Detenido el ex subdelegado del Gobierno en Barcelona por favorecer a mafias rusas

Eduard Planells, subdelegado del Gobierno en Barcelona hasta hace un mes, fue detenido ayer bajo sospecha de haber tramitado expedientes de extranjería irregulares para favorecer a empleados de una mafia georgiana desarticulada en junio de 2005. El arresto se produce después de un año de investigaciones, que incluyen comprometedoras grabaciones telefónicas y análisis de decenas de expedientes. Las pesquisas apuntan indicios del inusitado enriquecimiento de algunos de los miembros de la trama de funcionarios, también arrestados, que presuntamente dirigía Planells.

Prevaricación, cohecho y falsedad documental. Ésos son los cargos que pesan sobre el ex subdelegado del Gobierno en Barcelona Eduard Planells, que fue detenido en la capital catalana por su presunta vinculación con algunos miembros de la mafia rusa investigada en España por distintos delitos. La sospecha de los investigadores es que Planells tramitó decenas de expedientes a favor de empleados de la mafia georgiana, tanto como subdelegado como desde su anterior puesto de coordinador de Extranjería.

Planells llegó a rubricar la concesión de permisos de residencia a los dirigentes de dicha trama a pesar de que contaban con antecedentes penales, incluso con delitos de sangre, historial que debía haberles vetado dicha concesión. Ese es el caso del máximo capo de esta red desarticulada en junio de 2005, Tariel Oniani, que escapó de la redada policial.

Oniani no es el único delincuente regularizado en la Subdelegación del Gobierno en Barcelona. La investigación ha descubierto decenas de expedientes irregulares y se apoya en grabaciones telefónicas que evidencian el papel de intermediario que desempeñaba Eduardo Planells en tales favores.

En la misma operación, ordenada por el Juzgado Central número 4 de la Audiencia Nacional, también fueron arrestados dos funcionarios del servicio de extranjería de la misma subdelegación del Gobierno, un trabajador del consulado ruso en Barcelona y el responsable de una gestoría del municipio de Terrassa a través de la cual se tramitaban supuestamente de manera irregular permisos de residencia para extranjeros relacionados con actividades delictivas.

Planells abandonó la subdelegación del Gobierno en Barcelona el pasado 18 de junio y al día siguiente empezó a trabajar como director de administración de la Comisión Nacional del Mercado de Telecomunicaciones, con sede en Barcelona.

Seis registros

Durante toda la mañana, Planells, detenido a la salida de su casa, participó en algunos de los seis registros que se realizaron en el archivo de expedientes de extranjería de la Subdelegación del Gobierno. La Policía y la Guardia Civil -ambos cuerpos se han turnado en esta investigación- registraron también los domicilios de los otros arrestados: Gerardo González Bilbao y Carmen Carballada Arias, funcionarios de la subdelegación; Víctor Ambiela Montón, empleado en el consulado ruso y el español de origen marroquí Elamin Akhazzan, quien, según la policía, empleaba los contactos que tenía con los dos primeros para lograr los permisos de residencia para los ciudadanos extranjeros vinculados a la mafia rusa.

Este último, según los datos de la investigación, compartía negocios y sociedades con González Bilbao tanto para la gestión de trámites de extranjería como de tipo inmobiliario. De hecho, dicho funcionario no sólo posee un destacado patrimonio inmobiliario sino que, a través de su socio marroquí, planeaba invertir en dicho país. Por su parte, Ambiela administra y preside una sociedad dedicada a la adopción de niños rusos. Las investigaciones apuntan aquí un nuevo fleco de corrupción: existen indicios de que tiene contratada a una persona que, a su vez, tiene comprados a responsables de orfanatos y a jueces rusos que le facilitan su labor de captación de niños. Alterna tal labor con negocios inmobiliarios. Igualmente, hay indicios de que ha intervenido en la obstrucción de extradiciones de mafiosos rusos con falsos documentos.

La operación policial se llevó a cabo a instancias de la Fiscalía Anticorrupción. Se trata de las diligencias 9/2007, una pieza separada de la conocida como Operación Avispa que realizó la Policía en junio de 2005. Aquel fue uno de los mayores golpes contra el blanqueo de dinero asestado por la policía española a la mafia georgiana y se saldó con la detención de 28 personas en Barcelona, Alicante y Málaga, amén de 45 registros. La policía explicó entonces que existían tres grupos criminales. El más importante de ellos lo dirigía Tariel Oniani y uno de sus hombres de confianza era Malchas Tetruashvili -imputado ahora en esta tramitación irregular de permisos-, el dueño de un entramado de empresas de hostelería en Barcelona que pasó varios meses en prisión preventiva por aquellos hechos.

El juez Fernando Andreu, que instruye las diligencias 194/2005 de la Operación Avispa, se ha referido en diversos autos a las "ramificaciones políticas" de la mafia rusa, aunque hasta ahora no se había concretado esta alusión. Los investigadores confían en desentrañar nuevos elementos de este manto protector político que utilizó la mafia georgiana en Cataluña. Las filtraciones hace meses de las pesquisas policiales sobre esta trama de funcionarios retrasaron los frutos de una investigación que Anticorrupción y el juez Andreu alentaron en paralelo a la Operación Avispa.

El Delegado del Gobierno en Cataluña, Joan Rangel, explicó ayer que cuando propuso a Eduard Planells para el cargo de subdelegado del Gobierno en Barcelona en 2004, no lo conocía, y que se lo recomendaron por su eficiencia en la gestión del colapso de Extranjería.