Las pruebas médicas a afectados del uranio se extienden a 300 ex mineros de Jaén
La asociación de trabajadores teme nuevas demoras a sus peticiones de hace 17 años
Los 35 miembros de la asociación de ex trabajadores de la Fábrica de Uranio de Andújar (FUA) se han sometido ya en hospitales de Jaén a las pruebas médicas ordenadas por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales como exigencia previa para que se les reconozca como enfermedad profesional las patologías derivadas de las radiaciones ionizantes que sufrieron durante los 22 años que permaneció abierta la fábrica. Sin embargo, la decisión del ministerio de ampliar las pruebas a los 300 empleados de las antiguas minas de Sierra Morena y Cárdena se ha recibido con escepticismo en la asociación, que teme nuevas demoras en la solución final a 17 años de luchas y reivindicaciones.
Los integrantes del colectivo de antiguos trabajadores de la FUA han pasado su cuarto reconocimiento médico desde el año 1995 con el fin de que las autoridades sanitarias certifiquen la relación causa-efecto entre las enfermedades que padecen y su actividad laboral en contacto con el uranio sin ninguna medida de protección.
Los 35 antiguos empleados que quedan vivos se han sometido en el Complejo Hospitalario de Jaén a unas pruebas consistentes en analíticas de sangre, radiografía pectoral, reconocimiento de los pulmones y riñones y, finalmente, entrevistas con psicólogos. Era la exigencia que puso el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) en la reunión que mantuvo el pasado mes de abril en Jaén con una comisión de los afectados.
Los trabajadores aceptaron a regañadientes esta nueva imposición en la confianza de que sería el último escollo que habrán de salvar para lograr algo por lo que vienen luchando desde hace 17 años. Y es que, con anterioridad, ya se habían sometido a reconocimientos médicos en los hospitales Reina Sofía de Córdoba (1995), el Alto Guadalquivir de Andújar (2002) y San Cecilio de Granada (2005).
Liar la madeja
Sin embargo, una nueva decisión del Ministerio de Trabajo que preside Jesús Caldera para ampliar las pruebas médicas a los 300 empleados de las antiguas minas de Sierra Morena y Cárdena ha hecho temer a la asociación de antiguos trabajadores de la Fábrica de Uranio de Andújar por un nuevo agravamiento del proceso.
"Le hemos dicho a la Seguridad Social que esto no hace más que liar aún más la madeja", asegura José Soto, presidente de la asociación de ex miembros de la FUA, que no oculta su decepción por una posible ralentización de los trámites burocráticos, máxime por el hecho de que los antiguos empleados de las minas están dispersos por distintas provincias españolas y muchos de ellos ya han fallecido. "A nosotros no nos ha gustado esa decisión, porque llevamos 17 años luchando por el reconocimiento de la enfermedad profesional y ahora se van a beneficiar personas que nunca la han reclamado", comenta Soto.
Los operarios de las minas eran los que suministraban el uranio a la fábrica de Andújar y, al igual que los empleados de la FUA, tenían una dependencia laboral de la extinta Junta de Energía Nuclear.
A varios de ellos se les reconoció la enfermedad profesional pero por la silicosis que sufrieron y no por el contacto con el uranio. Dentro de esta lista estarían también los empleados que, al cerrar la fábrica de Andújar, fueron trasladados a otras divisiones gestionadas por la Junta de Energía Nuclear en Don Benito (Badajoz) y Salamanca.
Historiales clínicos
Por otro lado, a pesar de que en el protocolo firmado en su día entre el ministerio y la Junta de Andalucía no se recogía a las viudas de los empleados ya fallecidos como beneficiarias de esta prestación, el Ministerio de Trabajo aceptó la condición impuesta por la asociación de ex trabajadores -que se negaban a seguir adelante con el proceso si no se incluían a las 52 esposas de fallecidos- por lo que la Seguridad Social ha pedido sus respectivos historiales clínicos a los hospitales donde fueron atendidos con el fin de valorar la enfermedad que padecieron.
En el caso de los hospitales públicos andaluces parece que no habrá problema alguno, pero no ocurre lo mismo en los centros hospitalarios de fuera de la comunidad autónoma, pues hasta ahora ninguno ha atendido los requerimientos de las viudas.
Y van 53 víctimas
La Fábrica de Uranio de Andújar (FUA) cerró sus puertas en 1981 después de 22 años de actividad. Desde entonces, la lista de empleados fallecidos ha ido creciendo irremediablemente año tras año, la mayoría por patologías cancerígenas asociadas a su contacto con el uranio. La víctima número 53 se produjo en junio. Rafael López Navarrete, de 75 años de edad de los que 22 estuvo en la FUA, no pudo superar el cáncer de hígado que le sobrevino. 53 fallecidos sobre una plantilla de 126 trabajadores supone el 42% del total de operarios.
La FUA trataba mineral de uranio para la obtención de concentrado de óxido de uranio con una pureza del 80% al 90%, que, posteriormente, se transportaba en bidones a Francia o Estados Unidos para su utilización en los reactores de las centrales nucleares. Los ex trabajadores aseguran que tenían que realizar su actividad sin apenas medidas de protección. "Apenas teníamos un mono de trabajo y unos guantes de goma", comenta José Soto, que recuerda que el polvo amarillo se metía entre los ojos, la boca y la nariz. Ni siquiera había un comedor en la fábrica, y los trabajadores tenían que comerse el bocadillo rodeados de cualquier elemento contaminante. Además, en los primeros años, la FUA no disponía de lavadoras, por lo que los trabajadores se lavaban la ropa de la fábrica en sus casas arrastrando materiales radiactivos. Pero los trabajadores no eran conscientes del peligro que corrían, pues el dosímetro personal que portaban cada uno de ellos siempre estaba defectuoso. Así fue hasta que, una vez cerrada la fábrica, comprobaron cómo se enterró todo, desde las mesas y las sillas que ellos utilizaban hasta los árboles de los alrededores.
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