El jefe de la trama de Irún vuelve a prisión tras no declarar y agravarse sus delitos

El principal imputado en el fraude de la Hacienda de Irún, José María Bravo, volvió a ingresar ayer en la cárcel de Martutene tras negarse a declarar ante la juez que instruye el caso. La orden de prisión incondicional fue adoptada a petición de la Fiscalía y ante la aparición de nuevos indicios que "agravan notablemente la importancia del delito" cometido por el ex director de la oficina tributaria de Irún. La juez considera "especialmente llamativo" el caso de una deuda de 220.000 euros cobrada por Bravo cuando ya estaba en excedencia y su correspondiente anulación en la Hacienda foral.

El procedimiento judicial abierto contra Bravo experimentó ayer un giro inesperado tras su decisión de acogerse al derecho a no prestar declaración en el juzgado. Adujo dos motivos para guardar silencio: "el volumen de las actuaciones y la incorporación tardía a la causa de su letrado", quien "no ha tenido tiempo material" para estudiar las diligencias, según consta en el acta de declaración del imputado. Acto seguido, el fiscal Javier Larraya solicitó la prisión incondicional sin fianza, que justificó por la aparición de nuevos expedientes fiscales irregulares en los que podría estar implicado Bravo, la "alarma social" que ha generado el caso y la existencia de "riesgo de fuga".

El abogado del acusado, Jesús Urraza, argumentó que no hay razones legales ni constitucionales para acordar la privación de libertad sin juicio de su defendido ni existe peligro de fuga, por lo que pidió que se le mantenga en libertad condicional. Los letrados de la Diputación de Guipúzcoa y de las Juntas Generales, que ejercen la acusación particular, no se opusieron a la petición del fiscal.

En ese momento, la juez Almudena Ovejero, encargada de la instrucción de la supuesta estafa millonaria cometida en la Hacienda de Irún, acordó el reingreso en prisión de Bravo. En el auto, defiende esta medida por la relevancia de los "indicios de criminalidad" que implican al imputado. Recuerda la juez que Bravo, director de la Hacienda de Irún entre 1995 y abril de 2004, ingresaba en sus cuentas particulares cantidades económicas coincidentes con las que entregaban los contribuyentes deudores. Estas sumas de dinero nunca llegaron a las arcas forales.

Sólo estas conductas, sostiene la juez, pueden ser elementos suficientes para imputarle a Bravo sendos delitos continuados de malversación de caudales públicos y de falsedad en documento oficial. En la misma línea argumental que el fiscal, la instructora del caso menciona la aparición de cerca de diez expedientes correspondientes a "nuevos perjudicados", que aumentarían el dinero defraudado a la Hacienda y el apropiado por la trama dirigida por Bravo.

Según el ministerio público, con esta decena de nuevos casos el jefe de la trama pudo embolsarse la cifra aproximada de 704.000 euros, con lo que la suma total estafada superaría los dos millones de euros. En estos supuestos, Bravo empleaba la misma mecánica: negociaba una rebaja del importe de las deudas con los contribuyentes, recibía pagos en metálico o en cheques, entregaba un justificante de embargo y la baja de insolvencia, sin que en la Hacienda guipuzcoana constaran el ingreso de tales sumas de dinero. A falta de una actualización, la Diputación calculó que las arcas forales han dejado de ingresar al menos cinco millones de euros.

La jueza considera "especialemente llamativo" el caso de un contribuyente que pagó 220.000 euros en 2004 en el "propio despacho de Bravo" (la asesoría Urdanibia), pese a que "en esa época el imputado se encontraba en excedencia" como funcionario de la Hacienda. Bravo incluso le dio un justificante de pago escrito en un papel con el encabezamiento y el logo de la asesoría.

Indicios contundentes

Esta práctica, dice en el auto, podría ser constitutivo de "un delito de estafa de los considerados de especial gravedad". Con todo, concluye que los indicios que inculpan a Bravo "son más graves y contundentes" que los que valoró en su anterior auto de prisión del 18 de mayo, en el que la juez le envió a prisión bajo fianza de 400.000 euros. La cantidad fue entregada en el juzgado por su familia tras permanecer 26 días en la cárcel.

La jueza vuelve a ordenar su ingreso en prisión, esta vez sin condiciones, al considerar que los nuevos expedientes irregulares pueden "agravar notablemente la importancia del delito". Respecto a la posibilidad de fuga, asegura que Bravo ha comparecido en el juzgado los días 1 y 15 de cada mes, pero recuerda que el riesgo de huir de la acción de la justicia "es inherente en sí a cualquier delito especialmente grave". Además de la alarma social que alegaba el fiscal, la jueza apunta que "tampoco es desechable" la posibilidad de"ocultar parte de las pruebas", como documentación y dinero, si se mantiene al cerebro de la trama en situación de libertad condicional.

José María Bravo, que accedió por la puerta principal al Palacio de Justicia acompañado por su abogado y en medio de una amplia presencia de informadores, abandonó las dependencias horas después desde el garaje del edificio, sin que pudiera ser captado por las cámaras el momento en que era conducido a Martutene.

Durante su comparecencia en el juzgado, Bravo se limitó a seguir el consejo de su letrado para negarse a declarar. Sólo intervino al final, cuando se le comunicó su reingreso en prisión. En relación al riesgo de fuga, el presunto estafador pidió que se tuviera en cuenta su "arraigo social" y alegó que tiene una esposa, dos hijos en edad escolar y que acude al trabajo de forma regular desde que se inició el procedimiento.

En las diligencias también estuvieron presentes los abogados de los tres restantes acusados -su esposa Rosa María Cobos, la funcionaria de Hacienda Pilar Gracenea y su socio Pedro Atristain- y el letrado José María Elosua, en representación del sindicato LAB, que actúa en la causa como acusación popular.