Un calvario triste de papeleo y silencio

Decían de él que cantaba como Antonio Molina. Su canción preferida, Carmen, el mismo nombre de la que ahora, desde el 3 de julio de 2006, es su viuda. Hipólito Muñoz era un hombre de fuerza. Con lo puesto se vino de Almodóvar a Valencia cuando el más pequeño de sus cuatro hijos apenas tenía tres años. Salió adelante y consiguió que cada uno se formara para poder escoger su vida. Se había jubilado un año antes. Tenía 66 años. Durante 15 fue profesor de escuelas taller.

Ella, de 64 años, fue empleada de hogar hasta el accidente. Su nieta estaba ingresada en El Consuelo, un hospital privado en el centro de Valencia, por una intoxicación de pescado. No revestía mayor gravedad pero María del Carmen le insistió en que fuera a verla. Hipólito no puso pegas. Más aún, aquel día se compró su primer abono de jubilado para el metro y lo estrenó entre Paiporta y Valencia. Fue al hospital, vio a la pequeña, le enseñó incluso el carné, y se marchó. Debió de caminar por las calles del centro en busca de unas zapatillas que le hacían falta. Y cuando calculó que llegaría a casa para comer, tomó el metro. Hipólito nunca llegó. Murió en el accidente que se cobró 43 vidas al descarrilar el metro en la entrada a la estación de Jesús.

"Aquí mueren 43 personas y 47 quedan heridas y a nadie se le mueve un pelo por no tener respuestas"

"Fue una tromba de cosas sin respuesta que tuvimos que indagar sin saber bien cómo ni dónde"

"Nuestro padre murió junto a 42 personas porque descarriló un tren. Sólo a las familias parece importarnos"

"Hemos pasado decenas de horas leyendo leyes, jurisprudencia del Yak, Biescas... porque nadie nos decía nada"

Aquel 3 de julio de 2006 murió Hipólito y empezó un calvario de papeleos, despachos, sellos, copias, silencios, plazos, informes... La familia tiene un pleito contencioso-administrativo con la Generalitat por la indemnización de 150.000 euros que les ha propuesto. Ahora estudian incorporarse al proceso penal, en el que ya están presentes otras 26 familias, que la titular del Juzgado de Instrucción número 21 de Valencia, Nieves Molina, reabrió el pasado 13 de junio, en respuesta a 10 recursos contra el archivo que decretó justo antes de la campaña electoral autonómica.

Hipólito Muñoz estuvo en el Instituto de Medicina Legal hasta que fue reconocido, como el resto de víctimas. "¿Después de eso, qué? ¿Qué hace uno? ¿La funeraria? ¿El seguro?", se pregunta su hijo Miguel Ángel. Lo enterraron, pero en un principio la Administración no pagó nada. Nadie les dijo que tenían derecho a ello. Nadie les dijo que su billete de metro, el bono, tiene un seguro. "Fue una especie de tromba de cosas sin respuesta que tuvimos que indagar sin saber muy bien cómo, ni dónde. Pero lo hicimos. Pensamos que nos lo irían contando todo, que alguien nos guiaría para hacer todo lo necesario. Pero no". Nadie les avisó del funeral de Estado. Juan Cotino, entonces consejero de Agricultura, dejó su tarjeta en el tanatorio con un saludo.

Han pasado decenas de horas con el abogado, "y otras tantas leyendo leyes, decretos, reales decretos, normativa europea, jurisprudencia de Biescas, del Yak, de todo, porque nadie nos decía nada", cuenta Miguel Ángel. Han reunido en una carpeta los documentos del caso. "Nadie vino a ayudarnos. De hecho, la psicóloga vino porque un primo nuestro habló con la Generalitat de Catalunya y desde allí avisaron aquí. Y luego sí, la verdad es que se portaron muy bien, incluso adelantaron una cita que tenía mi madre para el 2 de agosto porque la atención finalizaba el 31 de julio, cuando aún no hacía un mes del siniestro", relata Miguel.

Miguel Ángel y Santiago, otro de los hijos, han buscado con más ahínco las respuestas. La juez Nieves Molina abrió las diligencias el mismo día del accidente. Ordenó una reconstrucción virtual de lo ocurrido, fue aceptando progresivamente la personación de las familias, hasta 26. Pero no aceptó las pruebas que pedían que se practicaran. "No hemos entendido absolutamente nada. Lo lógico es que busques, busques, busques y busques hasta tenerlo todo claro. Aquí no. Aquí ha sido al revés. Aquí mueren 43 personas, 47 quedan heridas y a nadie se le mueve un pelo por no tener respuestas. El maquinista, fue el maquinista", dicen Miguel Ángel y Santiago. La juez encargó al técnico Andrés Cortabitarte la elaboración de un informe pericial sobre si el exceso de velocidad fue la causa del accidente. Nada sobre una evaluación de las medidas de seguridad, sobre la comparación con otras líneas de metro. Cortabitarte respondió a lo que se le preguntó: que las condiciones de la vía, del trazado y del convoy eran "aceptables" para la velocidad máxima recomendada, 40 kilómetros por hora. Pero en ningún momento se pronunció sobre si el accidente hubiera podido evitarse con la existencia de elementos de seguridad, como las balizas de frenado automático que después instaló Ferrocarrils de la Generalitat (FGV). "Fue frustrante", recuerda Miguel Ángel, "ya que el día que el perito compareció para ratificar el informe, la juez no dejó que los abogados preguntaran sobre nada que no fuera lo que ella había marcado como contenido del mismo". Y sin tiempo para reaccionar, de acuerdo con la fiscal, entendiendo que las explicaciones eran suficientes para concluir que la responsabilidad del accidente fue del conductor por exceso de velocidad, cerró el caso el 20 de marzo, con la precampaña electoral en marcha.

A María del Carmen le pesa haberle insistido tanto a su marido aquel día para que fuera a ver a la niña al hospital. Y le pesa que le pongan precio sin consideración. "Esto no es un accidente de tráfico". La primera carta que recibió la familia fue cinco semanas después del accidente. Se leía claramente una cifra: 60.000 euros. "Mientras tanto, aquellos tres primeros meses, hasta que creamos la asociación y empezamos a hablar, a intercambiar información entre nosotros, a saber qué abogado sabía de esto o de aquello, dónde se podían pedir unas ayudas u otras, fuimos con el dolor a todas partes y obtuvimos la callada por respuesta", relatan entre todos.

El pasado 13 de junio se abrió una puerta: la juez, tras los recursos de los letrados, reabrió el caso y modificó su contundente argumento para cerrarlo. El auto niega que exista responsabilidad penal pero admite que puede haber mal funcionamiento de un servicio público. "Podría cuestionarse la existencia de una responsabilidad política derivada de la falta de las inversiones necesarias", afirma ahora la magistrada. "De eso, también nos enteramos por la prensa. Pero nosotros, como casi todos, seguimos pensando que volverá a cerrarse en falso". Otros recursos están pendientes en la Audiencia Provincial. "Sólo sabemos que nuestro padre murió porque un vagón de metro descarriló", se quejan los hijos. "Otras 42 personas murieron con él. Pero sólo a las familias parece importarnos".