Lagier es detenido por el 'caso Ivex'

El empresario Jean Luc Marie Lagier, condenado por la sección quinta de la Audiencia de Valencia a cinco años de cárcel por una estafa de 3,5 millones de euros al Instituto Valenciano de la Exportación (Ivex) y por falsificación documental, fue detenido el pasado 20 de julio en los alrededores de París y será trasladado en breve a España para que ingrese en prisión. Sobre él pesaba desde el pasado noviembre, como sobre el que fuera director del Ivex y condenado en la misma causa, José María Tabares, una orden internacional de busca y captura.

Lagier permanecía en paradero desconocido desde que el pasado noviembre la Audiencia de Valencia ordenara su ingreso en prisión para cumplir una pena de cinco años impuesta en 2005 por los delitos de estafa y falsificación documental por los que fue juzgado junto a José María Tabares, ex director general del Ivex, que también fue condenado y es, igualmente, prófugo de la justicia en este momento. El empresario francés fue detenido el pasado 20 de julio por la policía gala. Iba acompañado de su esposa, se le intervino documentación diversa y se remitió a las autoridades españolas el expediente. En breve, será puesto a disposición de la justicia española, según un comunicado difundido ayer por el Ministerio del Interior.

La sección quinta de la Audiencia de Valencia, tras un largo juicio que se inició en enero de 2005 y en el que declararon varios consejeros del Gobierno valenciano ligados al Ivex, consideró probado que Tabares y Lagier fueron responsables de una estafa a través de letras falsas. La trama se inició en 1995, cuando el grupo Ford España expuso su interés por abrir su mercado de exportación de vehículos a Túnez. Se suscribieron para ello distintos documentos entre el Ivex, que dirigía Tabares, Ford y una proveedora tunecina, propiedad de Lagier. La participación del Ivex era como avalista del intercambio de mercancías. En virtud de esa relación, se generaron una serie de letras de empresas que aparecían como proveedoras o intermediarias y estaban dirigidas por Lagier, letras que luego no fueron satisfechas por el Ivex, generando así una deuda con los bancos que avalaron las transacciones. La estafa se cuantificó en más de tres millones y medio de euros.

Las empresas de Lagier, en teoría, compraban material en el país norteafricano y lo vendían al Ivex, para que éste a su vez lo revendiera a otras compañías francesas o belgas también dirigidas por Lagier, con el objetivo de generar derechos de exportación para la Ford. El empresario reconoció en el juicio que, después de que en 1996 se evidenciara una deuda de 3,5 millones de euros a consecuencia del impago de letras por el contrato vigente desde un año antes, firmó letras a través de su empresa Sonotube. El Ivex las avaló con el compromiso de que serían abonadas por otras firmas (la matriz J2L y Graficom) aunque luego ese pago no se realizó y los bancos reclamaron al Ivex el dinero. Todas esas empresas tenían a Lagier en la cúpula directiva.

Tabares siempre atribuyó parte de la responsabilidad a la supuesta presión ejercida por Ford en aquel momento para mantener la planta de Almussafes y señaló que fue la multinacional la que insistió en la intermediación del Ivex para que favoreciera la generación de derechos de compensación que facilitaran las exportaciones de vehículos a Túnez -es decir en que comprara o invirtiera para que las autoridades tunecinas dieran licencias a Ford para la entrada de coches en el país-. Tabares, a quien ni siquiera la sección quinta ha podido entregar por exhorto a Sevilla, donde tiene fijada oficialmente su residencia, la orden de ingreso en prisión, mantuvo siempre que cuando conoció la deuda de Lagier propuso un mecanismo para que el Ivex no la titularizara, pero sin éxito.

Según Tabares, "despachaba" con el entonces consejero de Industria, Diego Such; el director general de Comercio, Joaquín Berenguer, y el secretario general de la consejería, Antonio Manteca, que eran presidente, vicepresidente y secretario del Ivex, y sobre la mesa estaba "el riesgo de perder una multimillonaria inversión de Ford". El ex director general del Ivex admitió la existencia de una póliza de responsabilidad civil que amparaba al consejo de administración del Ivex, incluido él, por valor de 2,5 millones de euros desde 1995 hasta 1999.

Ni las explicaciones de Tabares ni las de Lagier convencieron al tribunal. Cinco años de prisión a cada uno fue la condena. Desde el mismo día de la sentencia se inició un rosario de recursos que ha llevado el caso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que aún no se ha pronunciado.

Por otra parte, Tabares está imputado en una investigación judicial aún en curso: el caso Julio Iglesias, que afecta también de lleno al Ivex, en el que se investigan pagos injustificados al cantante. Declaró por exhorto en Sevilla el pasado año, cuando la condena que le afecta aún no era firme. Tabares está fuera de España, según fuentes próximas, en un país asiático con el que no hay tratado de extradición.