El Gobierno prepara una alternativa por si fracasa la ley electoral

El Gobierno catalán ya trabaja en un plan alternativo por si no hay acuerdo en torno a la ley electoral. El consejero de Gobernación, Joan Puigcercós, anunció ayer en un mensaje dirigido a Convergència i Unió que la falta de consenso no impedirá aprobar elementos de la ley como la junta electoral catalana. Este organismo se llamaría Sindicatura Electoral y asumiría las competencias que la Junta Electoral Central mantiene sobre Cataluña por falta de una ley electoral autonómica. Lo que no podría hacer esta junta es modificar el sistema de atribución de los escaños del Parlament, el verdadero caballo de batalla entre los partidos catalanes.

La Sindicatura Electoral asumiría competencias en el control de procesos electorales como las elecciones autonómicas, los referendos de ámbito catalán y las constituciones de entes como los consejos comarcales o el Conselh Generau d'Aran. La falta de un organismo de estas características ha sido motivo, según Puigcercós, de problemas y retrasos en los últimos comicios municipales.

Por la vía rápida

La Junta Electoral Central ha puesto importantes problemas a la hora de recontar los votos para la constitución de los consejos comarcales o para recontar votos en los terçons, los distritos electorales en los que se divide la Vall d'Aran. "La Junta Electoral Central se justificaba diciendo que estas divisiones no aparecen en la Constitución", señalaron ayer fuentes de Gobernación para justificar la prisa para poner en marcha la junta electoral catalana.

El Gobierno catalán podría aprobar con el único apoyo de los tres grupos del tripartito la creación de la junta electoral catalana. En cambio, PSC, Esquerra e Iniciativa necesitan el concurso de CiU para aprobar la ley electoral catalana. Esta ley, según el Estatuto, requiere del apoyo de los dos tercios de los diputados del Parlament.

Convergència i Unió ya mostró ayer su enfado por el anuncio de Puigcercós. El secretario de organización de CDC, Lluís Maria Corominas, se preguntó "por qué el Gobierno ya muestra este pesimismo cuando todavía no se ha comenzado a negociar la ley". Dijo, además, que la propuesta alternativa de Puigcercós "no resuelve ninguno de los problemas importantes que tenemos" en referencia a la distribución de los escaños.

La ley electoral promete ser uno de los caballos de batalla del próximo curso político. Puigcercós nombró ayer otras leyes que no estarán exentas de problemas. En otoño el Departamento de Gobiernción tendrá a punto el primer borrador de la ley territorial de Cataluña, que prevé la división del territorio en veguerías. Dos son los peligros que se ciernen sobre esta ley: la escasa voluntad de los socialistas para reconvertir su feudo de poder de la Diputación de Barcelona y los numerosos conflictos territoriales que puede acarrear la división en siete veguerías. La ley de organización territorial, prevista en el Estatuto, también comportará la modificación de dos leyes orgánicas, pues implica cambios en los partidos judiciales y en los límites provinciales.

La ley territorial vendrá acompañada de otras dos leyes que también pondrán a prueba la estabilidad del tripartito: la ley municipal y la de creación del área metropolitana de Barcelona.