El PSE advierte de que el anuncio de la consulta dificultaría su apoyo a los presupuestos de 2008

El PSE-EE advirtió ayer al Gobierno de que el anuncio de celebrar la consulta popular que persigue dificultaría su apoyo a los presupuestos de 2008.

Los socialistas lanzaron ese aviso por boca del secretario del Grupo Parlamentario, Oscar Rodríguez, que pidió al lehendakari, Juan José Ibarretxe, que despoje de todo carácter rupturista a las propuestas que plantee en el pleno de política general en septiembre, de modo que resulten integradoras y faciliten el entendimiento entre abertzales y autonomistas.

En ese contexto, Rodríguez señaló que el anunció de una consulta popular tendría un efecto contraproducente en la dinámica de entendimiento puesta en marcha entre el Gobierno y los socialistas en los dos últimos ejercicios, añadida a los muchos acuerdos alcanzados con el Gobierno central desde la llegada de José Luis Rodríguez Zapatero. El Ejecutivo ha sacado adelante con su apoyo todas las principales leyes y los presupuestos.

Si bien el acuerdo alcanzado en el Cupo y el presumible apoyo del PNV a los Presupuestos Generales permiten vislumbrar una situación pareja para las cuentas vascas en la Cámara autonómica, Rodríguez señaló que el anuncio de la consulta por parte de Ibarretxe "no ayudaría" al apoyo del PSE. "Esperemos que no venga con propuestas rupturistas que supongan saltarse la legalidad por la vía de los hechos", dijo.

Rodríguez recurrió a leer un párrafo del artículo escrito hace dos semanas por el presidente del PNV, Josu Jon Imaz, para expresar la postura de su propio partido. Imaz supeditaba en él la convocatoria de una consulta al logro previo de un acuerdo integrador entre nacionalistas y no nacionalistas sobre el marco jurídico, aceptado también antes por las Cortes.

El secretario del Grupo Socialista compareció para realizar un balance de la iniciativa legislativa del Gobierno, al que responsabilizó de estar haciendo "una mala gestión del autogobierno", por no abordar normas fundamentales, como la de Vivienda, la ley Municipal o la reforma de la Ley de Territorios Históricos, y de estar más preocupado por sus "obsesiones" identitarias que de los problemas de los ciudadanos.