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Editorial:

UE y contaminación

La integración de los países ex comunistas del centro y este de Europa en la UE está resultando más accidentada que la de los Estados que fueron adhiriéndose al núcleo inicial en las décadas anteriores. Un sordo resentimiento aparece aquí y allí con motivos como la relación con Rusia -que consideran poco exigente en cuestiones como la energética o los derechos humanos-, la libertad de circulación de trabajadores o las políticas medioambientales. Esta última cuestión ha provocado que seis de esos países -Polonia, Hungría, República Checa, Eslovaquia, Hungría, Letonia y Estonia- hayan llevado a la Comisión Europea (CE) ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo por considerar injusta la asignación de derechos de emisión de dióxido de carbono que ha fijado Bruselas para los próximos cinco años.

Estos países argumentan que es discriminatorio que se les impongan unas limitaciones que no tuvieron que respetar las naciones occidentales en su propio desarrollo industrial. Por ejemplo, en la construcción de autovías: si se hubieran aplicado los niveles de exigencia medioambiental actuales, ni España ni Francia tendrían su actual red de comunicaciones, sostienen gobiernos como el de Polonia, que tiene un pleito abierto con Bruselas por una obra de ese tipo para la que no han presentado informe de impacto ambiental.

En relación al dióxido de carbono, la CE sostiene con datos que sus cálculos sí tienen en cuenta las proyecciones de crecimiento económico de los nuevos socios. Y, por ejemplo, se les ha asignado una cuota mayor para el comercio de emisiones que a los antiguos socios. En todo caso, la acción judicial de esos países supone un duro golpe a la credibilidad del ya tocado sistema de comercio de emisiones, que la propia Comisión piensa reformar este mismo año para subsanar importantes desajustes que han minado su efectividad.

La UE, como planteó en la última cumbre del G-8 en Alemania, pretende liderar la lucha contra el cambio climático, y convencer a grandes contaminadores como Estados Unidos -que acaba de convocar una cumbre sobre el tema a finales de septiembre- o China de que adopten compromisos vinculantes para frenar el calentamiento del planeta. Pero su autoridad queda muy comprometida si una parte de los socios se revelan con argumentos similares a los que emplean los países emergentes de otros continentes para negarse a aceptar compromisos de reducción de la emisión de gases contaminantes.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 6 de agosto de 2007