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Editorial:

Ecología y urbanismo

Greenpeace se ha sumado a la denuncia del urbanismo salvaje en España con un informe titulado Destrucción a toda costa 2007. La organización ecologista hace balance de los principales problemas que está generando la desmedida urbanización del litoral, ordenando los datos por comunidades autónomas, y adelanta que los ayuntamientos próximos al mar han autorizado construir tres millones de nuevas viviendas durante el último año. El informe sostiene que "la utilización del suelo hecha por ayuntamientos y comunidades autónomas no responde al interés general sino a intereses privados". Éste sería, en buena medida, el origen de una fiebre constructora cuyas consecuencias no son sólo medioambientales.

El informe se detiene, en este sentido, en el fenómeno de la corrupción municipal, recordando que la justicia sólo parece haberse puesto definitivamente en marcha durante los últimos meses, encausando a 350 personas, de ellas 55 alcaldes, en procesos referidos a algo menos de un centenar de casos. Entre las recomendaciones de Greenpeace para corregir esta situación se encuentra la limitación a un 10% del aumento de urbanización que pueden realizar los ayuntamientos en sus planes municipales, la eliminación de los convenios urbanísticos y la consideración de los suministros básicos, en concreto agua y energía, como requisito previo e imprescindible a la hora de obtener cualquier licencia para urbanizar. Greenpeace llega a proponer, incluso, la desclasificación de suelo que ha sido declarado urbanizable.

El resultado de las recientes elecciones municipales, en las que no se ha castigado a los candidatos relacionados con casos de corrupción, podría llevar a imaginar que ya ha caducado el momento político de hacer frente al problema. El informe de Greenpeace viene a recordar que no es así, y que los nuevos ayuntamientos y comunidades autónomas, además del Gobierno central, deberían considerar como una prioridad inexcusable corregir el cúmulo de despropósitos y de ilegalidades que han destrozado buena parte del litoral y que ahora amenazan con afectar al sistema político.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 27 de junio de 2007