Descubierto el coladero de Barajas

Tres trabajadoras del aeropuerto de Barajas decidieron sacar un suculento sobresueldo. Aprovecharon las tarjetas de identificación para moverse a sus anchas por la terminal T-4 e introducir así a inmigrantes de manera ilegal en España. Las tres mujeres, que han sido arrestadas por la Comisaría General de Extranjería y Documentación, pertenecían a una banda formada por 10 personas, que se movía entre Madrid y Bilbao, según informó ayer la Dirección General de la Policía.

Las tres trabajadoras eran una empleada de limpieza y dos dependientas de las tiendas del duty free (libre de impuestos) de la T-4. La forma en la que actuaban siempre era la misma. La organización tenía su sede en Bilbao. Los responsables contactaron con personas de las zonas de Bogotá y Cali, en Colombia, que quisieran venir a trabajar a España. La organización cobraba a los interesados entre 3.000 y 5.000 euros para entrar en el país.

Las detenidas llevaban a los extranjeros a través de pasillos destinados al personal autorizado

Las arrestadas son una trabajadora de limpiezas y dos dependientas

La entrada ilegal se hacía siempre a través del aeropuerto de Madrid-Barajas. Los colombianos siempre eran enviados a la sala de tránsito, donde esperaban en la sala de tránsito para volar a Tel-Aviv. Ahí, es donde entraban en acción las tres empleadas de Barajas. Se trata de la colombiana Mónica Marcela G. G., de 22 años; la española de origen ecuatoriano María Diana J. O., de 35 años, y la ecuatoriana, Ana Lucía C. P., de 26.

Las tres contaban con sus correspondientes tarjetas de identificación emitidas por Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA, el ente que dirige Barajas). Con estas tarjetas podían moverse por las cuatro terminales del aeropuerto sin levantar sospechas.

Mónica Marcela era, según la policía, la persona de confianza del jefe de la organización. Era la que recogía el dinero que los inmigrantes y los familiares de éstos les daban para pagar el viaje. También hacían labores de contravigilancia para evitar ser descubiertos por los servicios policiales y de seguridad del aeropuerto, según fuentes policiales.

Cuando Mónica Marcela recibía el aviso de que había llegado algún inmigrante colombiano con destino a Tel-Aviv y que estaba en la zona de tránsito de la T-4, llamaba a las otras dos mujeres que acudían a esta zona.

María Diana y Ana Lucía recogían al inmigrante y, a través de los pasillos destinados al personal autorizado por Barajas, llegaban al apeadero del tren que une ambos edificios de la terminal. Y desde allí, a la salida. De esta forma, evitaban el control de pasaportes de la policía y conseguían entrar en España sin tener la documentación necesaria, según fuentes del caso.

Los inmigrantes que conseguían superar el paso fronterizo abonaban en el acto 2.000 euros a los integrantes de la organización que acudían a recogerlos. El resto, hasta completar los 5.000, se comprometían a pagarlos en varios plazos.

La policía inició las investigaciones las pasadas navidades a raíz de la denuncia de una de las clientas de la organización. Ésta entregó un dinero para que entrara en el país un familiar, pero este último no lo logró, según fuentes del caso. Por ello, decidió acudir a la policía y denunciar el caso. A partir de ese momento se convirtió en testigo protegido.

Los agentes de la Brigada Central contras las Redes de Inmigración, perteneciente a la Comisaría General de Extranjería y Documentación, iniciaron las investigaciones hasta identificar a todos los miembros de esta banda. Las detenciones de los 10 integranes se produjo esta semana de manera simultánea en Durango (Vizcaya) y en Madrid. Los policías arrestaron in fraganti a los integrantes de la banda cuando intentaban introducir a un grupo de inmigrantes.

Fuentes del caso no supieron precisar el número de personas que habían entrado en España a través de esta organización ilícita, aunque apuntaron que el número podría ser "muy alto". Desconocían desde cuando estaba operando esta red.

Según la policía, el máximo responsable de la organización era José D. Z. A., de 35 años y natural de Pereira (Colombia). Residía en Durango y mantenía frecuentes contactos con los captadores de su país. Además coordinaba el viaje de los ilegales y la preparación de los pases clandestinos desde la zona de tránsito de Barajas hasta el exterior. Para ello contaba con la ayuda de su esposa Dora María O. E., de 44 años, y su cuñado Luis Fernando O. E., de 48. Ambos controlaban y dirigían al resto del grupo destinado en Madrid a través de varios terminales telefónicos.

La policía hizo cuatro registros en domicilios de Madrid, Alcalá de Henares y Durango. Se incautaron 6.560 dólares americanos, 1.610 euros, siete millones de pesos colombianos, copias de billetes de avión, resguardos de ingresos en diversas oficinas de cambio y recibos de cantidades anticipadas a cuenta a nombre de varias personas.

En las detenciones también intervinieron agentes de la comisaría del aeropuerto de Barajas y de las Brigadas Provinciales de Extranjería de Bilbao y Ávila.