Ventanilla de enredos
La Oficina Económica del presidente del Gobierno es un invento fracasado. Apenas cuatro años de legislatura han bastado para comprobar que sus funciones están mal definidas y que la Administración española no tolera los poderes encontrados, ni en el área económica ni en cualquier otra. Eso es exactamente lo que ha pasado desde 2004, que los asuntos económicos de la nación se han gobernado desde dos poderes, con mucha frecuencia, antagónicos: una vicepresidencia económica oficial, a plena luz, con un estilo calificado casi por unanimidad de prudente -aunque también podría definirse como de estupefacta pasividad- y una secretaría de Estado a la sombra del presidente del Gobierno, a la que el sentir general de la oposición atribuye maquiavélicas fechorías contra los empresarios aznaristas.
Algunos empresarios han descubierto que lo que se les resiste en los ministerios, en Moncloa se les puede conceder
La pintoresca disfunción de la Oficina no procede de la personalidad de sus ocupantes -hasta el momento Miguel Sebastián y David Taguas- y, faltaría más, muy poca atención hay que prestar a las acusaciones paranoicas de Mariano Rajoy, Miguel Arias Cañete, Vicente Martínez Pujalte y de otros destacados pensadores a grito pelado del PP. Nace de que es una pieza innecesaria de coordinación administrativa o política desde el momento en que la vicepresidencia económica del Gobierno está soldada al ministerio de Economía. La Oficina no tiene tareas regladas que desempeñar, actividades obligadas que ejecutar ni cuentas que rendir. Salvo las que se inventen sus responsables o las que le asigne el presidente del Gobierno. A nadie debería extrañar, por tanto, que la Oficina se haya convertido con el paso del tiempo en una ventanilla de enredos, casi todos ellos sustanciados de forma chapucera. Importa poco ya que la Oficina intentara esforzarse en organizar un Plan Nacional de I+D o que procurase orientar un programa coordinado de reformas; sólo se recuerda el griterío ensordecedor de la muchachada de Génova 13 sobre los dossieres contra Francisco González o la matraca de las supuestas presiones a la CNMV que Manuel Conthe, tan recio y honrado él, fue capaz de airear, pero no de resistir.
Con todo, la Oficina tenía oportunidad de sobrellevar una vida administrativa digna, ejecutando tareas grises, aunque útiles para el Gobierno, si el presidente Rodríguez Zapatero la hubiese manejado con prudencia y discreción. No ha sido así. En lugar de orientarla en la elaboración de informes, en la coordinación de políticas horizontales que escapan a la atención de los ministerios o en el perfeccionamiento de los estudios económicos y presupuestarios que tanto necesita la sociedad española, el presidente viene encargando a los responsables de la Oficina tareas de intermediación con empresarios y grupos económicos de presión que enturbian la gestión económica de Solbes y relegan a posiciones simplemente ridículas a ministerios de menos fuste político, como el de Industria. Si los presidentes de Endesa, Iberdrola, Telefónica, Acciona, Sacyr o BBVA tienen una idea que exponer, una sugerencia que plantear o una presión que imponer, el interlocutor natural y único debe ser la vicepresidencia del Gobierno o el ministerio correspondiente, es decir, la línea de mando. El tercer interlocutor disuelve la unidad de decisión y los canales nítidos de negociación tienden a sustituirse por el puenteo y la coacción institucionalizada.
Muchos empresarios han aprendido ya que lo que en Economía, Industria o Fomento se les niega, en Moncloa se les puede conceder. Valga como ejemplo del caos el caso de las subvenciones exorbitantes a la electricidad eólica. Si el staff de Industria negocia con dureza una reducción de los incentivos públicos, basta con recurrir a la Oficina para que todos los deseos de los audaces emprendedores sean concedidos y sus flujos de caja garantizados a costa de los consumidores hasta nueva orden.
Esta historia tiene dos moralejas. Primera: un Ministro de Economía menos tranquilo que Pedro Solbes hubiera desatado un conflicto político mucho tiempo atrás. Consta que con ocasión de la congelación de las tarifas eléctricas, uno de los casos clínicos que ha producido el virus de la confusión inoculado por la división de poderes económicos, el impávido vicepresidente consideró la posibilidad de dimitir. Segunda: la Oficina debe desaparecer en beneficio de la salud mental del equipo económico. Que muera en la próxima legislatura y se reencarne en una oficina presupuestaria del Parlamento.
