Absuelto un acusado de someter a inmigrantes a jornadas agotadoras

La inasistencia al juicio de los testigos protegidos ha propiciado la absolución de Florencio P. S., acusado de mantener en condiciones de esclavitud a decenas de inmigrantes. Se enfrentaba a una petición del fiscal de tres años de cárcel. Según la fiscalía de Madrid, cada vez son más los juicios que se suspenden o acaban en absoluciones porque los testigos, tras un tiempo escondidos, huyen antes del juicio por temor a las mafias.

El juez de Madrid Ignacio Bigeriego no ha tenido más remedio, ante la falta de pruebas, que absolver a este reo. El fiscal le acusaba de someter a los inmigrantes que contrataba a "jornadas agotadoras" de hasta 14 horas diarias, y de pagarles ridículas mensualidades "de entre 300 y 400 euros". La principal prueba de cargo contra él, los testigos, no fueron al juicio. Y, además, están ilocalizables. Y no se trata de un caso aislado: "Últimamente se están suspendiendo muchos juicios y absolviéndose a acusados porque los testigos protegidos temen represalias y no val al juicio", señalan fuentes judiciales.

En su sentencia, el juez Bigeriego detalla las graves imputaciones que hacía el fiscal, pero las da "como no probadas". Y lo argumenta en que "los testigos protegidos 1 y 2 no han comparecido a las dos sesiones del juicio celebradas y, al hallarse ambos en ignorado paradero". Sin estos testigos, las imputaciones de la Guardia Civil contra Florencio P. S. "carecen de contenido incriminatorio", destaca el juez.

Tanto el fiscal como los agentes subrayaron que Florencio se dedicó hasta septiembre de 2003 a reclutar a inmigrantes extranjeros para ponerles a trabajar en obras como vigilantes de seguridad. Les tenía empleados por sueldos de entre 300 y 400 euros al mes. Y no sólo eludió darlos de alta en la Seguridad Social: además, los sometía a jornadas extenuantes de 14 horas diarias. Además, les obligaba a entrar de servicio un viernes por la tarde y los tenía vigilando las obras todo el fin de semana, hasta el lunes. Y si se dormían o se despistaban, les ponía multas económicas que restaba del ya de por sí reducido sueldo. En esta situación mantuvo a decenas de inmigrantes nigerianos, ecuatorianos y ucranianos en distintas obras de Madrid, según la fiscalía.

Todo esto lo descubrió la Guardia Civil tras convertir en testigos protegidos a dos trabajadores que delataron sus angustiosas vivencias laborales. La semana pasada también hubo que suspender en Madrid un juicio por trata de blancas porque las testigos y víctimas, receptoras de las vejaciones, no fueron al juicio. Y están ilocalizables.

Informe de la fiscalía

La Fiscalía de Madrid critica en un informe la ineficacia de la actual normativa sobre protección de testigos: "Combatir a las redes del crimen es extraordinariamente difícil. Y cuesta encontrar personas que se atrevan a colaborar con la policía o con la justicia por temor a ser represaliados, bien ellos mismos o sus seres queridos, y la sociedad no puede pedirles comportamientos heróicos". La fiscalía añade: "El Estado debe preocuparse por las víctimas, dándoles seguridad y reparando los daños materiales e incluso emocionales y morales". Según la fiscalía, darles seguridad "es lo que pretendía la Ley de Protección de Testigos de 1994", pero hoy en día, ésta ha quedado "totalmente obsoleta y su reforma es un clamor".

Ahora, las medidas vigentes se centran en "en mantener en secreto la identidad del testigo" y, en algunos casos, "facilitarles ayuda e incluso cambio de identidad, pero sólo hasta que concluye el proceso judicial". Estas medidas "por sí solas son insuficientes", según la fiscalía, porque la ley "carece de una visión integral de la protección que abarque aspectos procesales, seguridad física, protección familiar, social...".

La fiscalía describe otras necesidades de estos testigos: "Hay que proporcionarle, además de lo anterior, una vida digna para él y su familia, y por un tiempo superior a la duración del proceso judicial, a diferencia de lo que sucede ahora, que se mantiene al testigo escondido hasta que declara en el juicio y después, en el mejor de los casos, se le entrega algo de dinero para que desaparezca. Y luego todo el mundo se desentiende de lo que pueda sucederle".

Y concluye: "Sería deseable crear un organismo único en la Administración del Estado, con presupuesto propio y que, con sujeción a un protocolo de actuación individualizado, realice una evaluación de las medidas de protección tanto físicas como asistenciales".