El precio de Delphi

Después de cuatro meses de protestas sindicales, agitación callejera, acusaciones cruzadas y solemnes advertencias de las autoridades autonómicas, la multinacional estadounidense Delphi, la Junta de Andalucía y los sindicatos han llegado a un acuerdo para cerrar la planta de la compañía en Puerto Real. El acuerdo se aproxima a lo que podría ser un modelo de deslocalización controlada: Delphi pondrá 120 millones de euros para pagar las indemnizaciones de la plantilla, asumirá unos 200 millones de deuda y traspasará a la Junta de Andalucía los activos de la compañía en la bahía gaditana. La empresa norteamericana abandona España después de un duro conflicto laboral, pero lo hace a un alto precio.

Sin embargo, las lecciones que deben extraerse del caso Delphi exceden las valoraciones que puedan hacerse del acuerdo final. La más importante es que las autoridades españolas deberían contar con un protocolo de actuaciones para el caso de deslocalización de una inversión extranjera. Esa guía debería establecer qué pasos administrativos y judiciales se aplicarán cuando la Delphi de turno anuncie que quiere renunciar a su producción en España; y, sobre todo, en qué orden. El manejo de los tiempos en la negociación y el turno riguroso de los actores que deben incorporarse a ella es fundamental para conseguir que la empresa se quede o tenga que ofrecer contrapartidas.

La gestión política del caso Delphi ha sido embarullada y a ratos histérica, con demasiadas voces reclamando el papel principal en la solución del problema. El tratamiento correcto de las deslocalizaciones no puede ser el de garantizar a toda costa todos los puestos de trabajo, con nombres y apellidos, sino el de procurar una sustitución natural de la inversión que mantenga o incluso mejore el nivel general de empleo en cada zona afectada.

Si las administraciones públicas quieren combatir los efectos de la fuga de inversiones, lo más eficaz es la prevención. Se trata de organizar centros de gestión capaces de negociar la instalación de proyectos que sustituyan las inversiones que deseen mudar de domicilio. Al fin y al cabo, no es tan difícil identificar las empresas instaladas en España que pueden optar por otros países menos onerosos fiscalmente o con mano de obra más barata.