Detenidas 17 personas en otra operación contra las viviendas ilegales en El Puerto

Una nueva operación policial contra las viviendas ilegales en Cádiz ha dejado, hasta el momento, 17 detenidos. Todos ellos son propietarios de casas construidas en dos cañadas de El Puerto de Santa María afectadas por la ley de vías pecuarias. Miguel Ángel López Marchena, titular del Juzgado número 3 de esta localidad y responsable de la investigación, indaga también la implicación de constructores y arquitectos. La Policía Autonómica sospecha que se pudieron utilizar certificados falsos para tratar de legalizar los terrenos, como los detectados en Chiclana.

La última operación policial se ha desarrollado en dos zonas distintas de El Puerto. En la cañada de Villarana los agentes autonómicos detuvieron a nueve personas. Los dueños de estas casas fueron acusados por ser los supuestos promotores e invadir el trazado de la cañada en un paraje sobre el que existe un proyecto parcial de deslinde realizado en 1998. Los nueve arrestados están en libertad con cargos tras ser oídos en declaración. Las indagaciones en esta zona se dan por cerradas.

En la cañada del Verdugo los detenidos fueron ocho, también propietarios y promotores de las construcciones irregulares. Se encuentran igualmente en libertad con cargos tras prestar declaración.

La Policía Autonómica comprobó que, aunque no existe deslinde de la cañada, una actuación necesaria para conocer exactamente el límite de la vía pecuaria, sí había un procedimiento de deslinde datado en 1931, que incluía la señalización topográfica de la cañada. Aquí la investigación sigue abierta. De hecho, en los próximos días o semanas se espera la apertura de una nueva fase que determine la responsabilidad de constructores y arquitectos técnicos que pudieron participar en estas obras.

Según explicó ayer el inspector jefe del grupo operativo del área de ordenación del territorio y medio ambiente de la Policía Autonómica en Cádiz, Álvaro de Ory, hay sospechas de que las viviendas contaran con certificaciones de obra falsas firmadas por arquitectos y aparejadores para que esas casas pudieran ser legalizadas. Es el mismo método utilizado por la trama que la Guardia Civil ha comenzado a desmantelar en Chiclana dentro de la operación Obra Nueva, que, hasta ahora, ha implicado a 24 personas. "En una primera fase hemos detenido a estas 17 personas, que son propietarios y promotores de las casas. Con toda la documentación que tenemos, iniciaremos después una segunda fase para conocer la implicación de constructores y arquitectos", detalló De Ory.

El inspector jefe de la Policía Autonómica relató ayer que este cuerpo de seguridad lleva descubriendo estas prácticas de certificaciones falsas desde hace cuatro años. "Hemos detectado casos en varios municipios aunque, principalmente, en Chiclana y en El Puerto de Santa María", concretó. Esta práctica permite a los dueños de las casas poder legalizar sus viviendas aunque hayan sido levantadas en suelo no urbanizable. La táctica es falsificar el certificado de obra para declarar la existencia de viviendas, muchas de ellas ficticias, y manipular su antigüedad para hacerla superior a cuatro años, que es el plazo suficiente para que el delito urbanístico prescriba. En el caso de las cañadas este método no sería válido ya que la ley 3/95 establece que las vías pecuarias son inalienables, por lo que no se pueden enajenar, e imprescriptibles, por lo que no pueden prescribir en su catalogación.

Ecologistas en Acción había denunciado en numerosas ocasiones ante el Ayuntamiento la proliferación de casas en estas cañadas. También habían criticado la dejadez municipal.