La ayuda de 2.500 euros por nacimiento de hijo se pagará a partir de diciembre
Únicamente se beneficiarán de la prestación los nacidos o adoptados desde el 3 de julio
El Consejo de Ministros aprobó ayer el proyecto de ley que regula la prestación económica de 2.500 euros por nacimiento o adopción. Se beneficiarán de la medida, con carácter retroactivo, todas las familias que hayan tenido un hijo, natural o adoptado, desde las cero horas del 3 de julio, el día en que el presidente José Luis Rodríguez Zapatero anunció el cheque bebé durante el debate sobre el estado de la nación. La vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, concretó ayer que la prestación se empezará a cobrar a partir del próximo diciembre.
El Gobierno ha solicitado la tramitación parlamentaria del proyecto por el procedimiento de urgencia, con el objetivo de que la nueva ley entre en vigor en noviembre. Fernández de la Vega anunció, durante la comparecencia posterior al Consejo de Ministros, que las solicitudes pueden empezar a presentarse desde el próximo lunes, 16 de julio.
El Gobierno espera que, gracias a un sistema de ventanilla única que aprovecha los sistemas que ya se usan para otras prestaciones, la mayoría de los pagos solicitados hasta el momento de la aprobación de la ley se harán efectivos el mes siguiente, es decir, en diciembre. Las solicitudes que se presenten después de que se apruebe la ley se pagarán al mes siguiente del nacimiento o de la adopción de los hijos, según detalló Fernández de la Vega.
El impreso para solicitar el llamado cheque-bebé estará disponible en las oficinas de la Agencia Tributaria y la Tesorería General de la Seguridad Social y podrá descargarse de las páginas web de ambos organismos (www.aeat.es y www.seg-social.es). El Gobierno pondrá en marcha, también a partir del lunes, dos números de teléfono de información.
La nueva prestación de 2.500 euros es universal -se concede independientemente del nivel de renta de las familias- y acumulativa, es decir, que se suma a las ayudas que ya conceden el Estado y las comunidades autónomas. Por ejemplo, las mujeres que tienen derecho a los 100 euros mensuales que da el Gobierno a las madres trabajadoras durante los tres primeros años de vida del niño recibirán el primer año 3.700 euros en concepto de ayudas directas, resultado de sumar ambas prestaciones.
La ayuda se articulará, previsiblemente, mediante una deducción fiscal cuyo abono lo adelanta el Estado, el mismo sistema con el que se paga actualmente la ayuda de 100 euros.
En el caso de los partos múltiples, la prestación de 2.500 euros se multiplica por el número de hijos. Las familias en las que nazcan gemelos recibirán 5.000 euros; las que tengan trillizos, 7.500 euros; en el caso de cuatrillizos, 10.000 euros, y así sucesivamente.
Madres extranjeras
Pueden acceder a la prestación, que consiste en un único pago, las familias españolas y las extranjeras con residencia legal en España. En este último caso, tendrán que acreditar haber vivido en el país al menos durante los dos años anteriores al nacimiento o la adopción.
Los ministerios a los que atañe esta nueva ayuda, el de Trabajo y Asuntos Sociales y el de Economía y Hacienda, barajaron en una reunión previa al Consejo de Ministros la posibilidad de hacer retroactivo el cheque de 2.500 euros al 1 de enero de 2007. Tras analizar la viabilidad económica de ese adelanto, que supondría un coste adicional de 600 millones de euros, se decidió mantener la fecha inicial.
El presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, afirmó ayer en una entrevista en Canal Sur Radio recogida por Europa Press que es "lógico" que el ministro de Economía, Pedro Solbes, esté a favor de mantener la fecha del 3 de julio, ya que "el papel de los ministros de Economía es controlar las cuentas y el equilibrio entre ingresos y gastos, porque el déficit en unos presupuestos no es bueno y puede causar inflación".
El proyecto de ley que regula prestación incorpora una disposición específica para el País Vasco y Navarra, que disponen de régimen fiscal propio, con el que la ayuda tendrá carácter "no contributivo" en estas comunidades, informa Efe.
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