La Comisión de Telecomunicaciones declara la guerra a Bruselas por invadir sus competencias

La CMT le ha declarado formal y oficialmente la guerra a la Comisión Europea por la multa que le impuso a Telefónica de 152 millones de euros por su abuso de dominio en el mercado de acceso a Internet.

La CMT cree que la actuación de la Comisión Europea afecta a su deber de regular en beneficio de los usuarios

La compañía española espera una respuesta más firme del Ejecutivo de Zapatero contra la sanción

El regulador solicita al Gobierno español que pida al Tribunal de Luxemburgo la anulación de la multa de Telefónica

La Comisión del Mercado de Telecomunicaciones (CMT) le ha declarado formal y oficialmente la guerra a la Comisión Europea por la multa de 152 millones de euros que impuso a Telefónica por abuso de posición dominante en el mercado de acceso a Internet. Y lo ha querido hacer solemnemente mediante un consejo del que ha salido una resolución insólita: la petición al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero de que interponga un recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea pidiendo la anulación de la multa contra la operadora.

Con la resolución acordada ayer, la CMT va mucho más allá que el propio Gobierno, que sólo ha realizado tibias declaraciones contra la mayor sanción impuesta nunca a una compañía de telecomunicaciones. De hecho, el Ejecutivo aún no se ha pronunciado sobre si recurrirá o no la multa, limitándose a señalar, por boca del ministro de Industria, Joan Clos, que irá al Tribunal de Luxemburgo "sólo si se puede ganar" y sólo "si se demuestra que hubo un trato discriminatorio frente a otros países".

La CMT realiza esta petición al Ejecutivo porque en los procesos que sigue el Tribunal de Luxemburgo contra las decisiones de la Comisión sólo pueden personarse la empresa condenada y el Estado al que pertenece. Telefónica, la primera parte en discordia, sabe que ha encontrado un aliado valiosísimo en la CMT pero está muy preocupada por la tibieza de la respuesta del Gobierno y su indefinición. Aunque oficialmente no digan nada los portavoces, en la sede central de Gran Vía esperan ansiosamente una repuesta firme de Moncloa ante la mayor multa impuesta nunca a una empresa española.

El Gobierno estudia con cuidado el asunto, porque se culpa a Telefónica de que el ADSL sea en España un 20% más caro y llegue a un 20% menos de población que en Europa. El Ejecutivo no quiere que defender a Telefónica suponga ir contra los usuarios.

Indemnizaciones

Francia es el Estado más combativo contra las decisiones de la Comisión contra sus empresas y se ha personado en asuntos como la prohibición de fusión de Schneider y Legrand, en la que el Tribunal de Luxemburgo ha fallado en favor de las empresas y ha condenado a la Comisión a indemnizarlas. Fuentes de Telefónica señalan que se plantean también pedir una indemnización si gana su recurso.

Bruselas, atendiendo a una denuncia de France Télécom, acusa a Telefónica de abuso de posición de dominio por no dejar margen de beneficio suficiente a sus rivales en el mercado de la reventa del ADSL, al cobrarles unos precios mayoristas muy altos, entre septiembre de 2001 y diciembre de 2006. Pero la CMT considera que la intervención a posteriori de las autoridades de Competencia colisiona con la actuación previa de la propia CMT, que autorizó esos precios. La CMT cree que esa colisión sólo puede resolverse bien por la vía de la cooperación entre autoridades o, dado que esta no se ha producido, por la decisión del Tribunal de Justicia de la UE.

El organismo que preside Reinaldo Rodríguez considera que la decisión de Bruselas presenta irregularidades y manifiesta que la Comisión Europea "nunca ha requerido de manera formal" la cooperación de la CMT. "El procedimiento empleado vulnera el principio de cooperación leal con las administraciones nacionales que el derecho originario y la jurisprudencia comunitaria exigen a las instituciones comunitarias, entre sí y con los Estados Miembros".

La CMT cree que la decisión comunitaria "afecta seria y profundamente a sus funciones de regulación" y compromete sus objetivos de regular a favor de los usuarios e incentivar la competencia sostenible a medio plazo en el sector mediante el desarrollo de redes propias por otros operadores.

Ya en un plano más técnico, la CMT se pregunta cómo puede la Comisión sancionar por los precios del servicio indirecto mayorista (la reventa de ADSL) cuando se trata de "un servicio inexistente en muchos Estados miembros y que la CE no ha exigido nunca su regulación al entender que no es determinante para el desarrollo competitivo de sus mercados".

El regulador, tal vez para salir al paso de las acusaciones veladas de los operadores alternativos de que está escorado hacia Telefónica, señala que su decisión "responde estrictamente a la defensa de la legalidad comunitaria" y "es absolutamente independiente de las consecuencias que la decisión haya tenido para los intereses privados del operador afectado, cuya defensa no corresponde ni puede corresponder a esta Comisión".

Malestar en Bruselas

Precisamente ayer, la Comisión Europea advirtió del riesgo de fragmentación del mercado europeo de telecomunicaciones por las diferentes soluciones que las autoridades nacionales están aplicando para combatir la falta de competencia. Tras conocer la resolución de la CMT, el portavoz de Competencia, Jonathan Todd, se limitó a comentar que "la decisión de la Comisión Europea estaba bien fundamentada jurídicamente", informa Andreu Missé.

Fuentes próximas al Ejecutivo comunitario manifestaron su disgusto por la reacción del regulador español en contra de Bruselas. Estas fuentes mostraron su sorpresa sobre todo porque la comisaria de Competencia, Neelie Kroes, había elogiado explícitamente la actuación de la CMT en este asunto. La postura de Bruselas es que una cosa es la regulación sectorial y otra las actuaciones de la autoridad de Competencia. Cumplir las normas de la CMT no exime de multas si se infringe la normativa de Competencia.