Selecciona Edición
Conéctate
Selecciona Edición
Tamaño letra

La fiscalía se querella contra Intervida

El ministerio público acusa a la ONG de estafa, apropiación indebida y administración desleal

Por segunda vez en seis meses, una ONG se enfrenta a la justicia en España por un supuesto desvío de fondos millonario. Después de que el presidente de Anesvad fuese detenido hace tres meses, la fiscalía de Barcelona presentó ayer una querella contra Intervida por los delitos de estafa, apropiación indebida, administración desleal y asociación ilícita. Tras cuatro años de una complicada investigación, la fiscal del caso, Carmen Martín Aragón considera haber encontrado indicios suficientes para probar que algunos de los gestores de la fundación desviaron unos 45 millones de euros procedentes de los apadrinamientos.

La querella ha llegado al juzgado de instrucción número 17 de Barcelona, cuyo titular tendrá que decidir en los próximos días si la admite a trámite, informa Jesús García. La fiscal del caso ha podido reconstruir el entramado de empresas sociales creadas por el fundador de la organización, Eduardo Castellón, en Perú y Guatemala.

Este andamiaje financiero formado por empresas de construcción, medicamentos, banca y alimentos, fueron creadas, según la fiscalía, con ánimo de lucro y servían para desviar a cuentas privadas parte del dinero recaudado.

"Después de muchos años de lluvia empieza a salir el sol", comentaba ayer un ex trabajador de Intervida crítico con la gestión. Otros empleados y ex directivos descontentos con el funcionamiento de la ONG explicaron ayer que Eduardo Castellón nunca justificó qué se hacía con el dinero que nutría a las sociedades. "Dejó claro que había creado una fundación precisamente para no dar explicaciones. No teníamos acceso a información, ni siquiera desde los puestos de responsabilidad". Esa falta de transparencia por parte del fundador de Intervida fue la que motivó en abril de 2005 la salida de unos 25 directivos de la organización. Algunos se fueron por su propia decisión y otros fueron despedidos tras una reunión en la que exigieron conocer en detalle la aplicación del dinero en los proyectos y quiénes y cómo dirigían las sociedades creadas.

Intervida es una de las ONG con mayor presupuesto de España, unos 90 millones de euros anuales procedentes de las 360.000 personas que apadrinan. Cada padrino paga 21 euros al mes por niño. Con ese dinero, la organización promete construir escuelas, hospitales, casas de acogida, comprar medicamentos y alimentos en varios países de América Latina y Asia. La ONG afirma que el 90% del dinero recaudado lo destina íntegramente a los proyectos, que la creación de empresas es algo habitual en el sector y que los beneficios se invierten en fines sociales.

La organización fue fundada en 1993 por Eduardo Castellón. Desde hace cinco años, no se somete a las auditorías voluntarias de la Fundación Lealtad, una empresa de análisis de mercado que trabaja gratuitamente para las ONG con el objetivo de garantizar que éstas cumplen criterios de transparencia. Los informes de 1998 a 2000 muestran que el 90% de los beneficiarios de los programas de ayuda estaban en Perú y Guatemala, los países en los que la fiscalía ha centrado sus pesquisas.

Las cuentas, al menos en Perú no están claras. Según la auditoría presentada por Intervida-Perú en 2003, ese año la ONG sólo gastó en proyectos el 20% de su presupuesto. El 80% restante (45 millones de euros) lo destinó a operaciones de inversión financiera. A pesar de ese superávit, el año siguiente celebró en Madrid un telemaratón en el que consiguió la solidaridad de 50.000 nuevos padrinos.

Intervida señaló ayer que no hará declaraciones hasta que no reciban notificación formal de la querella.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 29 de junio de 2007