Bravo consiguió que Hacienda anulara una deuda tributaria tras haber cesado en Irún

El presunto cerebro de la millonaria estafa cometida en la Hacienda de Irún, José María Bravo, deberá prestar declaración hoy ante la juez del caso y responder de las graves imputaciones que pesan sobre él. Está acusado de los delitos de estafa, malversación de caudales públicos, uno continuado de falsedad en documento público y otro de blanqueo de capitales. Bravo consiguió que Hacienda registrara como insolvente a un contribuyente al que cobró personalmente una deuda tributaria, cuyo importe se quedó, cuando ya había dejado de ser responsable de la oficina de Irún-

La declaración de Bravo ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Irún se produce casi dos meses después de ser imputado y encarcelado provisionalmente por la juez encargada del caso. Está acusado de ser el máximo responsable de la trama que realizaba cobros ilegales a deudores desde la Hacienda de Irún y estafó al menos cinco millones al erario público.

El ex director de la oficina tributaria de esta localidad entre 1995 y abril de 2004 está imputado por los delitos de estafa, malversación de caudales públicos, uno continuado de falsedad en documento público y otro de blanqueo de capitales. Estos ilícitos penales podrían suponerle, en su conjunto, penas de entre seis y 21 años de prisión. La magistrada no descarta incluso considerar el de falsedad documental como prevaricación. El procedimiento penal abierto incluye también como acusados a Pilar Gracenea, Pedro Atristain y María Rosa Cobos, la esposa de Bravo.

Según consta en la denuncia presentada por la Fiscalía de Guipúzcoa, mientras fue director de la delegación de Irún, Bravo recabó los nombres de contribuyentes morosos con la finalidad de "contactar con ellos, negociar la deuda y requerirles su pago, normalmente, en cuantía inferior a la debida". Recibía el dinero en metálico o en cheques, que "ingresaba en su cuenta", bien "de forma directa o a través de empresas de las que era administrador o copartícipe". La magistrada añade en su escrito de acusación que Bravo, por último, "declaraba extinguida la deuda, así como la insolvencia del contribuyente y la prescripción del crédito" fiscal con la Hacienda foral.

La Diputación guipuzcoana sostiene que estas operaciones fraudulentas permitieron a Bravo y sus colaboradores en la trama embolsarse 1,5 millones de euros. El importe que la Hacienda guipuzcoana ha dejado de ingresar por estas actuaciones ilícitas asciende a cinco millones de euros.

Irregularidades

En total, la Fiscalía ha remitido al juzgado 35 expedientes irregulares de deudores que se vieron involucrados en estas prácticas. Entre estos se encuentra el de un moroso que pagó parte de su deuda en mayo de 2004, cuando Bravo ya no dirigía la Hacienda de Irún. El abono lo hizo en la asesoría fiscal Urdanibia, propiedad de éste, quien le firmó un documento con el membrete de ésta como comprobante del pago. Pese a estar fuera de la oficina de Irún, Bravo logró que en los ordenadores de Hacienda se incluyera la declaración de insolvencia del empresario.

La cabeza visible de este entramado fraudulento se habría servido de al menos 16 sociedades mercantiles y 14 bienes inmuebles para "encubrir la procedencia ilícita del dinero" obtenido y asegurarse su aprovechamiento. Bravo es propietario de una mansión en la localidad vascofrancesa de Urrugne y de un hotel de lujo con Spa y piscinas en Jerte (Cáceres), además de una vivienda unifamiliar y varias fincas ubicadas en este municipio extremeño; dos apartamentos en Marbella, dos fincas rústicas en Jaca (Huesca) y una plaza de garaje en Ávila. También es administrador y posee participaciones en una docena de empresas en total. En algunas de estas sociedades e inmuebles, también figura como propietario su hermano Víctor Bravo Durán, que era director general de la Hacienda foral cuando supuestamente ocurrieron los hechos y que renunció a su cargo como senador del PNV a mediados de mayo pasado, tras estallar este escándalo.

El presunto cerebro de la trama será interrogado por todos estos hechos. La vez anterior se acogió a su derecho a no declarar ante la juez, quien dictó un auto de prisión bajo fianza de 400.000 euros. Bravo permaneció 26 días en la cárcel de Martutene, de donde salió el pasado 12 de junio, después de que sus familiares hicieran efectiva dicha cantidad.