La paciente lucha contra la ilegalidad

Rafael Romero es inspector de la Policía Local de El Puerto de Santa María (Cádiz). En esta localidad, en la que existen unas 5.000 viviendas ilegales, en cada turno de trabajo una pareja de agentes patrulla por las zonas de proliferación de construcciones para evitar que el fenómeno vaya a más. Entre ellos se encuentra Romero, rondeño de 47 años. Lleva en la Policía desde 1988 y ha visto la evolución de la ciudad: "Las urbanizaciones nuevas surgen como hongos".

Romero y su compañero eligen cada día, sobre un mapa, una zona. Acuden, dan una vuelta, y si detectan alguna obra, hacen fotos y piden la licencia. "Normalmente, no la tienen, claro, porque son terrenos en los que no se puede construir, así que levantamos un acta de infracción". El inspector se enfrenta a caras largas. "No les hace gracia, claro, pero tampoco se enfrentan porque son conscientes de lo que hacen es ilegal".

Reconoce que su trabajo no es agradable. "Sabemos que la vivienda está muy cara, que es un problema para los vecinos, y muchos de los que se levantan casas ilegales lo hacen como primera residencia". También le ha tocado precintar alguna que otra vivienda. Hace sólo unas semanas desalojó a los vecinos de unas casas sobre las que pesa una orden de derribo, en un área conocida como Cantarranas. "Es duro echar a tres familias de sus casas cuando en la ciudad hay miles de viviendas igual de ilegales que las suyas", señala Rafael Romero.

Tampoco son bienvenidos los agentes cuando tienen que parar una obra por decreto del área de Urbanismo. "Son los momentos más conflictivos". Pero se sigue construyendo. "Nosotros levantamos infracciones, les llegan sanciones, pero como nunca se derriba nada, la gente tira para adelante".

Una observación en la que coincide Álvaro de Ory, responsable de Medio Ambiente y Urbanismo de la Policía Autonómica de Cádiz. "Notamos que existe más miedo que cuando comenzamos a trabajar en estos casos, a principios de 2003. Pero las peticiones de actuación nos llegan igual, no bajan, así que no sé hasta que punto la gente es totalmente consciente".

La Policía Autonómica sólo trabaja a instancia de la Fiscalía o de un juzgado. Cada año investigan unos 50 casos contra la ordenación del territorio con alrededor de 75 imputados. En muchas ocasiones, las pesquisas acaban con imputaciones por otros delitos como falsedad documental, desobediencia a la autoridad, estafa o prevaricación.

Ory asegura que le gusta su trabajo, pese a que los frutos de sus investigaciones no se han visto hasta ahora. El primer juicio por caso urbanístico basado en el trabajo de la Policía Autonómica se juzgó en junio, cuatro años y medio después de que comenzara a funcionar este servicio.

Romero y Ory no son los únicos que se dedican a la vigilancia urbanística en la provincia, aunque en la mayoría de las poblaciones no existen agentes destinados exclusivamente a estas tareas. La Guardia Civil destina tres personas al control urbanístico, y en Chiclana, por ejemplo, tres agentes patrullan diariamente por las zonas de crecimiento de la población. Pero el trabajo da para muchos más.

"Cuando nos llaman de un lugar, por el camino vemos otras muchas construcciones ilegales. Incluso quienes sufren una inspección nos alertan de que no son los únicos y nos reprochan que no investiguemos otras viviendas. A nuestro regreso, todas las obras están cerradas y no queda nadie. Nos han visto y saben que podemos volver a por ellos". No es que hayan aprendido la lección. Más bien es una estrategia para evitar la sanción. A los pocos días, la obra volverá a estar en funcionamiento. Ni Sísifo lo tuvo tan difícil.