Los testigos de Jehová estrenan en Madrid el carácter de 'notorio arraigo' de esta confesión

El 29 de junio de 2006, la Comisión de Libertad Religiosa en España pronunció dictamen favorable al reconocimiento de "notorio arraigo" de la confesión Testigos Cristianos de Jehová. El 16 de enero de 2007 el Gobierno comunicó formalmente a la representación de esta iglesia dicho reconocimiento. Este fin de semana miles de testigos se reunieron en el Palacio de Deportes de Madrid para celebrarlo con vistosas ceremonias y un bautismo masivo.

El primer bautismo de cientos de testigos mediante inmersión total en aguas de una piscina se celebró el sábado. Fue a las dos de la tarde. Cuatro horas antes se había iniciado la asamblea anual de esta confesión, que cuenta con unos 100.000 seguidores en España (6.700.000 en el mundo, con especial presencia en Europa y América del Sur). Familias enteras, personas de edad avanzada, jóvenes, inmigrantes y un grupo de cien ciudadanos de origen polaco asistían desde el viernes a la asamblea, que concluyó ayer por la tarde. También hubo en el mediodía del domingo ceremonia de bautismo de 70 nuevos fieles, en presencia esta vez de unos 12.000 correligionarios.

Por el Palacio de Deportes pasaron desde el viernes en torno a 28.000 testigos de Jehová, pertenecientes a las 229 congregaciones de la Comunidad de Madrid, según fuentes de esta iglesia. Durante los próximos meses se llevarán a cabo congresos similares en otras regiones. El de Cataluña (40.000 fieles) será los dos próximos fines de semana en el Palau Sant Jordi de Barcelona.

Los obstáculos

En España vienen disfrutando del carácter de "notorio arraigo" los protestantes, musulmanes y judíos. Ahora se unen los testigos de Jehová y los mormones. El reconocimiento, creación de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa, a finales de los años ochenta, es requisito imprescindible para entablar negociaciones con el Estado sobre temas de cooperación o financiación pública, derecho a enseñanza religiosa en las escuelas, etc.

La confesión católica siempre estuvo al margen de esa consideración oficial de "notorio arraigo". En realidad, la Iglesia romana, que fue durante la dictadura franquista la religión del Estado -con el calificativo de "sociedad perfecta" y todo tipo de privilegios tras haber apoyado desde el principio el golpe militar de 1936 que llevó al poder al general Francisco Franco-, nunca perdió gran parte de aquellos privilegios. Es más, sus jerarcas exigieron durante décadas la prohibición y persecución de las otras religiones. Sólo cejaron en sus empeños en 1966, obligados por la solemne proclamación por el Concilio Vaticano II de la libertad religiosa y de conciencia como uno de los derechos fundamentales de la persona.

Los testigos de Jehová actúan en España desde 1915 y cuentan ahora con algo más de 1.300 comunidades o congregaciones distribuidas en todo el país. En Andalucía tienen 161 locales de culto; 175 en Castilla y León, y 98 en Valencia. Perseguidos con saña por Hitler en Alemania, eran una confesión muy activa cuando el 2 de febrero de 1939 Franco declaró ilegales a todas las religiones salvo la católica. Algunos de sus dirigentes pasaron años en la cárcel y un joven testigo tinerfeño, Antonio Gargallo Mejía, fue incluso fusilado. Pese a todo, continuaron trabajando en la clandestinidad, lo que les permitió resurgir con fuerza tras la muerte del dictador.

La interpretación del concepto de "notorio arraigo" corresponde a la Administración, tras los informes técnicos pertinentes. En el caso de los testigos de Jehová ese proceso ha durado años y contado con pertinaces obstáculos. Todo ello pese a reiterados reproches de los tribunales de Justicia y el Constitucional contra gobiernos empeñados en decidir por su cuenta qué religión es buena y verdadera, y cuál mala y peligrosa. La Iglesia de la Unificación (los Monn) y la Iglesia de la Cienciología han pasado por esos avatares hasta ganar en largos pleitos su derecho a existir y funcionar legalmente.

El Gobierno negó a los testigos de Jehová los derechos reconocidos ahora con el argumento de que esa confesión "sostiene tesis, principios y normas de actuación contrarias al ordenamiento jurídico del Estado e, incluso, al orden público constitucional". Se aludía así a dos creencias específicas de los testigos: su negativa a la prestación del servicio militar o servicio militar sustitutorio y la no aceptación de transfusiones sanguíneas.