Mandato a los medios

El Partido Socialista ha remitido al resto de los grupos parlamentarios el borrador del Mandato-marco que regirá el funcionamiento de la nueva radiotelevisión pública en España durante los próximos nueve años. El texto está inspirado por la intención de reforzar la independencia de los medios públicos frente al Gobierno de turno, convirtiéndolos en un auténtico servicio del Estado y desterrando su condición de instrumento en manos del partido en el poder. Ninguna fuerza política podía contestar abiertamente la necesidad de desvincular la radio y la televisión públicas de los intereses del Ejecutivo sin quedar en evidencia, y de ahí que ésta haya sido una de las iniciativas de calado que se han llevado a cabo con el acuerdo de los principales partidos, pese al clima de enfrentamiento que viene caracterizando a la legislatura.

El borrador de Mandato-marco, que deberá discutirse en el próximo periodo de sesiones, delimita un espacio en el que los profesionales de la información puedan realizar su trabajo de acuerdo con las prácticas que exige su tarea en una sociedad democrática, sin interferencias de los poderes político o económico y, por tanto, conjurando en gran medida los riesgos de manipulación. Trata de corregir, además, algunas de las tendencias que se han consolidado durante los últimos años dentro y fuera de España, como es la proliferación de la telebasura, preocupante en los medios de cualquier titularidad pero inaceptable en los que dependen del Estado. Consciente de la influencia de los mensajes de la televisión sobre la infancia, adopta garantías para dificultar el acceso de los menores a contenidos que, por su naturaleza, pueden influir negativamente en su formación.

Es más que discutible, sin embargo, la inclusión en el articulado de una referencia a la "obligación" de que los medios de la Corporación contribuyan a "la construcción de la identidad y la vertebración de España como país", por más que se establezca la cautela de reconocer "la existencia de las diversas nacionalidades y regiones que la integran". No es evidente que la televisión pública deba cargar con semejante responsabilidad, y proclamarlo con esa solemnidad puede dar argumentos a los funcionarios de la identidad: por ejemplo, a aquellos que pretendían exigir a los medios públicos o privados de su comunidad que contribuyeran a dar "una visión catalana del mundo".

No es una pugna entre concepciones de la identidad y la vertebración lo que debe favorecer el sistema democrático, ni entre los partidos de ámbito estatal ni entre éstos y las fuerzas nacionalistas. La aprobación de este artículo sólo contribuiría a introducir en el debate político algo que debería quedar rigurosamente al margen: la idea de que se es ciudadano de un país porque se asiente emocionalmente a una identidad, no porque se es un sujeto de derechos y deberes pactados en las instituciones. Derechos y deberes entre los que se encuentra el de informar y ser informados con rigor y veracidad, como establece el artículo 20 de la Constitución.