a las eléctricas que en 10 días presenten nueva información porque la que han aportado es insuficiente para determinar de quién fue la culpa o con qué sanción debe cargar. Todo ello significa que, como pronto, el dictamen de la comisión no estará listo hasta finales de septiembre. Y ahí surge el problema que agobia a ciudadanos y políticos: si no se sabe cómo y por qué sucedió, no se podrá evitar que se repita.

La subestación eléctrica del paseo de Maragall de Barcelona no estará funcionando con normalidad hasta febrero de 2008. Por eso permanecen 75 generadores en diversos puntos de la ciudad, desconectados pero listos para entrar en funcionamiento en cualquier momento. Fecsa Endesa se ha comprometido a restablecer inmediatamente la electricidad si se produce un nuevo apagón, pero los ciudadanos ya no se creen nada. Para la empresa, el último corte de luz, el pasado miércoles, de casi dos horas que afectó a 1.400 vecinos del barrio de Gràcia fue una incidencia menor. Y de hecho lo es, pero para el propietario del pequeño restaurante que perdió 1.500 euros porque se fueron los clientes, no.

La palabra que más repiten estos días políticos y directivos de las eléctricas es "paciencia". Pero no logran tranquilizar ni recuperar la confianza de los ciudadanos, que se sienten cada vez más frustrados y e irritados. El apagón es un episodio grave que se inscribe en un verano negro en el que se han producido tremendos problemas en las infraestructuras en Cataluña: averías en Cercanías, colapsos en las autopistas, maletas que tardan hora y media en llegar en el aeropuerto de El Prat. La gente está indignada, y los políticos, preocupados. No hay que olvidar que las elecciones generales están a la vuelta de la esquina, lo que ha llevado a anunciar una batería de medidas.

El Gobierno catalán prepara para septiembre una ley para controlar mejor a las eléctricas y exige a Fecsa Endesa que presente antes del 15 de octubre un plan de inversiones y mantenimiento. El Ministerio de Fomento ha puesto en marcha un plan de choque y ha creado el Centro de Coordinación de Operaciones Ferroviarias. El número dos del ministerio, Víctor Morlán, se ha instalado en Barcelona para controlar de cerca el funcionamiento de Cercanías y la llegada del AVE. Todo esto es el presente y el futuro inmediato. A largo plazo aparece una nube muy preocupante: Barcelona necesita una red mallada. Lo dijo el presidente de Fecsa Endesa, Manuel Pizarro, en su comparecencia en el Parlamento catalán. Y, aparte de solucionar los problemas actuales, es necesario empezar a hablar de cómo evitar los que se apuntan en el futuro. ¿Qué, cuándo y cómo se va a hacer, y cómo se va a pagar? España no puede permitirse que renquee así Cataluña, una de sus locomotoras económicas.