Casi la mitad de los ayuntamientos no tienen reservas de suelo público

El síndic de greuges, Rafael Ribó, pidió ayer a los ayuntamientos catalanes que hagan un mayor uso del patrimonio público de suelo para construir vivienda social. Ribó presentó en el Parlament un informe de vivienda realizado a partir de las quejas recibidas y de una encuesta de la fundación Un Sol Món, de Caixa Catalunya, que afirma que el 46,2% de los 41 ayuntamientos de más de 10.000 habitantes preguntados no ha constituido su patrimonio municipal de suelo y vivienda.

El 48,7% de los ayuntamientos encuestados sí tiene reservas para edificar vivienda pública y el 5,10% no respondió. Inventariar el suelo procedente de las cesiones (el 10% que deben entregar los privados) y ponerlo a disposición de políticas públicas de vivienda es una obligación de los ayuntamientos de acuerdo con la nueva Ley de Urbanismo, apunta el director de Ordenación del Territorio y Relaciones Locales del Síndic, Matias Vives. Antes, recuerda, los consistorios solían vender este suelo.

La razón que explica que casi la mitad de los ayuntamientos no cumplan con esta obligación es que todavía trabajan con Planes Generales de Ordenación Urbana antiguos y no tendrán que realizar las reservas hasta que redacten los nuevos Planes de Ordenación Urbana Municipal. El síndic también instó a los consistorios para que agilicen los trámites y para fijar calendarios en la vivienda social.

Ribó, que el año pasado ya emitió un informe centrado en el asedio inmobiliario, afirmó que el estudio de 2007 obedece a que el asunto de la vivienda "es una preocupación social" y a que las quejas al respecto aumentan "año tras año". Recibió 132 en 2005 y 207 en 2006. El síndic comparó los problemas de la vivienda con la percepción del paro que se tenía en los años ochenta. "El derecho a una vivienda digna está reconocido en la Constitución y en el Estatuto, pero hoy es un derecho inaccesible para mucha gente", dijo.

En opinión del síndic, para resolver el problema "es precisa una implicación seria de todos los actores, desde las administraciones hasta los privados". La voluntad del informe de 2007, El derecho a la vivienda: obstáculos y límites, es "incidir en las políticas públicas". Ribó insta a las administraciones para que potencien el alquiler social, que implanten una ventanilla única de solicitudes, que den prioridad al sorteo como forma de adjudicación y que apuesten por la rehabilitación y el control del parque de viviendas existente. Algunas de estas medidas están previstas en la Ley por el Derecho a la Vivienda que está en el Parlament, pero Ribó declinó ayer comentarla precisamente porque está en trámite.