La esposa y un socio de Bravo niegan que participasen en el fraude a la Hacienda foral

Rosa Cobos atribuye el patrimonio que comparte con su marido a sus trabajos y varios créditos

Rosa Cobos, esposa del ex director de la Hacienda de Irún José María Bravo, y el socio de éste Pedro María Atristain, ambos imputados en el caso de la presunta estafa a las arcas forales, negaron ayer ante la juez que instruye el caso su participación en la trama que defraudó a la Hacienda guipuzcoana unos seis millones de euros. Cobos, quien declaró desconocer si su marido está involucrado en las actividades que se le imputan, aseguró que las numerosas propiedades que comparte con él fueron adquiridas con sus salarios y la ayuda de créditos bancarios. Atristain reconoció que se ha visto implicado por depositar toda su confianza en Bravo, aunque dejó entrever a los periodistas que ha sido engañado por su amigo y principal acusado.

A diferencia de Bravo, quien el pasado 11 de julio se acogió en su comparecencia ante la juez instructora, Almudena Ovejero, a su derecho a guardar silencio, su socio y amigo Pedro María Atristain y su esposa, Rosa Cobos, optaron por prestar declaración y defendieron su inocencia.

Ambos se enfrentaron a las preguntas de la juez y de los letrados de las partes personadas en el procedimiento, entre ellos los que representan a las Juntas Generales y al sindicato abertzale LAB, y los defensores de los otros dos imputados: el propio Bravo y la funcionaria de Hacienda Pilar Gracenea. Sorprendentemente, a las diligencias no asistió ningún representante de la Fiscalía, que fue quien activó la causa por la presunta estafa multimillonaria. Tampoco asistió en esta ocasión el letrado de la Diputación de Guipúzcoa.

El primero en declarar fue Atristain, quien llegó al Juzgado de Instrucción número 2 de Irún acompañado por su abogado. Su comparecencia se prolongó durante algo más de dos horas. El imputado respondió a todas las preguntas que le formularon tanto las partes como la titular del juzgado.

En la denuncia presentada por la Fiscalía de Guipúzcoa a finales del pasado mes de abril, el nombre de Atristain figura como socio de José María Bravo en las empresas Servicios Inmobiliarios Urdanibia SL y Urdanibia Asesores SL, ambas radicadas en Irún.

El escrito del ministerio público también hace constar que Atristain adquirió en abril de 2000, junto al presunto cerebro de la trama, la sociedad Ulki. En una cuenta de esta firma en Bankoa fueron ingresados entre mayo de 2001 y enero de 2003 "varios de los cheques que correspondían al pago de liquidaciones tributarias que deberían haber sido liquidadas en la Hacienda de Guipúzcoa".

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Atristain tuvo que aclarar todas estas conexiones con la red que cobraba ilegalmente deudas de contribuyentes y que en su mayor parte nunca fueron entregadas en la Hacienda foral. Ante la juez, Atristain negó en repetidas ocasiones que tenga relación con el supuesto fraude encontrado en la oficina tributaria de Irún.

Al finalizar su comparecencia, no quiso realizar declaraciones ni desvelar el contenido de su testimonio por indicación expresa de su abogado, aunque aseguró a los periodistas que negó "hasta 20 veces" estar implicado en el entramado dirigido por el ex director de la Hacienda de Irún. También dejó entrever que se ha visto engañado por su socio. Con un gesto explícito, reconoció que Bravo le había involucrado en la trama.

Ninguna de las partes presentes en las diligencias quiso dar ningún detalle sobre los argumentos que empleó Atristain para defender su inocencia y negar cualquier responsabilidad con los hechos que se investigan. No obstante, durante su comparecencia afirmó que actuó en todo momento llevado por la confianza que tenía en su amigo y socio José María Bravo.

Mutismo

A continuación llegó el turno de Rosa Cobos, quien llegó sola a la sede de los juzgados. Con un rostro muy serio, en el interior del edificio se mantuvo en todo momento acompañada por la letrada que le defiende. Su declaración duró una hora y media aproximadamente, y de nuevo el mutismo absoluto de los presentes impidió conocer las claves de su declaración. Todas las partes se conjuraron para guardar silencio ante los periodistas.

Sólo trascendió que la esposa de Bravo se negó a contestar a las preguntas realizadas por el abogado de LAB. Justificó esta decisión en que la personación en el caso de esta central como acción popular fue recurrida tanto por Cobos como por su marido, quienes entendían que el interés en la causa del sindicato respondía únicamente a "fines electorales y políticos".

Fuentes conocedoras del caso aseguraron que Cobos trató de demostrar ante la juez que todo el patrimonio que comparte con su marido ha sido conseguido con los salarios de ambos y varios créditos bancarios. El matrimonio posee una vivienda unifamiliar y un hotel de lujo en Jerte (Cáceres), una finca en Jaca (Huesca), un inmueble en multipropiedad en Marbella y una plaza de garaje en Ávila, entre otros bienes. También prcisó a la juez que trabaja en la gestoría Urdanibia, donde cobra un sueldo mensual de 1.800 euros.

Explicó que el establecimiento hotelero se construyó en los terrenos de una casa familiar heredada por ella y que la inversión en Jerte ascendió a unos 600.000 euros, cantidad a la que hicieron frente mediante créditos y subvenciones de la Junta de Extremadura. Sin embargo, no supo precisar la cantidad en que fue vendida una mansión que poseían en la localidad vascofrancesa de Urrugne, que fue comprada con el dinero que obtuvieron por la venta de la vivienda anterior y otro crédito. En su declaración también negó tener relación alguna con las sociedades Roza Cabera y Corona de Castiello, en las que participa su marido y que fueron utilizadas para encubrir la procedencia ilícita del dinero defraudado a las arcas forales.

La juez instructora ha citado hoy a la cuarta imputada, Pilar Gracenea, quien era funcionaria de la oficina tributaria de Irún cuando su director era José María Bravo, con quien comparte además intereses en la correduría de seguros Udanibia.

En silencio y en prisión

El principal imputado en el presunto fraude de la Hacienda de Irún, José María Bravo, permanece en la cárcel de Martutene desde el pasado 11 de julio, fecha en la que la juez Almudena Ovejero, encargada de este caso, firmó la orden de prisión incondicional sin fianza. Su decisión ha sido después confirmada en todos sus extremos por la Audiencia Provincial, que no admitió recurso del imputado.

Bravo continuará en prisión hasta que decida comparecer de nuevo en el juzgado para prestar declaración. Lo hará, en todo caso, sabiendo lo que han declarado los tres imputados restantes.

El ex director de la oficina de Irún, hermano de Víctor Bravo -director de la Hacienda foral cuando ocurrieron los supuestos hechos delictivos y ex senador del PNV- está en prisión porque podría fugarse para eludir la acción policial y judicial. La juez también considera que, estando en libertad, Bravo podría destruir y ocultar determinadas pruebas cuando la investigación continúa abierta.

Según las últimas averiguaciones, Bravo podría haberse apropiado de alrededor de 1,7 millones de euros, que trató de ocultar a través de inmuebles y numerosas sociedades mercantiles, según el fiscal.

A las actuaciones practicadas se han incorporado recientemente nuevos expedientes irregulares, que elevan a unos seis millones la cantidad defraudada a la Hacienda foral. Entre los afectados por la trama dirigida por Bravo figura el de un contribuyente que saldó su deuda abonando una cantidad inferior a Bravo cuando éste ya estaba en excedencia.

Sobre la firma

Mikel Ormazabal

Corresponsal de EL PAÍS en el País Vasco, tarea que viene desempeñando durante los últimos 25 años. Se ocupa de la información sobre la actualidad política, económica y cultural vasca. Se licenció en Periodismo por la Universidad de Navarra en 1988. Comenzó su carrera profesional en Radiocadena Española y el diario Deia. Vive en San Sebastián.

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