Almuñécar, al borde de la alerta sanitaria

Las más de 600 toneladas de basura acumuladas por la huelga de los trabajadores de la limpieza en Almuñécar (Granada) -los servicios mínimos sólo recogieron ayer 100 toneladas- y el calor volvieron a dejar la ciudad costera al borde de la alerta sanitaria. En estas circunstancias comenzó la negociación entre los trabajadores y la empresa. Anoche, la empresa aceptó acogerse al convenio provincial a partir del 1 de enero de 2008 y pagar parte lo adeudado a los trabajadores. Esto supondría para algunos empleados pasar a cobrar hasta un 40% más. Sin embargo, los trabajadores exigen el abono de todos los atrasos, lo que supondría el cobro de una media de 6.000 euros por persona.

El alcalde amenaza con rescatar la concesión del servicio de limpieza y despedir a los 80 trabajadores en huelga

La empresa de limpieza acepta acogerse al convenio provincial a partir de 2008 y pagar parte de la deuda a los empleados

Los feriantes cortaron la carretera N-340 en protesta tras la suspensión de las fiestas patronales por el paro

Los representantes de la empresa y los de los trabajadores se mantuvieron reunidos hasta altas horas de la noche en el Sercla (Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales de Andalucía) de Granada. Antes del encuentro, un portavoz de la compañía justificó su actitud en que la empresa no "tenía acapacidad económica" para asumir las condiciones salariales que reivindicaban los empleados. Según explicó este portavoz, El Mirlo resultó hace un año adjudicataria del servicio de recogida de basuras de Almuñécar por un periodo de 15 años. Pero hace tres meses, se pactó el convenio colectivo provincial del servicio de limpieza, que incluye mejores condiciones que el convenio local, como los pluses por nocturnidad y toxicidad que piden los empleados. Los trabajadores de la limpieza de Almuñécar tienen derecho a acogerse al acuerdo provincial, pero, según el representante de El Mirlo, la empresa no puede asumir todas las nuevas condiciones laborales.

Intervención del alcalde

La negociación se vió marcada por el alcalde, Juan Carlos Benavides (Convergencia Andaluza), quien, fiel a su estilo, convocó a la prensa por la mañana para acusar a los trabajadores ante lo que consideró "una huelga salvaje y frívola que causa molestias y desagrado a las más de 100.000 personas que habitan o visitan el municipio". Benavides amenazó a los 80 empleados de la empresa con rescatar la concesión y despedirlos.

Según el alcalde, "el Ayuntamiento tiene constancia de que la empresa está cumpliendo con todas sus obligaciones contractuales", por lo que afirmó "no entender" el motivo de la protesta. Lejos de tratar de llamar a la calma, Benavides embistió primero contra el comité de empresa, al que considera "un cáncer a extirpar" para Almuñécar, y contra la Junta de Andalucía. En su opinión, el Gobierno andaluz deja avanzar la situación por interés político cuando debería actuar "ante el estado de putrefacción de los residuos, que incluso hacen imposible la salida de algunas viviendas".

La Junta de Andalucía, sin embargo, se mantiene a la espera de que los inspectores que cada día analizan la situación consideren que la acumulación de basura pone en peligro la salud pública, algo que podría producirse en los próximos días si la situación continúa igual. La alerta sanitaria se activa si aparecen roedores, parásitos o mosquitos capaces de transmitir enfermedades. Si esto ocurre, la Junta debe ordenar la retirada de las basuras.

La intervención del Gobierno en un conflicto laboral estaría justificada para garantizar el derecho a la salud. Según Gerardo Ruiz Rico, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Jaén, aunque "no se trata de establecer jerarquías" entre dos derechos (a la huelga y a la salud), el derecho a parar "no se puede ejercer si eso supone un menoscabo importante a la salud del ciudadano". "Un derecho no se puede ejercer contra otro derecho", advierte Ruiz Rico, quien considera que la Junta "está legitimada" para actuar cuando considere que exista alerta sanitaria. Si se llega a este punto, "la Junta podrá tomar las medidas administrativas de oficio que considere oportunas", opina Ruiz Rico. "No creo que eso vulnerara el derecho a la huelga", añade. Lo que no podría hacer el Gobierno andaluz es obligar a trabajar a los empleados de la limpieza de Almuñécar. Si los trabajadores de la empresa El Mirlo se negaran a retirar la basura, lo normal, según fuentes de la Subdelegación del Gobierno, sería que el Ayuntamiento de Almuñécar contratase los servicios de otra empresa que, si fuera necesario, sería escoltada por las fuerzas de seguridad para que pudieran realizar su trabajo. La Subdelegación del Gobierno podría plantearse incluso la intervención del ejército para recoger la basura, una situación que ya se planteó en agosto de 2005 en Almería. Una huelga de limpieza dejó 3.000 toneladas de residuos en las calles de la capital, lo que llevó a la Junta a decretar la alerta sanitaria y al Gobierno a solicitar ayuda al ejército, aunque un acuerdo entre la empresa y los trabajadores evitó la intervención.

A la protesta laboral se unieron también los feriantes después de que el alcalde, por la mañana, volviera a ratificar la cancelación de las fiestas patronales, una decisión que no compartieron ni los feriantes ni muchos vecinos, ya que los huelguistas habían ofrecido incluir el ferial entre los servicios mínimos y retirar todos los deshechos que generase. "Sería frívolo disfrutar del ferial mientras frente a los hoteles hay montañas de basura", respondió Benavides.

La respuesta no convenció a los feriantes, que decidieron movilizarse. Trescientas personas se dirigieron al Palacio de la Najarra para recibir al alcalde a la salida de su rueda de prensa, pero Benavides ya se había marchado. Entonces, la comitiva se dirigió al Ayuntamiento, donde arrojaron basuras en la entrada y contra la fachada. Ya por la tarde, los feriantes cumplieron con su amenaza y cortaron dos veces la N-340, la única carretera que comunica Almuñécar con Motril, Granada y Málaga.